[Reportaje] Mujeres: generadoras de empleo para otras mujeres

Ciudad de México, mayo 2018

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

 

Mientras el presidente de México Enrique Peña Nieto presume crear más empleo que sexenios anteriores, las trabajadoras –que sortean desempleo, discriminación y precariedad en los mercados de trabajo- se organizan entre ellas para generar, a través de pequeños negocios y alianzas, fuente de empleo y de ingresos para ellas y para otras mujeres en mayor desventaja

Este es el caso de Patricia. A ella la despidieron hace tres años de su empleo como ayudante general en una empresa. Buscó por varios meses un trabajo con un sueldo fijo que le alcanzara para pagar renta, comida y servicios, con vacaciones una vez al año, servicio de salud gratuito y derecho a una jubilación. Nada fuera de lo que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, no encontró nada con esas características porque “ese trabajo no existe”, declaró.

Lo que Patricia halló fueron ofertas de empleo en empresas de subcontratación, con sueldos de no más de 5 mil pesos al mes. Contratos de tres meses, sin vacaciones ni ninguna prestación. Con un día de descanso a la semana y con jornadas superiores a las 9 horas diarias.

“No podía quedarme en esos trabajos porque además de que eran muchas horas, sin cuidar a mis hijos y sin ningún derecho, la mayor parte de lo que produjera se lo iban a quedar los dueños”, observó Patricia. Así decidió conseguir dinero prestado con un familiar, unir su capital con su hermana y poner una cocina económica que da trabajo a tres mujeres más, todas ellas que por su sexo, edad, nivel de estudios y carga de cuidados en casa fueron rechazadas del mercado formal.

Esta realidad que viven miles de mujeres en México contrasta con lo que Peña Nieto declaró el pasado Día del Trabajo al decir que desde que inició su gobierno hasta abril de 2018 había generado 3.6 millones de empleos gracias a las llamadas reformas estructurales y a la “confianza” que trajeron a la inversión extranjera, esto –según las leyes secundarias- a través de otorgar condonaciones fiscales y facilitar la explotación de los territorios y los bienes naturales del país

Lo que no dijo el mandatario federal es cuántas mujeres se beneficiaron de esos empleos y cuántos son formales con todas las prestaciones que marca la LFT. Algunos datos y testimonios recabados por La Crítica demuestran que mientras el Estado otorgó beneficios a empresas por ser “generadoras de empleo”, éstas en realidad precarizaron el trabajo de las mexicanas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en enero pasado se registró el mayor ingreso de mujeres al mundo del trabajo desde 2011, con 223 más mujeres con necesidad y disposición de trabajar. Para abril de 2018 en México había 20 millones 100 mil 506 mujeres – aproximadamente 3 de cada 10 mexicanas- que ya tenían un trabajo.

Según Inegi, 7 millones 919 mil 961 de estas trabajadoras no se emplean en empresas o negocios formalmente constituidos, sino en el sector de los hogares, que se refiere al sector informal, trabajo doméstico remunerado y a la agricultura de subsistencia. Si bien en el primer trimestre de 2018 hubo 384 mil mujeres más en empresas, negocios o sociedades constituidas, la cifra en el caso de los hombres es 100 mil personas mayor.

Además, en el sector formal 57 por ciento de estas trabajadoras enfrenta condiciones de informalidad; es decir, aunque su centro de trabajo está formalmente establecido no respeta los derechos mínimos a al no dar prestaciones como la seguridad social, apoyo para la vivienda, ahorro para el retiro o vacaciones.

La gran mayoría de las trabajadoras que enfrentan esta condición se emplea en el sector servicios, en el sector del comercio y en la industria manufacturera, generalmente en trabajos feminizados, como el de obreras textiles, intendencia, meseras, cocineras, enfermeras, secretarias cajeras y asistentes de tiendas departamentales. De estas trabajadoras con empleo precario, 3 millones 69 mil 27 son el sustento principal de su hogar.

No es todo. Hay más indicadores que revelan condiciones de explotación y precariedad en el empleo para las mujeres. Por ejemplo, la tasa de condiciones críticas de ocupación –que se refiere a las personas que trabajan menos horas de las que necesitan por falta de oferta en el mercado o las que trabajan más de 35 horas pero reciben menos del salario mínimo– creció para la población femenina hasta 3 puntos porcentuales desde 2015 a la fecha.

Entre el número de días trabajados por semana, el mayor grupo de mujeres se concentra en las que laboran entre cinco y seis días, de 35 a 48 horas (jornada máxima), y que ganan no más de 2 salarios mínimos (142 pesos). En comparación con el primer trimestre de 2017, la cifra de mujeres que ganaba más de cinco salarios mínimos disminuyó con una diferencia de casi 100 mil trabajadoras, mientras la cifra de mujeres que perciben el menor de los ingresos aumentó por más de 500 mil.

Los datos demuestran que el ingreso general de la población trabajadora en México no alcanza para cubrir la canasta básica. Laura, que trabaja en empresa particular, relató que gana por día y de acuerdo a la cantidad de trabajo que realiza. Su jornada es de casi 6 horas por $150 al día, lo que no le alcanza para ni para comer ella y su familia, por lo que se organizó con sus compañeras de trabajo para vender comida y productos por catálogo.

A la condición de mujer se suman otros factores que profundizan la exclusión del mercado de trabajo formal ya que, de acuerdo con Inegi, entre la población femenina sin condiciones de seguridad social están principalmente las menores de 19 años y las mayores de 60, así como las que tienen primaria incompleta. Además, mientras el porcentaje de mujeres sin acceso a empleo formal en áreas urbanizadas es de 46 por ciento, el porcentaje aumenta a 65 en áreas no urbanizadas.

Un botón de muestra es Rosa, una mujer de 60 años que es enfermera y hasta hace dos años trabajaba para una empresa privada que se negaba a darle una jubilación. Alarmada por su futuro, decidió renunciar y buscar mejor suerte en otra empresa. Fue discriminada por su edad en todos los intentos y lo único que encontró fue un empleo como personal de intendencia por mil 500 a la quincena pero con seguridad social.

Otro caso: Fátima tiene 25 años y trabaja como mesera. Cubre dos turnos por 8 mil pesos y un día de descanso al mes; a ella no la contratan en las grandes empresas porque no terminó la preparatoria y –según el personal de recursos humanos que la entrevista- no “va a dar el ancho” en informática y computación.

 

“EPN, el presidente del empleo precario”

 

Al respecto, la economista Carmen Ponce Meléndez –especializada en economía y trabajo de las mujeres- confirmó que la declaración del ejecutivo federal no es del todo cierta, ya que los empleos que se están generando son de muy bajos salarios, por debajo de los 7 mil pesos al mes que son insuficientes frente a los niveles de inflación del país (de hasta 5 por ciento).

Gran parte del ingreso de las mujeres –dijo- va a la alimentación familiar, por lo que el salario mínimo de debería ser al menos de 600 pesos diarios. Por esto, EPN ya empezó a ser conocido como el “presidente del empleo precario”. “Esas cifras gloriosas de las que habla en realidad son empleos precarios, no sólo en salarios sino también en condiciones de trabajo. No hay nada de qué orgullecerse”, sentenció Ponce.

La economista explicó que en este periodo al menos dos informes de diferentes fuentes desmienten al mandatario. Por un lado, la Fundación Espinoza Iglesias, que lleva el nombre del antiguo dueño de Bancomer, reveló que –dada la economía de mercado mexicana- las mujeres tienen poca posibilidad de aumentar su nivel salarial, especialmente por las condiciones tan precarias de los mercados de trabajo y por su sobrecarga de trabajo en los hogares. Esto es una forma de perpetuar la pobreza, ya que “quien nace pobre, muere pobre”.

En este punto, la economista observó la necesidad de que el Estado genere políticas públicas que contribuyan a aliviar las cargas de trabajo no remunerado de las mujeres; sin embargo, lejos de eso  los partidos políticos proponen en campaña, y en algunos casos ya ejecutaron, otorgar “tarjetas rosas” para las mujeres, lo cual perpetúa su estado como “amas de casas”, perpetúa la división sexual del trabajo y las condena a la pobreza. “Lo que los gobiernos deben garantizar es un empleo digno, con salarios dignos y políticas públicas para disminuir las cargas de trabajo”, declaró la economista.

El otro informe es el del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla que reveló recientemente que –contrario a lo que anunció EPN y el Consejo Coordinador Empresarial (una élite corporativa)- son las pequeñas y medianas empresas quienes generan 60 por ciento del empleo de este país, mientras la cúpula empresarial –representada por los dueños de Televisa, Grupo México, Telcel, por mencionar algunos-  generan sólo 4 de cada 10 empleos del país.

La economista criticó que en México las grandes empresas no den, además de las prestaciones básicas, préstamos hipotecarios, reparto de utilidades y seguro de vida; y agregó que el Seguro Popular no es igual a la seguridad social porque cubre sólo 10 por ciento del catálogo de enfermedades y riesgos de trabajo.

Ponce también criticó que en el mercado de trabajo los factores de exclusión y discriminación sean tan heterogéneos, ya que mientras entre las personas jóvenes hay despidos, pruebas y descensos por embarazos, en las universidades ya no contratan a profesoras mayores de 38 años, además de otros factores, como el fenotipo, que constituyen motivos de discriminación.

Carmen Ponce precisó que en realidad gran parte de los empleos se generan en el sector informal, donde las unidades económicas son los changarritos, el puesto de quesadillas, el puesto de tamales, o el comercio ambulante de los tianguis que pagan un impuesto informal a la delegación, al policía y al líder de los mercados.

Un ejemplo de esto es Claudia y Rosalía. Ambas trabajan en el sector informal. Una de ellas montó una estética en la calle (con una lona, un banco y un espejo), y la otra tiene un puesto de zapatos de tela y de plástico. Las dos coincidieron en que trabajan en ese sector porque les permite cuidar a sus hijas e hijos y reciben mayores ingresos que en cualquier empresa; sin embargo, pagan hasta dos mil pesos por un lugar en la calle y otros gastos que para ellas son como cualquier impuesto.

Carmen está de acuerdo en que las mujeres del sector informal son las verdaderas generadoras de trabajo en este país por lo que a fin de apoyar la economía de estas trabajadoras el gobierno debería centrar los apoyos crediticios, la capacitación y los impulsos fiscales en las pequeñas empresas. Además, deberían aprobarse algunas reformas en materia fiscal para que los créditos bancarios tengan requisitos y tasas de interés que puedan cubrir estas mujeres. La economista agregó que en el contexto de cambio de gobierno es indispensable que cualquier candidato que gane incluya estos factores sociales en la política laboral y combata la contra reforma laboral que está congelada en el Senado y que afecta los derechos humanos, ataca los sindicatos y pone en condiciones mucho más precarias al trabajador y trabajadora.

Como observó la economista, la política económica y laboral impide la movilidad social. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las mujeres perciben remuneraciones más bajas que los hombres, pero esta brecha es más acentuada entre quienes viven en pobreza y es todavía peor para quienes atraviesan la vejez. “Entre la población adulta mayor en condición de pobreza prácticamente ninguna mujer ha cotizado en alguna institución de seguridad social y no contará –al menos de manera directa– con una pensión ni con los servicios de salud asociados a la protección social”, sentenció el Coneval.

Es decir, si no fuera por la alternativa que generan otras mujeres para la población femenina, moriríamos en la pobreza, ya que de acuerdo a las condiciones promedio del mercado de trabajo una mujer en pobreza y vejez trabaja más horas, con más riesgos, pero por el peor salario y sin ninguna garantía laboral.