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Exigen debida diligencia para víctimas del «Matanovias»

Imagen tomada de Milenio

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México, 28 de junio 2018.-

Tras percatarse de que el Ministerio Público (MP) que investiga el caso había violado sus derechos, familiares de víctimas de Jorge Humberto Martínez Cortez, (también conocido como “el Matanovias”) exigieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esta capital que no cierre la fase de investigación y les permita aportar más pruebas.

La mañana del pasado 26 de junio, familiares de víctimas del llamado «Matanovias» acudieron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en esta capital, para llevar a cabo una audiencia intermedia por la investigación que se abrió desde octubre de 2017 por el feminicidio de Campira Camorlinga a manos de Jorge Humberto.

En esta audiencia intermedia, familiares de la joven acusaron que el Ministerio Público de Investigaciones había cometido varias violaciones al debido proceso toda vez que no se les notificó debidamente sobre que ya se había hecho la acusación formal, entregó y validó notificaciones a una persona que no era familiar y no se identificó oficialmente, no se reconoció a la tía de Campira como víctima indirecta (lo que limita el acceso a la investigación a la única familiar en la Ciudad que está al tanto del caso), y que su asesora jurídica (pública) admitió en otras ocasiones que desconocía el expediente. Esto derivó en que la familia no pudiera aportar pruebas ni participar en el proceso penal.

Las familiares pidieron al Juez de Control que no cerrara la fase de investigación (durante la cual el MP competente realiza diligencias para la obtención de pruebas) y que se repusiera esta etapa para que ellas pudieran participar. También solicitaron que en adelante las acompañara como asesoras jurídicas el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), organización civil que acompaña otros casos de violencia feminicida en esta capital.

Imagen tomada de La Silla Rota

Las familiares lograron que el Juez de Control reabriera la fase y otorgara un mes más para que la familia de la víctima, ya no el MP ni la defensa del agresor, agregaran sus pruebas. También concedió la asesoría jurídica del OCNF e incluso ordenó que la Procuraduría de Justicia de la CDMX analizara la carpeta de investigación y determinara omisiones y negligencias por parte de servidores públicos.

Anayeli Pérez Garrido, abogada del OCNF, dijo en entrevista que estas violaciones a derechos humanos son la prueba de que en la procuración de justicia para víctimas de feminicidio en la Ciudad de México prevalecen omisiones, violaciones e irregularidades que impiden el acceso a la justicia.

Este patrón, detalló, ya fue observado y documentado por varias organizaciones de la sociedad civil que en septiembre pasado solicitaron al gobierno de la Ciudad de México que decretara la Alerta de Violencia de Género por –explícitamente- la negativa de la PGJCDMX de investigar el asesinato y desaparición de mujeres con perspectiva de género. Sin embargo, en  lugar de admitir la AVG,  la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres decidió emitir una serie de “medidas provisionales”.

El ONCF también es acompañante legal de la familia de Yan Yang Kyung Jun Borrego, otra víctima del Matanovias, pero del 2014. Al respecto de este caso, la abogada observó que las irregularidades en el proceso penal contra el agresor han sido una constante; ya que de haber atendido en años pasados una denuncia contra en su contra por intento de homicidio, el MP habría evitado el feminicidio de Yan. Asimismo, de haber investigado adecuadamente la denuncia por el feminicidio de Yan –cuyo proceso legal estaba archivado y apenas logró reabrirse- se habría evitado el asesinato en diciembre de 2016 de Campira, todas ellas parejas sentimentales del agresor.

Sobre la determinación el martes pasado del Juez de Control, Pérez Garrida –experta en casos de violencia contra las mujeres- expresó que había sido una actuación muy favorable para el caso, ya que además de admitir las peticiones de las víctimas, solicitó de manera oficiosa la investigación del actuar de los servidores públicos, demanda que se había hecho en otros casos pero que siempre era rechazada por los jueces.

Esto, dijo la defensora, es una consecuencia positiva del nuevo sistema penal acusatorio, ya que –a pesar que tiene elementos cuestionables, precisó- permite a través de las audiencias públicas que sean las propias víctimas quienes narren los hechos. Esto es muy distinto al pasado, donde el testimonio y los detalles lo leía en el mejor de los casos el secretario de actas.

Jorge Humberto Martínez Cortez, «el Matanovias», fue capturado en Guatemala el pasado octubre de 2017 luego de permanecer prófugo durante varios meses, y ahora permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil, al oriente de esta capital.

Imagen tomada de República GT

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