Le voy a levantar la denuncia, pero luego...

Karina Vergara Sánchez

Estuve en un foro en donde participaban personas que brindan atención a mujeres víctimas de violencia. Habló una licenciada en derecho que trabaja en el Ministerio Público y quiero comentar sobre su intervención porque pareció sacada de un guión de clichés:

Narró que las mujeres llegan a presentar su denuncia estando indecisas; que no tienen claro lo que quieren decir; que quieren contar sucesos anteriores y no entienden que el trabajo del M.P. es sobre el hecho concreto, no sobre toda su historia; que mienten sobre la denuncia, pero que eso se nota porque cuando se les dice que el marido-pareja-amante va a ser encarcelado, ahí se echan para atrás, que nada más quieren asustarlos; que aquellas que deciden hacer la denuncia, luego de mucho trabajo para tomarles su declaración, lo perdonan al tipo y andan queriendo quitar la denuncia; que en el momento de firmar se asustan y echan a perder todas esas horas de trabajo del Ministerio Público.

Otras personas que estaban en el foro y trabajaban en el mismo ámbito, asintieron con la cabeza. Estaban de acuerdo en lo general, dijeron que les pasaba lo mismo constantemente, hasta hubo un conato de aplauso a la participación de esa mujer.

Tienen razón cuando dicen que las mujeres acuden indecisas a presentar sus denuncias. Ellas no conocen, ni tienen la obligación de conocer el funcionamiento del sistema legal. Tienen dudas sobre lo que este proceso implicará para ellas y sus familias. Acuden porque los medios y los programas públicos les han dicho incansablemente que para erradicar las violencias y para que les sean creídas hay que denunciar legalmente, que eso detendrá al violentador o lo asustará cuando menos. Por eso asisten, buscando ayuda, pero sin certezas.

Se supone que su representante ante el Estado es el Ministerio Público, es su abogado o su abogada, es decir: quien debería abogar por ellas. Es quien habría de orientarles sobre el funcionamiento y las opciones que les brinda esa instancia. Si en lugar de ello, se encuentran con un sujeto inquisitivo que desde el primer instante les hace sentirse cuestionadas, que no les muestra empatía, que intrínsecamente sospecha de sus palabras y de sus intenciones, que las hace dudar de su propia percepción de la violencia: por supuesto que sus declaraciones no serán firmes ni asertivas. Están solas y esa desconfianza a priori juega en contra de ellas y es hostil.

Sí, necesitan hablar de lo que ha ocurrido previamente, porque el hecho que denuncian –la herida, la violación, el abuso sexual, los golpes, la amenaza- no son hechos aislados, son procesos de victimización y reconocer lo que implican en determinado contexto permite visibilizar el grado de vulnerabilidad en que se encuentran.

Si en ese momento no desean que se encarcele, cite o multe a su violentador- que eso no sucede con regularidad, incluso cuando hagan la denuncia tal como se les indica-, no es porque estén mintiendo o porque les guste vivir el maltrato, es que el proceso tendrá consecuencias para ellas. En primer lugar, por los lazos afectivos que puedan tener con el violentador, pero también por los mandatos sociales de ser buena y perdonar. Los propios funcionarios que las critican por no seguir la denuncia, son los que más adelante las señalaran como rencorosas o vengativas si deciden no otorgarles el perdón o no querer “mediación” con quien las ha dañado.

Ellas tienen que sopesar que, cuando vuelvan a su casa, los familiares del violentador, los vecinos o el cuñado, el abuelo, el suegro o hasta sus propios hijos y otros familiares las hostilizarán por haber denunciado, por haber “perjudicado” a su violentador. Más complejo resulta si tienen lazos económicos, de vivienda o laborales con quien las ha lastimado. Por ello, sospechar que hay una mentira o una segunda intención porque duden al denunciar es una absoluta falta de reconocimiento mínimo del entorno psicosocial al que están expuestas las víctimas de violencia.

Que acuden a denunciar para tratar de infundir miedo a sus violentadores: por supuesto. Es un intento de equilibrar el poder, de decirles que paren, que se detengan en su violencia. Cuando el M.P. les hace saber que hasta que no demuestren la violencia con heridas que tarden más de 15 días en sanar o con largos procedimientos, que mientras tanto no emitirán “medidas de protección”, básicamente, las están dejando solas.

Finalmente, cuando se quejan los funcionarios, una y otra vez, de que les toma un largo rato escuchar y redactar la denuncia, para que luego ellas se arrepientan, no firmen o perdonen al violentador, de lo que se están quejando es de tener que hacer el trabajo para el cual el Estado les ha contratado y les paga un salario. Ellas, están en su derecho a pedir la atención cuántas veces los requieran y a detenerse en el proceso cuantas veces su situación emocional, física, social y económica lo amerite. Es parte del propio proceso de la víctima para enfrentar lo vivido. 

Otro funcionario, en el foro del que hablé al comienzo, narró-aconsejó que, cuando él ve que las denunciantes parecen arrepentirse o están dudosas en la denuncia, les avisa que: “la próxima vez ya no la voy a atender”. Así no le hacen perder el tiempo. Hacer eso, señor Misterio Público, es una coacción. Igualmente, es un abuso de poder sobre una ciudadana a la cual usted está obligado a servirle todas las veces que lo requiera. La amenaza de negarle el derecho a la denuncia, o a dudar al momento de emitirla, atenta contra sus derechos humanos fundamentales y es una revictimización.

La falta de empatía, la desconfianza a priori, la acusación de mentira, el desconocimiento o negación del contexto del proceso victimal, la coacción, la negación de la atención, la amenaza implícita o explícita son prácticas cotidianas en los espacios de atención a mujeres víctimas de violencia. Tan cotidianas son que se comentan de forma naturalizada en foros, conferencias, aulas y charlas de café entre funcionarios que las realizan y el resto de ellos asienten en coincidencia.

No es que no existan protocolos de atención de primeros y posteriores contactos a víctimas, es que los protocolos son llevados a cabo por personas cuya lógica es predominantemente patriarcal. Así no sirven a las víctimas, así es como las instituciones se convierten en una extensión que replica y magnifica la violencia.