Parteras indígenas en la primera línea de atención a embarazadas durante la COVID-19

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

 

• Las mujeres embarazadas son una de las principales víctimas mortales de la COVID-19 en todo el mundo. En México, donde la muerte materna (por complicaciones durante algún momento de la gestación) era ya un grave problema de salud pública, la atención de las emergencias obstétricas en los hospitales se volvieron limitadas y las mujeres dejaron de acudir a ellos por miedo a contagiarse. 
• A fin de evitar que más mujeres perdieran la vida durante el embarazo, parto o puerperio, las parteras mexicanas, principalmente las rurales e indígenas, reactivaron sus servicios, duplicaron sus atenciones, se arriesgaron a la enfermedad y se enfrentaron a un sistema de salud que obstaculiza su trabajo y se niega a reconocerlas. Además, aumentaron sus intervenciones en emergencias obstétricas, como hemorragias o abortos incompletos.

 

Por ejemplo, el Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim, integrado por 650 parteras de 33 municipios en la entidad del sur, atendió durante los primeros 10 meses de la pandemia más de mil 397 partos, todos ellos sin ninguna muerte materna. Tan sólo una partera del municipio de Nejapa atendió de enero a noviembre de este año 298 partos de mujeres de distintos municipios cuando antes de la pandemia sólo atendía a las de su localidad.

La vocera del Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim, Ofelia Pérez Ruiz, explicó en entrevista para La Crítica, que estas cifras representan un aumento en las atenciones que brindaban antes de la pandemia, lo que ha requerido que más mujeres participen de esta actividad. Principalmente en la frontera Chiapaneca, explicó, algunas parteras que habían abandonado esta ocupación porque estaban siendo amenazadas y criminalizadas por el sector salud, se reactivaron. Este aumento es consecuencia, a decir de Pérez Ruiz, de que durante la pandemia la atención se ha volcado hacia las y los pacientes con COVID-19, lo que ha mermado en la calidad de la atención de las mujeres embarazadas.

“Se ha dejado de lado la atención de las mujeres, hubo unidades médicas que se han cerrado y que de por sí no estaban funcionando, no hay muchos insumos, no hay medicamentos, tiene que salir la familia a comprar medicina cuando hay emergencia porque no hay medicamentos en los hospitales”, relató. 

La partera explicó que en las regiones donde el trabajo de partería se ha prohibido, las instituciones de salud piden a las parteras que les ayuden a identificar a las mujeres embarazadas y las canalicen a los hospitales durante la atención del parto; sin embargo, en la pandemia ellas han tenido que atender directamente esos partos. 

Como vocera del movimiento, Ofelia Pérez tiene la responsabilidad de estar en comunicación con los hospitales y con las redes de parteras en la región para avisar cuando hay alguna emergencia obstétrica, lo cual es complicado en la zona por falta de señal telefónica en algunas comunidades. No obstante, se ha observado que cuando las mujeres llegan desde sus comunidades a los hospitales, éstos se niegan a recibirlas por falta de espacio. 

Para garantizar atenciones seguras, las parteras se han capacitado en la atención de emergencias obstétricas, incluyendo hemorragias o abortos incompletos, y hacen uso de la medicina tradicional, explicó la vocera. 

Las parteras actualmente trabajan con sus propios insumos, y los donados por otras organizaciones, porque el sector salud no las ha apoyado con equipo para su protección ni para la atención de mujeres con COVID-19, a pesar de que desde el inicio se exigió a la Secretaría de Salud que la partería fuera considerada como servicio de primera línea de atención comunitaria. 

“Las que están ahí las 24 horas son los médicos tradicionales y las parteras para atender la salud de las comunidades, por eso estamos exigiendo que mínimo nos den los insumos”, explicó Pérez, y alertó que donde más se ha padecido la pandemia es en las comunidades indígenas, a pesar de que las cifras oficiales demuestren otra cosa, ya que desde que empezó la segunda ola de COVID-19, cada día se registran entre cuatro y cinco muertes por municipio en las regiones indígenas, muchas de ellas que no han sido registradas. 

La mayoría de las parteras, por ejemplo, han enfermado de COVID-19, pero esto sólo se sabe por los signos y síntomas, ya que tampoco se les han realizado pruebas por falta de recursos y porque el sector salud no las reconoce para hacerles pruebas gratuitas. 

“Ahorita no tenemos ningún reconocimiento, todavía seguimos con ese problema de que nos niegan seguir atendiendo mujeres, pero hemos estado ahí insistiendo, y estamos viendo que tenemos derecho a seguir ejerciendo la partería y que las mujeres tienen derecho a decidir dónde, con quién y cómo quieren atenderse”, declaró. 

Muerte Materna se duplica en México

Hasta antes de la pandemia, México registraba un promedio de 25.8 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos estimados, cifra que el gobierno habría intentado reducir sin éxito desde 1990. Fue en abril de 2020 cuando la Secretaría de Salud documentó por primera vez al menos 2 casos de muertes maternas (MM) vinculadas con la COVID-19. 

Si bien las hemorragias graves, las infecciones, la hipertensión gestacional, las complicaciones en el parto y los abortos peligrosos eran antes las principales causas de estas muertes, la COVID-19 se convirtió ahora en la causa número uno de estas defunciones con un total de hasta 290 MM en una semana, de acuerdo con los datos de la semana epidemiológica 34 de 2021.

Con esto, la razón de MM se elevó hasta 53.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos, lo que representa un incremento del 26.9 por ciento respecto a la misma semana epidemiológica de 2020. Esto es un registro histórico al que nunca antes había llegado México. 

Con estos datos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó desde julio de 2020 que México estaría a la cabeza entre los países de América Latina con más casos de muerte materna por COVID-19, seguido por Perú. 

 

Muertes prevenibles 

Bajo la advertencia de que no contaban con información científica suficiente que lo sustentara, algunos organismos Internacionales alertaron desde el inicio de la pandemia que las mujeres embarazadas eran un grupo vulnerable frente a la COVID-19. Esto fue un llamado a los países con altos índices de MM para que desarrollaran estrategias urgentes para mejorar o reforzar la atención de las mujeres embarazadas durante la pandemia.

Sin embargo, de acuerdo con la Secretaria Técnica del Observatorio de Mortalidad Materna, Hilda Eugenia Argüello Avedaño, y el investigador de este Observatorio, Francisco Antonio Gómez Gillén, en entrevista para La Crítica, la información para las mujeres no fue oportuna ni masiva.

Entre esta información faltante estuvo aquella sobre unidades médicas disponibles para tratar emergencias obstétricas, sobre signos y síntomas de alarma de emergencia obstétrica vinculada con COVID-19; además de campaña masiva en medios de comunicación en los tres niveles de gobierno para poner en alerta a las mujeres. 

Esta ausencia tiene como origen, explicaron, que al inicio de la pandemia no se había generado la suficiente evidencia médica que indicara que las mujeres embarazadas tenían más riesgos de morir. Con el devenir de la pandemia, sin embargo, ya se confirmó que un tercio de las mujeres que fallecieron en el embarazo, parto o puerperio por COVID-19, necesitaron unidades de cuidados intensivos, y cerca de un tercio de ellas, requirieron intubación. 

De acuerdo con la información del Observatorio, la razón del aumento de la MM es una conjugación de varios fenómenos. En primera instancia, tiene una relación íntima con la pobreza, con la no garantía plena del ejercicio del derecho a la salud en contextos de inaccesibilidad geográfica o cultural, así como la baja calidad o disponibilidad en la atención de los servicios de salud. No obstante, a decir del Observatorio, la pandemia significó para México un retroceso en MM, al menos en términos cuantitativos, de más de 10 años. 

Durante la pandemia, otros dos factores fueron decisivos para el aumento de la MM: uno de ellos fue las mujeres dejaron de acudir a los servicios de salud por miedo al contagio del virus y porque ven los hospitales como lugares “de muerte”, dado el contexto histórico de racismo y misoginia que han experimentado ahí. 

El segundo factor es que en México la política pública indica que todos los partos deben ser atendidos en hospitales, los cuales estaban saturados por pacientes con COVID-19, además de que la conversión hospitalaria para la atención de la pandemia redujo la oferta para la atención de emergencias obstétricas. 

Subregistro y desatención en zonas indígenas 

Aún ahora, advirtieron, no existe suficiente información pública por parte de la Secretaría de Salud que permita hacer análisis más puntuales sobre qué perfiles y en qué lugares está afectado más la COVID-19 entre las mujeres embarazadas. El gobierno, por su parte, cuenta ya con los registros para explicar con detalle a qué se debe el aumento de muerte materna durante la pandemia, pero no los ha hecho públicos.

Esta ausencia de datos, sin embargo, no es sólo responsabilidad del gobierno federal, sino que viene desde las entidades, ya que, por ejemplo, Chiapas se ha ubicado históricamente como la primera entidad en MM en México, pero durante la pandemia Chiapas ha registrado un descenso en la razón de MM como nunca se había visto, la mitad de lo que tenía en 2018.

 “Como si la pandemia hubiera tenido un efecto positivo. —explicó Hilda Eugenia Argüello— Lo que creemos en realidad es que se trata de un subregistro grave”.

El Observatorio identificó que en la región de Los Altos de Chiapas (con casi 17 municipios indígenas, entre tzeltales y tzotziles) las personas dejaron de llegar a los centros de salud y cerraron las comunidades para evitar contagios. 

A esto se sumó que en esa misma entidad, al inicio de la pandemia, un 30 por ciento del sector salud se dio de baja por tener comorbilidades o porque eran una población de riesgo. “Si bien ya se han ido incorporando de nuevo, ¿cómo hace un estado que se le va la tercera parte de los trabajadores de salud para seguir funcionando, cuando además ya tienen una carencia histórica?», cuestionó la también defensora de los derechos de las mujeres.

De acuerdo con Argüello, muchas unidades médicas que están enclavadas en contextos indígenas o rurales dejaron de funcionar porque ya no había personal que les atendieran o había sólo personal de guardia que no cubría todo el horario. En esos contextos, los centros de salud no funcionaban o funcionaban al mínimo, por lo que la gente dejó de acudir.

Esto derivó en que hubiera un incremento en la atención del parto fuera de las instituciones públicas, por ejemplo, a través de parteras tanto tradicionales o profesionales, explicó Argüello. 

 

Parteras al frente de la atención a mujeres embarazadas 

En Chiapas, si se ha incrementado tanto la atención, es porque es la entidad con más parteras en el país, mientras que en otras entidades esta actividad está desapareciendo. De acuerdo con Argüello, las parteras han sido un agente fundamental que ha respondido a las necesidades de las mujeres.

No obstante, la decisión política de que todos los partos se atendían en hospitales, que no ha tenido el efecto deseado en la reducción de la RMM, obstaculiza que que las mujeres enfrenten problemas para tener partos domiciliarios y que las pateras realicen su labor sin ser perseguidas.

De acuerdo con el Observatorio, el trabajo de las parteras durante la pandemia ha sido complejo porque están supliendo las tareas que le tocan al Estado en sus tres niveles y porque no han tenido la respuesta deseada por parte de las instituciones de salud , por ejemplo, no les han dado los equipos de protección que requieren, no se les garantizó oportunamente la vacancia ni se hicieron estrategias de integración prácticas.