Feminismo
El lobby proxeneta de CDMX y la regulación que se aproxima
Redacción
Georgina Orellano, presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) –a favor de reglamentar la prostitución y con acusaciones por trata de mujeres– se reunió con funcionarias y activistas en la Ciudad de México para hablar sobre “estrategias de reconocimiento del trabajo sexual”.
La visita de Orellano sucede justo cuando el Congreso local discute al menos tres propuestas legislativas que presentaron los diputados Temístocles Villanueva Ramos (Morena), Víctor Hugo Lobo Román (PRD) y José Fernando Aboitiz Saro (PES), para reglamentar el trabajo sexual.
Una de ellas, la de Villanueva Ramos, propone reconocer el “trabajo sexual” como un trabajo no asalariado y plantea otorgar licencias “para identificar y sopesar los distintos intereses que confluyen en la economía del sexo”; una “vigilancia sanitaria”, así como establecer una serie de zonas en las que no se puede “ejercer su oficio”, como prados, camellones, estaciones del metro y de los mercados; en autobuses, tranvías y trenes, hospitales, etc.
A estas propuestas se suma el intento previo del diputado Temístocles -que en el pasado presidió la Comisión de Diversidad Sexual en Morena a nivel federal- de reconocer el trabajo sexual para evitar su criminalización. En otras palabras: intentó reducir el debate a criminalizar o reglamentar para borrar del espectro del debate el argumento abolicionista que plantea la erradicación de la explotación sexual de las mujeres con fines comerciales.
Sin embargo, en 2018, en la capital del país ya se hizo un debate durante la elaboración de la Carta Magna local y se definió que la explotación sexual comercial no puede ser reconocida como trabajo porque esto iría en contra de los derechos de las mujeres.
Ahí se estableció que se debe respetar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que es obligatoria para México y establece la erradicación de cualquier forma de explotación del cuerpo de las mujeres, no su regulación, ya que esto no contribuye a erradicar la violencia contra la población femenina sino que la naturaliza.
Además, de acuerdo con otros instrumentos internacionales en materia de trata de personas, los países no pueden reglamentar la prostitución o someter a las mujeres a registros o a otros controles; el “consentimiento” no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito; la prostitución no puede ser reconocida como un trabajo; no se puede hacer distinción entre prostitución “libre” y “forzada”; y la trata con fines de prostitución y “la explotación de la prostitución ajena” son parte de un negocio ilícito.
Pero las y los funcionarios capitalinos parecen haber olvidado este debate, ya que además de los diputados locales, la presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación (COPRED), Geraldina González de la Vega, subió a sus redes sociales una foto en la que aparece junto a Orellano luego de reunirse para hablar sobre el reconocimiento del trabajo sexual.
Asimismo, durante su visita a la CDMX, Orellano participó en un el Festival del Trabajo Sexual en Puebla; en el foro Trabajo sexual y feminismo(s), en la libretía U-tópicas; y en el encuentro llamado “Instituto Latinoamericano De Sexualidad y Política”, este último organizado por el Instituto Simone de Beauvoir, organización vinculada con la académica Marta Lamas, que cada determinado tiempo impulsa campañas y cabildeos para que en la Ciudad de México se reglamente el consumo sexual del cuerpo de las mujeres, pero que hasta ahora no lo ha conseguido.
Pero Orellano no vino sola. El pasado 23 de octubre, Elena Reynaga, fundadora de AMMAR e integrante de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, participó en un foro para hablar sobre el trabajo sexual, convocado por el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, Congreso de la CdMX.
¿CDMX pacta con asociaciones vinculadas a la trata de personas?
Georgina Orellano, junto a Elena Reynaga, fundadora de AMMAR, aseguraron en una entrevista televisada que ellas sabían dónde estaban las víctimas de trata pero que darían los nombres a cambio de que se reglamente la prostitución en su país.
Por otra parte, la AMMAR (organización que dirige) tiene una investigación judicial en contra por trata de personas desde 2013, ya que se acusó a una mujer de 47 años por captar mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente, bajo la fachada de una supuesta cooperativa afiliada a la organización argentina.
Algunas integrantes de AMMAR también fueron asociadas a las agresiones físicas y verbales que recibieron mujeres feministas radicales por parte de un hombre transfemenino en la asamblea del «Ni una Menos» que se realizó en febrero rumbo a los preparativos del 8 de marzo (8M).