La rebeldía de migrar

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

 

La migración de las mujeres y las niñas es una consecuencia del empobrecimiento y la violencia que genera el modelo económico capitalista y el sistema patriarcal en el mundo, y muchas veces se trata de una práctica forzada; sin embargo, huir de esos contextos a pesar de los cada vez más violentos controles migratorios es, al mismo tiempo, una estrategia rebelde que las mujeres y las niñas han encontrado para salvarse, para transformar sus condiciones de vida y para exigir su lugar en el mundo.  

Al transitar de un país a otro sin esperar el permiso de los gobiernos, estas mujeres y niñas subvierten las políticas de Estado que buscan decidir, a través de la militarización y la violencia, qué vidas importan y quiénes tienen derecho a transitar por el mundo. 

Pero cuando los Estados y sus políticas de control migratorio violentan a las mujeres y niñas migrantes, las reprimen o las matan en medio de caminos inseguros, y al mismo tiempo son vigilantes de que las mercancías y cierto turismo transite a salvo de un país a otro, demuestran que desprecian la vida, en especial, de las mujeres y niñas indígenas, las centroamericanas, las afrodescendientes y las empobrecidas.

Sin embargo, la experiencia de las mujeres y las niñas migrantes nos demuestra que impedirles el paso en las fronteras no ha sido ni será suficiente para contener la determinación que tienen de salvar su vida y transitar hacia otros lugares en el mundo que sean mejores para ellas. Ellas migran porque valoran su vida. 

Así, al cruzar las fronteras caminando, en balsas, en caravanas, nadando, en combis o en tren, las migrantes se apropian de su derecho a pertenecer, a estar, a habitar y a transitar libremente por este mundo que es de todas. 

Viñetas de la migración*

Mireya (nombre ficticio por razones de seguridad), habita actualmente en Coahuila. Vino a México desde Guatemala con sus cinco hijos luego de que una pandilla asesinara a su hija de 15 años de edad como represalia por no pagar la extorsión que le pedían para dejarla laborar en su negocio de frutas. 

La mujer, de 36 años de edad y con casi todos sus hijos menores de edad, lamenta no haber podido salvar la vida de su hija, sin embargo, huyó antes de que su otra hija también adolescente corriera la misma suerte. 

Junto a la hija que le sobrevivió, Mireya cruzó la frontera hacia México en balsa y después se subió al tren llamado “La Bestia”. Durante el camino, la cuidó para que no fuera agredida sexualmente por alguno de los otros migrantes o los policías que vigilan el camino. 

Mireya no fue agredida en el trayecto, consiguió que un conocido cruzara al resto de sus hijos hombres y, con el paso del tiempo, las abogadas de la Casa del Migrante en Saltillo la ayudaron a tramitar su reconocimiento como refugiada en México.

No obstante, actualmente habita un departamento en Coahuila, cuya renta apenas puede pagar con su sueldo de trabajadora de la maquila que consiguió en ese estado. Mireya aún mantiene el sueño de construir un hogar para ella y su familia completa. 

En marzo de 2020, previo a que llegara el primer caso de COVID-19 a México, Fátima, una mujer hondureña de 43 años de edad, estaba en tránsito irregular por México junto con su hija de 14 años de edad, una bebé y su hijo de 10. Recién había cruzado la frontera. 

El día que la conocí, Fátima y sus hijos salían de una estación migratoria, que (aunque la migración sin documentos no es un delito que amerite cárcel, sino sólo una falta administrativa) es un centro de detención para personas migrantes. Habían pasado en esa estación, ubicada en Tapachula, cerca de dos semanas. La niña y el niño narraron que el día que fueron alcanzados por la Guardia Nacional fueron intimidados, agredidos físicamente y humillados. 

Fátima salió de su país porque su hija mayor (de 14 años) fue acosada sexualmente por pandillas y por falta de oportunidades laborales para una jefa de familia. Llegaron con éxito a una comunidad en Chiapas, donde rentaron una habitación para todos durante un mes. Ahí decidieron que la niña y el niño se emplearían en trabajo del hogar en otros domicilios. Fátima vendía frituras. 

La familia de Fátima procuraba no salir para no ser detenida ni deportada, ya que no encontraron quién le explicara cómo regular su condición migratoria. Cansados de la pobreza, un día Fátima decidió avanzar hacia el norte del país. Dudó en llevarse a sus hijas con ella porque no sabía cómo la tratarían las autoridades, pero decidió que era mejor mantener a su familia junta.

En el camino, Fátima y sus hijas fueron detenidas por la Guardia Nacional en el municipio de La Trinitaria, durante la noche. Las niñas y el niño se asustaron al ver a la Guardia Nacional arrojarse sobre ellas. Les quitaron sus celulares y las intimidaron. La familia suplicó que no la deportaran. Pese a ello, la Guardia Nacional presentó a Fátima, sus hijas e hijo ante la Estación Migratoria ubicada en Comitán, Chiapas, que es de tipo B (permite estancia de máximo 7 días). 

Al llegar, la familia se encontró con ropa sucia, poca comida y malos tratos. Por ejemplo, Fátima dijo que no le permitieron hacer ninguna llamada, pero que en un oficio consta que ella se comunicó con una supuesta tía.  Como había personas enfermas en las pequeñas celdas que comparten con otras familias, los hijos menores de Fátima presentaron fiebre a los pocos días de haber llegado a la estación de Comitán, la misma que en 2019 se dio a conocer por un brote de varicela. 

Una de las niñas tenía marcas de sarpullido en su cuello y pecho, provocado por dormir en las colchonetas de la estación. De acuerdo con las niñas, había que insistir a los guardias para que les dieran medicamentos u otros enseres de primera necesidad, como toallas sanitarias.  

Dos años antes de conocer a Fátima, en 2018, conocí a Lourdes, una mujer salvadoreña que llegó sobre llantas viejas a Ciudad Hidalgo, en la frontera chiapaneca. Cruzó de madrugada el Río Suchiate, que divide Guatemala de México. Llevaba 22 días de viaje. Andaba en sandalias. Se trajo a sus dos hijos porque las pandillas enemigas querían reclutarlos. Ya cruzó dos fronteras para salvarlos y para sortear los riesgos del tránsito por México, Lourdes decidió migrar en caravana junto a otras familias.

Lourdes huyó de su país. Dejó trabajo y familia, pero antes lo intentó todo: ella misma buscó al líder pandillero por molestar a sus hijos; luego se refugió con su madre, donde un grupo contrario la persiguió. También fue a las autoridades y presentó denuncias que nunca se investigaron. Vino a México con esos documentos para comprobar que fue víctima de delito y así, tal vez, conseguir refugio.

Ella viaja con tres mujeres, dos hombres y varias niñas y niños. Son al menos tres familias que también buscaban refugio porque fueron acosadas por las pandillas. Venían de “jale” y en el camino se organizan: una paga la comida un día, la otra vela en la noche mientras el resto duerme en la plaza pública con maletas al lado, y ya juntaron dinero para comprar un chip de celular de México y hablar cada quien con los suyos.

Lourdes llegó a Tapachula con la intención de que la Comisión Mexicana para los Refugiados (COMAR) la reconociera como refugiada en un plazo máximo de dos meses, como dice la norma, y pueda trabajar e iniciar una vida nueva en México.

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En 2014, Andrea, salvadoreña y madre de seis hijas e hijos, llegó a México con dos menores de edad y dos de sus hijas (una embarazada), luego de que los grupos criminales denominados “maras” acosaran a su familia a fin de reclutar a los hombres y “enganchar” a las mujeres.

Al cruzar la frontera sur de México, Andrea fue extorsionada y engañada por lancheros, choferes, “coyotes” (traficantes de personas) y agentes migratorios. Para librar los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM), ella y su familia viajaron de noche y a pie por montes y terregales. Si veían “a una migra”, se agachaban. De día pedían dinero y ofrecían su trabajo en algunos comercios en comunidades de Chiapas.

Una mujer, dueña de una cocina en el municipio de Palenque, le recriminó que uno de los menores de edad estuviera pidiendo dinero, pero ella se defendió: “Entonces deme trabajo”, le reviró. La cocinera sólo le dio la espalda. Andrea contó que en Chiapas criminales intentaron secuestrar a las adolescentes y los niños, pero agentes del INM la apoyaron y la llevaron a Veracruz, donde inició sus trámites regulatorios.

Junto a su familia, Andrea esperaba en el Centro de Acogida y Formación para Mujeres Migrantes y sus Familias (Cafemin) –ubicado en la Ciudad de México–, a que la COMAR –instancia de la Secretaría de Gobernación a la que tiene que ir a firmar cada lunes– le resuelva lo antes posible el trámite para que pueda laborar, ya que aunque todos los días busca empleo nadie se lo quiere dar porque “ella y sus hijas son migrantes”.

Desde Andrea, entrevistada en 2014, hasta Mireya, entrevistada en 2021, la migración indocumentada de mujeres y niñas no ha disminuido, por el contrario, ha crecido en cifras. 

A la par del tránsito de mujeres, muchas de ellas quienes prefieren viajar en caravanas por seguridad y que han cambiado sus rutas de tránsito, la violencia y el control en las fronteras se ha endurecido con el uso indebido de la fuerza pública y la militarización. 

La militarización de las fronteras amenaza la vida de las migrantes

Las mujeres conforman 48 por ciento de la población extranjera que solicita este derecho en México. Al cierre de 2019 al menos 26 mil permanecían en espera de una resolución, según cifras obtenidas vía transparencia y analizadas por la organización de acompañamiento a personas refugiadas, Asylum Access. En 2019, la COMAR registró un total de 6 mil 177 solicitudes de refugio; tan sólo en los primeros nueve meses de 2021, este organismo recibió más del doble, con 12 mil 991 solicitudes.

Lejos de garantizar la ayuda humanitaria y resguardar sus derechos, como lo establecen distintas leyes en México, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional han ejercido violencia explícita contra las personas migrantes. Información obtenida por transparencia reveló que únicamente en 2020 la CNDH inició mil 274 expedientes contra diversas autoridades por “Acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus familiares”, “Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones”, “Prestar indebidamente el servicio público”, “Omitir brindar atención médica o psicológica de urgencia”, “Omitir proporcionar intérprete o traductor”, entre otros hechos violatorios cometidos todos contra personas migrantes.

Entre estos hechos violatorios (cuya descripción específica y sexo de las víctimas se omite), la Guardia Nacional es responsable de 53 quejas, la Policía Federal de 24, la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 y la Secretaría de la Marina de 6; el resto de quejas corresponde a funcionarios del Instituto Nacional de Migración, Fiscalías, la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, y otras dependencias locales, según el reporte revisado por Cimacnoticias.

De acuerdo con un reporte público de casos de violencia contra personas retornadas de EU a México bajo el protocolo “Quédate en México 2019 – 2020”, registrado por la organización Human Rights First con fecha, número de víctimas y breve relato de hechos, entre 2019 y 2020 la policía federal, estatal o municipal, la Guardia Nacional y los militares estuvieron implicados en 51 casos (de un total de 520) de delitos como secuestro, extorsión, deportaciones ilegales y agresiones sexuales cometidos contra personas migrantes. 

En la base de datos hay registro de al menos nueve casos de mujeres y niñas que habrían sido violadas por agentes del Estado. “Durante su viaje hacia Estados Unidos, la policía federal mexicana los acosó, insultó y no los dejaban descansar. Después de un tiempo, un policía empezó a exigir tener sexo con la mujer y cuando se rehusó, el policía la violó”; “Una solicitante de asilo venezolana de aproximadamente 60 años de edad fue ultrajada sexualmente en enero de 2020 en Tamaulipas después de que DHS la regresó a Matamoros por “Quédate en México”», son algunos de los relatos recopilados en este reporte.

El registro de Human Rights First contiene al menos tres decenas de casos más de mujeres y niñas que fueron atacadas sexualmente por el crimen organizado luego de haber sido regresadas a nuestro país como parte del programa “Quédate en México” o en colusión con las autoridades mexicanas. 

Otras organizaciones civiles que acompañan a personas migrantes, como el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), también documentaron en el informe “En la Boca del Lobo” diversos casos de delitos contra personas migrantes cometidos por agentes del Estado.

Por ejemplo, el 10 de junio del 2019, un grupo de elementos de esta policía federal irrumpió en un domicilio particular donde vivían migrantes. Se llevaron a una mujer hondureña que esperaba en México su audiencia en EU, y a otras dos personas (el dueño del domicilio y su madre) a una casa de seguridad. Durante ese tiempo, ambas mujeres fueron sometidas a violencia sexual y una de ellas fue sometida a golpes en glúteos, amarrada de pies y manos. Los policías entregaron a las víctimas a un grupo de criminales quienes pidieron rescate por ellas. Las mujeres fueron rescatadas el 14 de junio por agentes de la Unidad Antiextorsión adscritos a la Fiscalía estatal, quienes únicamente buscaban a las personas mexicanas ya que nadie había denunciado la desaparición de la mujer hondureña.

La violencia de Estado hace eco en otros grupos criminales en México, quienes violentan a las migrantes en total impunidad. La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) –que presta servicios médicos a personas en tránsito– documentó en su reporte “Sin salida” que 24 por ciento de las 3 mil 695 personas atendidas en consultas de salud mental en los puntos de atención a población migrante en México entre enero de 2018 y septiembre de 2019 presentaban factores de riesgo asociados con la violencia física intencional (agresiones, violencia sexual y tortura). 

En los nueve primeros meses de 2019, el número de casos (277) de violencia sexual atendidos por MSF aumentó más del doble (un 134 por ciento) en relación al mismo período del año anterior (118). Según datos de la encuesta que se les aplicó a sus pacientes, 22.5 por ciento de las mujeres entrevistadas en los puntos de atención habían sido acosadas sexualmente, 12.8 por ciento tuvieron una relación sexual no deseada y 10 por ciento reconocieron haber sido forzadas a tener sexo a cambio de algo.

Si bien este contexto es duro, la rebeldía de las migrantes trasciende incluso los actos que buscan desaparecerlas. Una prueba de ello es la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, integrada por decenas de mujeres que año con año conforman caravanas para buscar a sus migrantes desaparecidas.  Tras una cumbre que celebraron en días pasados, estas madres de migrantes expresaron que sus caravanas son en sí mismas formas de buscar personas y a la vez buscar y exigir la verdad y la justicia: “…de crear otros mundos posibles, contrarios a las geografías del terror”. 

“Somos las madres del mundo y sus aliados fuertes e imparables. Hemos reemplazado nuestras lágrimas por la movilización y la esperanza hasta encontrar a nuestras hijas e hijos. Nuestra lucha está sustentada por el amor inquebrantable, que intenta crear otro mundo en el cual se comparte con cariño, sembrando vida en lugar de muerte”, sentenciaron las madres al final de su encuentro. 

Migrar de un país a otro en busca de mejores oportunidades de vida no es un acto ilegal; impedir que las personas transiten libremente por el mundo, sí. Migrar para salvar la propia vida es un derecho y es una elección que corresponde tomar a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia estructural que amenaza todos los días su vida, no a los gobiernos. 

 

• Mientras concluía este ensayo, dos mujeres haitianas en contexto de migración en México fueron asesinadas en Chiapas, una en Suchiate y otra en Tapachula. Sus asesinatos muy probablemente quedarán impunes, pero nunca serán olvidados por todas aquellas que creemos firmemente en que todas las mujeres merecemos ser tratadas con dignidad en cualquier lugar del mundo, que no existen personas de primera y de segunda, y que cualquier oportunidad que nos construyamos para vivir mejor no se acabará por la voluntad de ningún gobierno.