Mujeres campesinas: invisibilizadas y explotadas

Por Tatiana Duque

Investigadores y encargados de diseñar las políticas continúan asumiendo que las fincas y parcelas son propiedad del jefe del hogar. Esto lo señalan Carmen Diana Deere y Magdalena León en el artículo titulado Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina (2000), en el cual evidencian las dificultades que se presentan en el proceso de visibilización de la mujer rural cuando, además de escasos, los censos agropecuarios en América Latina no incluyen la variable “sexo” en el cuestionario. 

Lo anterior contrasta con el hecho de que, en el mundo, se calculan unas mil 600 millones de mujeres campesinas -más de la cuarta parte de la población- pero sólo el 2% de la tierra es su propiedad y reciben tan sólo el 1% de todo el crédito para la agricultura¹. Para Deere y León, dada la construcción social de género que considera a la agricultura una actividad masculina, “se debe suponer” que si una mujer se declara como agricultora principal, es porque, en realidad, es la propietaria o jefa de familia y que, obviamente, no vive con ella ningún hombre adulto.

Las cifras continúan: según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en América Latina y El Caribe la población rural asciende a 121 millones de personas. El 48% (58 millones) son mujeres que trabajan hasta 12 horas diarias a cargo de la huerta, de los animales, recolectando y cocinando alimentos, criando a niñas y niños, cuidando a personas mayores y a enfermas, entre otras tareas. De los 37 millones de mujeres rurales mayores de 15 años, apenas 17 millones son consideradas parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y sólo 4 millones son consideradas “productoras agropecuarias”².

Es decir, las mujeres rurales presentan aún grandes restricciones en el acceso a la tierra, a los recursos naturales y a los recursos públicos de apoyo a las productoras rurales tales como asistencia técnica y tecnológica³. Esto, sin contar que las trabajadoras asalariadas de la agricultura enfrentan las mismas limitaciones en sus derechos laborales que las mujeres familiares no remuneradas en la agricultura: no se les reconoce el trabajo agrícola que realizan ni tampoco el doméstico y de cuidados. El sistema patriarcal impone la división sexual de trabajo; no sólo explota a las mujeres, sino que invisibiliza su labor.

La mujer ha sido y es separada del mundo del plusproducto. En ese sentido, se constituyó en el cimiento económico invisible de la sociedad de clases: se le asignó la tarea de reponer la mayor parte de la fuerza de trabajo que mueve la economía, transformando materias primas en valores de uso para su consumo directo⁴. El trabajo doméstico no remunerado y el productivo son, entonces, invisibilizados por tanto se consideran parte de las tareas de reproducción biológica y de fuerza de trabajo. De esta manera, se consolida la enorme brecha de acceso a la propiedad de la tierra entre hombres y mujeres. Y no sólo eso, a la mujer campesina se le sustrae del sistema de créditos y de la posibilidad de obtener una formación técnica.

Las actividades agropecuarias que llevan a cabo las mujeres campesinas, son, en definitiva, tareas no remuneradas, por ser consideradas no productivas, así provean el alimento y propicien las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo.

Notas: