Lo que las estudiantes ganaron tras la toma de sus escuelas

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Entre 2019 y los primeros meses de 2020, jóvenes de educación secundaria, media y media superior protagonizaron en México el movimiento estudiantil más grande desde la huelga de 1999. Las mujeres tomaron cubículos, salones, sistemas digitales y planteles educativos completos, algunas durante más de cinco meses. En el caso específico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 20 planteles se mantuvieron en paros activos o totales para exigir mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en las instancias educativas. ¿Cuál fue el resultado de esa lucha?

1.- Modificaciones históricas a los reglamentos universitarios

En febrero de 2020, gracias al paro de labores y a la toma de instalaciones que iniciaron las estudiantes en distintas facultades, CCH y preparatorias, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó reconocer la violencia en general y la violencia de género como una “falta especialmente grave”. 

Seis meses después, el Consejo Universitario también estableció en el artículo 98 las sanciones para quienes incurran en esta falta, las cuales pueden ir desde el extrañamiento escrito, la suspensión y la destitución o expulsión. También se avaló hacer modificaciones al estatuto para garantizar que exista igual número de mujeres y hombres en la integración del Tribunal Universitario, órgano disciplinario cuyo objetivo es conocer y sancionar las faltas cometidas por el personal académico y el alumnado.

2.- Destitución de directores y maestros agresores

Tras la organización de las estudiantes en distintas universidades se consiguió la renuncia o destitución de profesores acusados de violentar a las alumnas o solapar las agresiones. Por ejemplo, en febrero pasado, un grupo de alumnas de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial (ESTIC) 52 Jaime Torres Bodet, en Cuautitlán, Estado de México, protestaron contra su director, Omar Soberanis Galeana, porque las responsabilizó de “provocar” el acoso sexual en su contra. Tras su protesta, la Secretaría de Educación del Estado de México destituyó a Soberanis Galeana.

Otro caso similar ocurrió gracias a las estudiantes que tomaron el plantel de la Escuela Nacional Preparatoria número 5. Tras su protesta, la UNAM despidió a Ricardo Colín Hernández, profesor señalado como presunto responsable de cometer acoso sexual contra alumnas. Y en otro caso, ocurrido en noviembre de 2019, las estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco, sacaron entre gritos y empujones a un profesor acusado de violentar sexualmente a las alumnas.

3.- Protocolos de investigación con perspectiva de género

Como resultado de las omisiones en las investigaciones internas que las universidades llevaban a cabo en contra de trabajadores, profesores y alumnos acusados de violentar a las mujeres, las universidades se vieron orilladas a crear protocolos de investigación que clarificaran la ruta para el acceso a la justicia. 

Un ejemplo fue la aprobación del Protocolo para Atender la Violencia de Género que creó la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el pasado 13 de marzo de 2020, y el Protocolo para la atención de casos de violencia contra las mujeres que elaboraron estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En este documento se establecen los procedimientos y las rutas que deben seguir las personas e instancias involucradas en agresiones contra las mujeres.

4.- Participación activa en grupos de toma de decisiones

Las estudiantes de distintos planteles educativos también consiguieron que se les incluyera en distintos grupos de toma de decisión; en algunos casos inclusos instauraron comisiones específicas para tratar asuntos relacionados con las peticiones de las alumnas. 

Por ejemplo, tras la toma de la Facultad de Economía en la UNAM –cuyo plantel fue el último que las activistas entregaron a las autoridades– se creó una comisión institucional de mujeres para la equidad de género. 

De igual forma, en otras instituciones educativas se construyeron comisiones especializadas, como  en la Facultad de Filosofía y Letras donde se creó una Comisión Tripartita, que es un organismo de observación de las políticas y acciones relacionadas con la atención a la violencia contra las mujeres. 

5.- Asignatura de feminismo y género

Las estudiantes organizadas de distintos planteles lograron que en 2020 se discutiera diversas reformas curriculares para incorporar en los estudios de nivel medio y superior asignaturas relacionadas con los derechos de las mujeres. 

La Facultad de Economía de la UNAM, por ejemplo, consiguió dos nuevas asignaturas optativas sobre género, feminismo y economía, las cuales se impartirán durante los semestres 2021-2 y 2022-1 en la licenciatura escolarizada, en los turnos matutino y vespertino. 

La Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) decidió en 2020 que este 2021 se impartirá la materia obligatoria Género. En tanto, la Facultad de Química (FQ) ofreció desde 2020 la materia Introducción a los Estudios de Género, donde aproximadamente 90 alumnas y alumnos de esta entidad, y de otras escuelas de la Universidad Nacional, están inscritos.

6.- Más datos y mayor transparencia 

Gracias a las estudiantes, las autoridades universitarias se vieron obligadas a transparentar sus procesos de toma de decisiones, así como los datos y casos de violencia contra las mujeres de los que tienen conocimiento.

En el caso específico de la Facultad de Filosofía y Letras, las mujeres organizadas consiguieron el compromiso explícito de crear en su micrositio un apartado específico con información sobre el avance en las investigaciones en contra de agresores denunciados al interior de la facultad, así como estadísticas y otras informaciones relativas a las acciones a favor de las estudiantes. La FCPyS, por su parte, implementó en 2020 el instrumento de evaluación diagnóstica de la docencia, violencia de género y discriminación en el aula virtual. 

La lucha sigue…

Las acciones universitarias aún no concluyen, pero por la COVID-19 tuvieron que trasladarse al espacio digital. Desde las redes sociales, las jóvenes organizadas hacen denuncias públicas contra agresores, convocan a actos de protesta, difunden cédulas de búsqueda de mujeres desaparecidas, y participan activamente en los órganos de monitoreo y toma de decisión al interior de sus planteles educativos.