"¡Ganamos!": trabajadoras despedidas del IEMS logran que Tribunal laboral reconozca sus derechos

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

 

Luego de seis años y medio de defensa de sus derechos laborales, las trabajadoras de intendencia despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México consiguieron que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo resolviera un amparo a su favor, con el cual la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México debe dictar un nuevo laudo para que se les restituyan todos sus derechos. 

 

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Hace seis años y nueve meses, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS) despidió a un grupo de 51 mujeres y 8 hombres que limpiaban los planteles educativos. Era la cuesta de enero y ninguna autoridad capitalina explicó por qué se dejó sin empleo a estas mujeres, la mayoría jefas de familia y adultas mayores. 

A pesar de que el centro de trabajo de estas mujeres eran los salones de las preparatorias de la CDMX y de que fueron contratadas por la institución, el IEMS desconoció la relación laboral con las trabajadoras bajo el argumento de que ellas fueron contratadas a través de una empresa. Esto orilló a que las mujeres se organizaran y tuvieran que pasar los años siguientes en plantones, marchas y litigios para denunciar que fueron víctimas de una práctica de contratación muy común, pero ilegal y violatoria de los derechos humanos: el outsourcing.

El pasado 16 de agosto, las trabajadoras despedidas del IEMS (como se nombraron colectivamente) consiguieron que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo les concediera un amparo que obliga a la sala 16 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), en la Ciudad de México, a rectificar sobre un laudo dictado en 2021 y a ordenar que el IEMS reconozca esta relación laboral para luego restituirlas en sus derechos.  

“¡Ganamos! Esto es un logro histórico para todas las trabajadoras del IEMS contratadas mediante outsourcing. Es un logro contra la precarización laboral, contra la esclavitud moderna que se practica en todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México”, escribieron las ahora defensoras de los derechos laborales en sus redes sociales al anunciar su triunfo.

 

El despido

Las trabajadoras fueron despedidas sin ninguna justificación de por medio. El antecedente a esta decisión es que las mujeres se negaron a firmar un contrato colectivo con un llamado sindicato de protección (o simulado) y, en cambio, ejercieron su derecho a la libre asociación y se sumaron a la exigencia del Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS para que se les basificara y reconociera sus derechos laborales como al resto del personal, de acuerdo con lo que explicó en entrevista una de las trabajadoras despedidas, Guadalupe Carrasco.

Además, como denunciaron las trabajadoras en una conferencia de prensa en enero de 2016, se les negaron vacaciones, se les cambió de lugar de trabajo y se les llamó “chismosas” por apoyar a otras trabajadoras. 

Hasta ese día, las trabajadoras de intendencia eran reclutadas y recibían indicaciones directamente del personal directivo del IEMS; sin embargo, eran subcontratadas por distintas empresas a las que la institución educativa pagaba por el servicio de limpia. El día del despido, la empresa en turno fue Roc S.A de C.V, también llamada Mantenimiento Roc S.A de CV o Roc-man, según aparece en diferentes contratos firmados con dependencias del gobierno de la Ciudad de México, detalló Guadalupe, quien hoy tiene 54 años de edad y en estos años se convirtió en una de las principales denunciantes del IEMS y en defensora de los derechos humanos laborales.

A decir de las trabajadoras, las empresas cambiaban (al menos de nombre) cada determinado tiempo para evitar que las mujeres generaran antigüedad. Los responsables de esta empresa sólo ponían sus nuevos logos a los uniformes para simular que eran empresas distintas, pero los dueños eran los mismos.

Los días siguientes al despido de estas empleadas, el IEMS publicó un comunicado en el que aseguró que el Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Rama de las Limpieza, Vigilancia y Servicios Relacionados (al que las trabajadoras se negaron a afiliarse por tratarse de una simulación) “asumiría el compromiso de interceder ante la empresa Mantenimiento Roc S.A. de C.V. para mantener su fuente de empleo.” De acuerdo con la versión del IEMS, “un reducido grupo de trabajadores no aceptó el ofrecimiento y a manera de presión entorpecieron las labores escolares y de limpieza en los planteles”.

De acuerdo con documentos del portal de transparencia de la CDMX, en 2014 las empresas que ofrecen servicios de limpia, como Roc S.A de C.V. -principal responsable del despido de las trabajadoras- recibieron un mínimo de 3 millones de pesos por el servicio. Sin embargo, con este dinero pagaban a las trabajadoras un salario mensual de 2 mil 500 pesos por jornadas de hasta 9 horas de trabajo y sin prestaciones de ley de ningún tipo.

La empresa Mantenimiento Roc S.A. de C.V. fue sancionada en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación “por infractora” (sin especificar motivo), pero en 2017 se autorizó a las dependencias de gobierno celebrar nuevamente contratos con ella.

Roc S.A de C.V ofrece servicios de limpieza, fumigación, jardinería, separación, destrucción y disposición final de residuos, y – de acuerdo con su página de internet- entre sus clientes están Canal 11, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, la Delegación Iztapalapa, Educal, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Notimex, Planta de Asfalto del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia Capitalina, entre otros.  

 

La resistencia

Las mujeres se organizaron. Para algunas no era la primera vez. Por ejemplo, Guadalupe ya había participado en una cooperativa de trabajadoras de limpia cuya intención era concursar ellas mismas por las licitaciones del gobierno capitalino, pero fueron defraudadas.

Lo primero que hicieron las trabajadoras despedidas fue mandar desplegados y hacer conferencias de prensa para dar a conocer públicamente su caso. También hicieron plantones afuera de varias de las preparatorias capitalinas. Luego exigieron al entonces director del IEMS, Ulises Lara, que las reconociera como empleadas de los planteles y las apoyara para encarar a la empresa subcontratista. El director nunca las reconoció como trabajadoras del plantel, se negó a mostrar el contrato entre el IEMS y la empresa, y después dejó el cargo.

Las trabajadoras también buscaron a la entonces Secretaria de Educación de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, para que obligara a la institución y a la empresa a restituirlas en su empleo pero la funcionaria se negó a hablar públicamente del tema y luego se fue a contender por la jefatura de la capital.

Las mujeres acudieron a la entonces secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García, y con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, quienes les ofrecieron un seguro de desempleo por 4 mil pesos mensuales durante seis meses, pero sólo para 22 trabajadoras. Ambas funcionarias se negaron a interceder para obligar al IEMS a reconocerlas como trabajadoras. 

La denuncia de las trabajadoras llegó finalmente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, donde demandaron al IEMS que las reconociera como sus trabajadoras, ya que los planteles educativos siempre fueron su centro de trabajo. A pesar de las pruebas que juntaron las trabajadoras y los mítines que organizan afuera del recinto, las audiencias en la Junta se retrasaron por años sin motivo.

Las trabajadoras también fueron a la Comisión de los Derechos Humanos de la CDMX, pero el 8 de mayo de 2018 esta dependencia cerró el caso -con el expediente CDHDF/V/122/TLAL/15/D7799-  por considerar que “no había elementos para demostrar violaciones a los derechos humanos laborales de las trabajadoras”.

Ninguna autoridad quiso encarar la exigencia de fondo de las trabajadoras: restituirlas en el empleo y modificar el estatuto del IEMS para que en adelante todas las trabajadoras de limpia fueran reconocidas en los estatutos como empleadas directas del instituto.

En cambio, durante estos años las mujeres y sus aliadas fueron amenazadas, hostigadas y violentadas en su plantón en el plantel Benito Juárez Iztapalapa II y muchas de las trabajadoras tuvieron que dejar los actos de protesta para buscar otros empleos igual o más precarios. Y el grupo de 59 personas disminuyó a menos de 10, todas mujeres.

Pese a los obstáculos, las trabajadoras nunca desistieron y en 2021, en medio de la pandemia por COVID-19, organizaron un nuevo plantón, pero esta vez afuera del Senado de la República porque supieron que el IEMS continuó despidiendo impunemente a más trabajadoras. 

Este plantón duró 3 meses, durante los cuales las trabajadoras escribieron una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que le pidieron que interviniera para que la sala número 16 de la JLCA de la Ciudad de México emitiera un laudo por su caso que ocurrió en 2016. 

Este laudo se emitió el 22 de febrero de 2021, bajo el expediente 127/2016, pero la defensa legal de las trabajadoras fue notificada hasta agosto del 2021. Lejos de reconocer los derechos de las trabajadoras, el laudo favoreció al IEMS al no reconocer la relación laboral entre la institución y las trabajadoras.

Las mujeres organizadas decidieron continuar su defensa legal a través de un amparo directo, el cual les concedió el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo finalmente este 16 de agosto de 2022. Esta nueva sentencia dice que la JLCA debe dejar sin efectos el laudo anterior y dictar uno nuevo que favorezca a las trabajadoras al reconocer que sí se demostró la relación laboral con el IEMS. Con ello, la Junta debe resolver sobre las prestaciones y derechos que, como aún reclaman las trabajadoras, les fueron violados al despedirlas sin justificación ni indemnización de por medio. 

En estos años, Guadalupe Carrasco decidió concluir sus estudios de preparatoria para conseguir más herramientas para la defensa de sus compañeras y se separó de su esposo porque no aceptaba que ella participara en actos públicos.El resto de las trabajadoras buscó otras formas de vida pero participan activamente en el plantón, donde venden alimentos para continuar con su lucha.

Las trabajadoras -ahora convertidas en defensoras de los derechos humanos laborales- se aliaron con otras colectivas y organizaciones defensoras que las acompañan; se capacitan sobre sus derechos, organizan torneos, posadas, rifas y otras actividades para fondear su lucha; marchan y protestan afuera de las instituciones de gobierno; planean jornadas informativas para advertir a otras trabajadoras sobre los abusos; y hasta acompañan organizativamente a otras trabajadoras de intendencia despedidas en estos planteles.

Este caso se ha convertido en emblemático en todo el país para ejemplificar cómo la subcontratación es un modelo que precariza el trabajo, principalmente el que realizan las mujeres, para enriquecer a las empresas.

La subcontratación o también llamado outsourcing es legal en la Ley Federal del Trabajo desde su modificación en 2012; sin embargo, aseguran las trabajadoras, esta práctica era habitual en el IEMS antes de que fuera legal y ha funcionado para que el instituto tenga derechos como empleador, pero evada sus responsabilidades con las trabajadoras. Esta fórmula también ha servido para enriquecer a empresas subcontratistas que ganan mucho y pagan poco.