Por Liliana Espinosa Pérez

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La vida ha servido como un concepto necesario dentro del discurso políticamente correcto del Estado. Dice defenderlo, protegerlo, respetarlo, promoverlo y garantizarlo a todas las personas, independientemente de la edad, condición social, origen étnico, religión, estado civil o género. De esta forma, el concepto de vida cuenta con un trasfondo iusnaturalista que le da sustento a la teoría política liberal predominante hasta nuestros días, el cual afirma que la vida es un derecho inalienable de todos los hombres. Yendo más lejos, la vida trasciende al ámbito de derecho humano al reconocerlo por encima de los derechos fundamentales.

A pesar de lo anterior, la vida tiene una acepción ambivalente. El Estado, por un lado, la defiende a costa de cualquier circunstancia, incluso por encima de la integridad de una mujer. Ejemplo claro de esto son las políticas encaminadas a la criminalización del aborto. Por otro lado, el Estado la transgrede para su beneficio; la vulnera, la violenta. El ejemplo en este caso son las esterilizaciones forzadas hacia mujeres.

Con lo anterior, se establece como tesis principal que el Estado tiene la capacidad de elegir quién vive y quién no. Por tanto, el Estado tiene una función similar a la de un jardinero que cuida con esmero su jardín. Aquel jardinero que riega las mejores flores, las más bellas, y corta las menos óptimas y que pueden dañar a las demás. En este sentido, el Estado decide qué vida vale más y qué vida menos. El Estado es un Estado jardinero.

El Estado jardinero es una metáfora creada por el autor Zygmunt Bauman en su libro ´´Modernidad y Ambivalencia´´. En la parte introductoria, Bauman menciona que la modernidad es una época que tiene como característica principal la búsqueda del orden: ‘‘Entre la multitud de propósitos imposibles que la modernidad se ha propuesto a sí misma y que hicieron de ella lo que es, destaca el del orden.’’¹ De esta lucha constante por conseguir el orden se hace necesaria una clasificación, entendida por él como la capacidad de incluir y excluir entidades: ‘‘Determinadas entidades pueden ser incluidas en una clase –son construidas como tal clase- sólo en la misma proporción en que otras entidades son excluidas, apartadas. Invariablemente, semejante operación de inclusión-exclusión es un acto de una cierta cantidad de coerción.’’² Inevitablemente, dicha cantidad de coerción define la existencia moderna ‘‘efectuada y sustentada por el diseño, la manipulación, la administración, la ingeniería.’’³

Para conseguir este orden, el Estado tiene que actuar como aquel jardinero que vela por su jardín. Así, ‘‘es necesaria la voluntad formativa de un jardinero; un jardinero que, al proporcionar condiciones apropiadas para el crecimiento o al mantener lejos las influencias perniciosas, o con ambas estrategias, atienda cuidadosamente lo que requiera cuidado, y elimine sin piedad la maleza que pueda privar a las mejores plantas de nutrientes, aire, luz y sol.’’⁴

Si bien el autor correlaciona esta metáfora con los Estados totalitarios que tuvieron lugar el siglo pasado, lo cierto es que su supuesto abstracto no está alejado de nuestra realidad inmediata. Retomaré entonces los dos casos que hacen ver el derecho a la vida como un concepto ambivalente del Estado: la criminalización al aborto y la esterilización forzada hacia mujeres.

El aborto es una práctica que ha sido históricamente criminalizada en prácticamente todo el mundo. Ha costado bastante esfuerzo y trabajo en conjunto y progresivo para que pueda accederse a él de forma libre y segura en pocos lugares. Por el contrario, existen muchos más lugares donde el aborto es ilegal en todas sus formas. El caso del El Salvador deja mucho que desear al respecto. Su código penal establece que el aborto está ‘‘prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la embarazada corre peligro.’’⁵ La pena actual es de dos a ocho años, sin embargo, el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) consideró que la pena era poca y propuso aumentarla hasta cincuenta años. Cabe destacar que esta misma situación aparece en otros países como Egipto, Corea del Sur, entre otros.

De lo anterior se observa claramente la función del Estado jardinero: la vida de un feto vale más que la vida de una mujer que pudo quedar embarazada a causa de una violación sexual; la vida de un feto vale más que la vida de la mujer, sin más.

Pero no nos detendremos aquí. El Estado no solamente ejerce su función de jardinero al decidir que la vida de un feto vale más que la vida de una mujer. Después de todo, el Estado tiene un tinte de hipocresía: a veces se le ‘‘olvida’’ garantizar y defender la vida y prefiere optar por detener, suprimir y no dejar que la vida surja. Escoge no permitir que la planta crezca, pues la corta de raíz. Las esterilizaciones forzadas hacia mujeres encajan perfectamente.

Bajo pretextos como políticas para el control de la natalidad o simplemente porque no existen los mecanismos suficientes para evitar y castigar masacres y violaciones en contra del derecho a la libertad sexual y de reproducción, las esterilizaciones forzadas hacia mujeres son perpetuadas. Un ejemplo que describe esto es el caso de las más de 200 000 mujeres que fueron sometidas a este proceso en contra de su voluntad, bajo presiones y amenazas. ‘‘Entre 1996 y 2000 se realizaron 215.227 ligaduras de trompas y 16.000 vasectomías, en el marco de un supuesto plan masivo de salud pública, cuyo objetivo no era la prevención de epidemias, sino que disminuyera el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú.’’⁶

Lamentablemente, México no queda exento de este problema. Según datos del reporte de la  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), retomados por la Secretaría de Gobernación, en 2013 ‘‘al menos 27% de las mujeres indígenas que tuvieron necesidad de acudir al servicio público de salud fueron esterilizadas sin su consentimiento.’’⁷ Un hecho resalta a la luz: las mujeres indígenas son las principales víctimas afectadas debido a los altos índices de pobreza y marginalidad social que viven en sus comunidades.

Al final de todo, la conclusión es la misma que se ha reiterado en muchas ocasiones: la mujer no decide sobre su propio cuerpo. La mujer no puede decidir si quiere tener hijos o no porque la decisión última la detenta el Estado. Y ella pasa a segundo término como simple espectadora en todo este escenario, tratando de sobrevivir en una sociedad donde se le juzga, recrimina y criminaliza por querer elegir sobre su propio cuerpo, sobre su vida.

Fuentes de consulta:

• Bauman, Zygmunt. ‘’Modernidad y ambivalencia’’ Anthropos Editorial, España, 2011.
• Amnistía Internacional. ‘‘El Salvador: Escandalosa propuesta de aumento de penas de cárcel para mujeres acusadas de aborto’’ 12 de julio de 2016. Amnistía Internacional Sección Noticias. Recuperado de https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/07/el-salvador-scandalous-proposal-to-increase-jail-terms-for-women-accused-of-abortion/
• ^ Puertas, Laura. ‘‘Fujimori ordenó la esterilización forzosa de 200.000 mujeres indígenas en Perú’’ 25 de julio de 2002. El País Sección Internacional. Recuperado de http://elpais.com/diario/2002/07/25/internacional/1027548004_850215.html
• ^ ‘‘El 27% de mujeres indígenas esterilizadas sin su consentimiento: Conavim’’ 14 de febrero de 2013. Proceso Sección Nacional. Recuperado de http://www.proceso.com.mx/333622/el-27-de-mujeres-indigenas-esterilizadas-sin-su-consentimiento-conavim

Notas al Pie

4^ Darré citado en Bauman, Zygmunt. ‘’Modernidad y ambivalencia’’ Anthropos Editorial, España, 2011. p.52

5^ Amnistía Internacional. ‘‘El Salvador: Escandalosa propuesta de aumento de penas de cárcel para mujeres acusadas de aborto’’ 12 de julio de 2016. Amnistía Internacional Sección Noticias. Recuperado de https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/07/el-salvador-scandalous-proposal-to-increase-jail-terms-for-women-accused-of-abortion/

6^ Puertas, Laura. ‘‘Fujimori ordenó la esterilización forzosa de 200.000 mujeres indígenas en Perú’’ 25 de julio de 2002. El País Sección Internacional. Recuperado de http://elpais.com/diario/2002/07/25/internacional/1027548004_850215.html

*Nota: Lo escrito en columnas de opinión es responsabilidad de quien lo escribe y no necesariamente refleja las opiniones de La Crítica.