El largo camino a la justicia: mujeres indígenas y afrodescendientes víctimas de violencia machista en Colombia

Por Tatiana Duque

Las dificultades para acceder a la justicia afectan de forma diferenciada a mujeres, jóvenes y niñas de las comunidades indígenas y afrodescendientes porque, además de su género, están especialmente expuestas a la vulneración de sus derechos por aquello que el sistema llama “raza”.

El XII informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia¹ realizado por la Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado”², publicado en febrero de 2015, tuvo como hilo conductor el enfoque diferencial, es decir, aquel que tiene en cuenta el enfoque de género y el étnico, con el fin de realizar acciones positivas que no solo disminuyan las condiciones de discriminación, sino que apunten a transformar condiciones sociales, culturales y estructurales por el bienestar y el goce de los derechos de las mujeres.

En este informe se presenta un diagnóstico de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas y afrodescendientes víctimas de violencia para acceder efectivamente a la justicia, teniendo como referente que el acceso a la justicia tiene dos componentes: uno formal, que se explica por la posibilidad de que las víctimas puedan llegar al sistema judicial, y uno material, que significa que las personas puedan hacer efectivos sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación en las instancias judiciales.³

El primer obstáculo es el histórico; la perpetuación de los procesos culturales patriarcales y raciales al interior de las comunidades, en el sistema judicial y en la sociedad, dificulta el reconocimiento de la violencia.

Las prácticas “tradicionales” que se dan al interior de las comunidades pensadas como usos y costumbres son una de las formas de discriminación. Por un lado, los hechos de violencia son justificados, porque la diferencia de género se vincula a la supervivencia de los pueblos indígenas y, por otro, se invisibiliza, porque denunciar las violencias frente a la sociedad occidental se considera corrosivo para el fortalecimiento de la comunidad.

Los patrones discriminitarios y los estereotipos permiten explicar por qué la violencia que sufren las mujeres indígenas y afrocolombianas no son hechos aislados, sino que se relacionan con procesos históricos de esclavitud, conquista, colonización y racismo.⁴ El racismo conlleva una serie de estereotipos sobre los cuerpos de las mujeres: las ideas de hiper sexualidad, disponibilidad sexual y habilidades para bailar y cocinar, por ejemplo, someten a las mujeres afrocolombianas a un imaginario estereotipado y discriminatorio. El uso de sus cuerpos, entonces, es un hecho normalizado.

Como si no bastara, las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual son aisladas y rechazadas por su familia, pareja y comunidad, y obligadas a hacerse cargo de un embarazo no consentido. A esto se suma que la maternidad precoz es correlativa a la deserción escolar y que aumentan las dificultades para acceder a escenarios laborales y productivos al ser estigmatizadas.

Otro obstáculo es la limitada, o casi nula, presencia de mujeres en los sistemas de justicia de sus comunidades, lo que en ocasiones se traduce en decisiones permeadas por estereotipos machistas y carentes de enfoque de género.⁵ En el caso de las mujeres indígenas, su exclusión de los escenarios públicos y adopción de decisiones corresponde a que los patrones patriarcales de las comunidades indígenas consideran a las mujeres inca-paces de participar en estos espacios en virtud de que su condición femenina no se encuentra asociada a estas tareas.⁶

Existen también trabas (y de gran peso) institucionales y normativas, como deficiencias en la implementación de un enfoque diferencial que responda a la intersección género-etnia-raza en los marcos jurídicos⁷. En particular en la Ley 1257 de 2008, que no contempla las diversas formas de violencia que afectan a las mujeres indígenas y afrodescendientes, no sólo en su salud física y mental y en sus derechos sexuales y reproductivos, sino también económicos, sociales, culturales, ambientales, territoriales y políticos.

El sistema judicial colombiano también tiene una gran deuda con las mujeres indígenas y afrodescendientes. Para empezar, no existe asistencia por parte de intérpretes y traductores; la mayoría de las mujeres indígenas no hablan el castellano. Sin embargo, se les exige el aprendizaje del español, lo que genera que muchas de ellas no puedan llevar adelante una denuncia, en especial, de hechos violentos traumáticos.

Si logran denunciar, su derecho a la intimidad se ve constantemene amedrentado por operadores jurídicos que le dan un tratamiento público y colectivo a los casos bajo el entendido de que se trata de aspectos comunitarios o con la simple presencia institucional que se realiza sin cuidados ni reservas en las comunidades indígenas. De esta manera, las mujeres prefieren no denunciar para evitar ser excluidas y rechazadas por su comunidad.

Pero lo que más inspira el sistema judicial colombiano en las mujeres indígenas y afrodescendientes, es miedo y escepticismo: ellas son blanco de señalamientos, estigmatización, maltratos verbales, incredulidad en su palabra y exigencia revictimizante de pruebas. Además de prácticas como divulgación de la información, ineficiencia y poca parcialidad e independencia.

En miras a la implementación del Acuerdo de Paz, queda la gran interrogante de si el Estado estará preparado para desafiar estos obstáculos (que son solo algunos), y aplicar la ley y la justicia con el enfoque diferencial que tanto necesitan las mujeres que han sido el botín de batalla en el conflicto armado colombiano.

Notas y referencias: