Trabajadoras que atienden a víctimas de violencia en la CDMX denuncian violación a sus derechos laborales

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

*Fotografías cortesía de las trabajadoras

 

Trabajadoras de base y de honorarios de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México que atienden el servicio “Lunas”, de atención y prevención de violencia contra las mujeres, trabajan “bajo protesta” para exigir que se respeten sus derechos laborales. 

El pasado viernes 9 de febrero, las trabajadoras colocaron carteles en las diferentes unidades territoriales de Iztacalco, Álvaro Obregon, Cuajimalpa y otras para advertir que mantienen su compromiso de atender a las víctimas, pero que trabajan “bajo protesta” por los diferentes agravios a sus derechos laborales que viven desde 2020. Los carteles fueron retirados por personal de la Secretaría durante el fin de semana pasado. 

 

Esta protesta estalló luego de que el 9 de febrero, el Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría de las Mujeres, Javier Rodríguez Bello, envió una circular oficial con nuevos criterios para el registro de asistencia del personal técnico operativo sindicalizado y no sindicalizado. 

En esta circular -en poder de este medio- se precisa que, en adelante, las trabajadoras sindicalizadas y de Nómina 8 (contratadas por honorarios) deberán marcar su salida los días viernes a las 4 y 5 de la tarde, respectivamente. Antes de esto, todas las trabajadoras podían salir los días viernes a las 3 de la tarde. 

El nuevo ordenamiento es contrario a lo que se estableció desde el 10 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Ciudad de México como parte de la política de la Nueva Cultura Laboral, la cual implementó el gobierno capitalino, tras años de exigencia de las empleadas, para garantizar a las trabajadoras un horario y una carga de trabajo que les permitiera conciliar su vida laboral con la familiar. 

Actualmente, las trabajadoras laboran en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde (hace un año laboraban hasta las 5 de la tarde), aún cuando el horario profesional, establecido en documentos oficiales, es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a jueves, y de 8 de la mañana a 2 de la tarde los días viernes.

Desde 2020, SeMujeres incumple prestaciones de trabajadoras

Estos nuevos criterios para el registro de asistencia fueron una respuesta a que (desde 2020) las trabajadoras denunciaron que, tras la pandemia, la Secretaría dejó de pagarles sin previo aviso los bonos de puntualidad y otras prestaciones relacionadas con la asistencia. 

En entrevista, Irma Rojas Díaz, trabajadora de las “Lunas” en Xochimilco, con 23 años de trayectoria en esta Secretaría, explicó que desde el año 2020, cerca de 300 trabajadoras, la mayoría jefas de familia, madres, estudiantes, con doble trabajo, dejaron de recibir una prestación denominada “Estímulo Premio de Puntualidad y Asistencia”, que consiste en un solo pago semestral de tres mil pesos (puede variar según nivel de salario) para quienes cumplen puntualmente los horarios laborales. 

Este estímulo contribuye a aumentar su ingreso mensual. En el caso de Irma, su sueldo corresponde al nivel más alto del personal administrativo y es de 5 mil pesos quincenales brutos, menos deducciones por impuestos y para el Sindicato.  

En diciembre de 2021, SeMujer hizo llegar una tarjeta informativa -de la que también se tiene copia- en la que explicó que la prestación que exigen las trabajadoras únicamente se puede acreditar con los registros de asistencia que durante 2020 y 2021 no se adaptaron para trabajo en casa, sin embargo, esperarían la respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas.

En enero de 2022, luego de tres protestas, dos reuniones presenciales y un oficio dirigido al Órgano de Control Interno, las trabajadoras del SeMujeres fueron convocadas a una reunión en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Secretaría. 

En esta reunión, el Jefe de Unidad Departamental, Fabián Hernández Montoya, y el Director de Capital Humano de esta Secretaría, Javier Rodríguez Bello, aseguraron a las trabajadoras que no pagarían el premio de puntualidad que les adeudan, porque no existen los medios para comprobar que asistieron a sus labores.

Al preguntar por qué las autoridades no previeron la creación de un mecanismo que contabilizara sus asistencias durante la pandemia, el funcionario dijo a las trabajadoras que fue “un error” de su parte. 

Finalmente, en marzo de 2022, Hernández Montoya informó a las trabajadoras que no se les pagaría en retroactivo la prestación correspondiente al Premio de Asistencia y Puntualidad, y por medio de tres oficios con fecha de marzo de 2022 –de los cuales este medio guarda una copa– se aclaró que “al hacer una revisión de los registros de que acrediten su puntualidad y asistencia por los períodos señalados, no se encontraron los elementos técnicos que constituyen el requisito básico que permita la cobertura de dicha prestación”.

Las trabajadoras argumentaron que el dinero de esa prestación ya estaba etiquetado en el presupuesto de 2022, por lo que debía distribuirse o transparentarse el gasto que se hizo con él.

Sin pagar lo correspondiente al 2020 y el primero trimestre de 2021, las autoridades capitalinas instauraron en 2022 un mecanismo que contabiliza la asistencia, aunque se labore desde casa. El pago de esta prestación se regularizó hasta el segundo semestre de 2021, explicaron las trabajadoras.

Además de esta prestación, las trabajadoras exigieron el pago de una prima llamada “infecto-riesgo”, que se da a las y los trabajadores de la Ciudad de México cuya labor implique algún nivel de riesgo. En este caso, las trabajadoras de “Lunas” no reciben esta prestación económica porque no su trabajo no es considerado de riesgo, esto a pesar de que cada día atienden directamente a víctimas de violencia, incluso con riesgo de violencia feminicida, a quienes a veces tienen que visitar en su domicilio. 

Violencia sistemática contra las trabajadoras

Rojas Díaz detalló que desde que el SeMujeres nació en 1998 como un Programa para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal (Promujer), las trabajadoras nunca han sido tratadas con las mismas condiciones que el personal del resto de las dependencias de gobierno. 

Cuando surgió el Promujer, no tenía un presupuesto propio y su plantilla era de 12 personas, quienes laboraban por honorarios de 9 de la mañana a 7 de la noche. 

El 29 de noviembre de 2000, integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de la Mujer solicitaron al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador (hoy presidente de México), una audiencia para plantear sus demandas. 

Esta reunión no sucedió, pero dio pie a que en 2002 las trabajadoras organizadas iniciaran un movimiento para exigir su contratación de base. Afiliadas entonces al Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del DF, las empleadas emplazaron a huelga al Instituto por la firma de un contrato colectivo de trabajo.

Aunque se reconoció entonces ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la necesidad de una basificación, los años siguientes las trabajadoras recibieron violencia laboral, cambios de adscripción y nueve despidos. 

En 2005, aumentaron sus actividades con jornadas extras de trabajo, visitas a domicilio de las usuarias y hasta la exigencia de participar en marchas y mítines del Partido de la Revolución Democrática. En esos años, las trabajadoras tuvieron que dejar su sindicato porque sus actividades eran de otra naturaleza.

En 2007, buscaron formar un Sindicato Independiente del Instituto de las Mujeres. Las trabajadoras estaban cerca de lograr su registro en la Junta cuando el gobierno capitalino cambió la forma de contratación de honorarios a base.

A partir de ello, a las trabajadoras se les denominó “Técnicas operativas de confianza”; se les disminuyó el sueldo 33 por ciento; se despidió a 8 trabajadoras (una de ellas embarazada); recibieron recibos de nómina distintos a los que emite el gobierno; se les hicieron descuentos no explicados; recibieron menos aguinaldo que años anteriores y se les obligó a participar en actividades de fines de semana sin pago, sólo por “convicción”. 

Irma Díaz documentó que en esos años también se pidió a las trabajadoras participar en la entrega de propaganda para López Obrador y otras actividades, como formar parte de vallas humanas para la visita del Papa Juan Pablo II a México.

Entre 2009 y 2014, la situación empeoró con más despidos injustificados, cambios de adscripción, cambio de actividades y un ambiente hostil. 

Esos años, y ante la advertencia de formar un Sindicato Independiente, el entonces Instituto decidió afiliar a 220 trabajadoras en diferentes secciones del Sindicato único de Trabajadores de la CDMX. Mientras, las impulsoras del sindicato independiente se mantenían en la exigencia del reconocimiento de su registro en la Junta, lo que nunca sucedió. 

En 2019, el Instituto de las Mujeres se transformó en una Secretaría para dejar de ser un organismo sólo de prevención de la violencia y ser uno de atención. De acuerdo con Rojas, las autoridades nunca les informaron, consultaron o capacitaron para este cambio. 

En esta administración, las trabajadoras no tienen correos institucionales y la titular nunca se ha reunido con ellas para conocerlas y hablar sobre los aspectos laborales. 

Además de estas trabajadoras, la SeMujeres aún tiene personal no basificado que se agrupa en tres modalidades “Nómina 8”, “Pie de Rama” y por honorarios. Estas trabajadoras también han participado en las protestas para exigir su basificación. Hasta ahora no han sido atendidas. 

De acuerdo con Rojas y otras trabajadoras entrevistadas, desde el inicio de la pandemia, la Secretaría no dotó de gel antibacterial, sanitizantes ni máscaras de acrílico. Con la llegada de esta administración se les trasladó al modelo de las “Lunas”, pero no recibieron capacitación, aumentó su carga de trabajo y no se contrató más personal, al contrario, tras la pandemia hubo varios despidos. A esto se suma que los módulos carecen de sillas, mesas y equipo en general, detallaron.

Asimismo, las trabajadoras tienen seis quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por violencia laboral, pero sin que hasta ahora se haya resuelto ninguna. 

Para Rojas, “la historia de esta institución es la historia de la violencia contra las trabajadoras. Nos han dado lo menos de lo menos, desde utilizar la institución como botín político, no tener una certeza a veces en las actividades y que no se nos reconozca nada, aún cuando nosotras vamos construyendo con lo que tenemos y con las mujeres de la comunidad. (…) Se supone que defendemos los derechos de todas las mujeres, pero los que nunca se han respetado son los de nosotras”.