Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
El personal de salud no es el único que ha estado al frente de la atención de la pandemia. Las mujeres que trabajan en el campo como agricultoras, campesinas, jornaleras y vendedoras en tianguis y mercados también realizan una actividad esencial durante esta contingencia sanitaria: garantizar la seguridad alimentaria.
Lorena es una mujer de campo. Vive en Belén, un pueblo del Estado de México. Tiene una familia amplia, con un hijo de siete años con labio leporino que requiere atención médica especial. Para ella no hay “quédate en casa” porque el ciclo productivo en el campo no puede detenerse y de ello depende el sustento de su familia: recoge los huevos que pusieron las gallinas, limpia el machero de los puercos, siembra maíz y almacena pulque en tinacales, para luego vender estos productos en las cercanías de las pirámides de Teotihuacan.
Tal vez ésta última, el comercio de sus productos, sea la única de sus actividades que se ha visto afectada por la pandemia, ya que sus ventas han decaído tras la ausencia de visitantes a la zona. Sin embargo, Lorena no puede ni quiere parar totalmente sus actividades en el campo, pues, como ella dice, la naturaleza tiene un ciclo para el cultivo, la producción y el sostenimiento de los animales, y hay que continuar.
Esto es sólo un ejemplo de lo que podrían estar viviendo las más de 700 mil mujeres que se dedican a las actividades primarias en México: 78.7% se ocupan en la agricultura, 17.8% en la ganadería, 14% en la pesca, y el resto se dedica a otras actividades del mismo sector, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Todas estas actividades fueron consideradas esenciales al entrar a la Fase 2 de la contingencia.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres producen entre 60 y 80% de los alimentos de los países en desarrollo y la mitad de los de todo el mundo; además, realizan la mayor parte del trabajo de procesamiento, transporte, almacenamiento y mercadeo de los productos agrícolas.
En México la mayoría de las mujeres en los campos no son dueñas de las tierras que trabajan. Datos de la Procuraduría Agraria indican que aunque las mujeres representan más de la mitad de la población en el campo (50.4%), ellas sólo tienen la cuarta parte de los derechos sobre la propiedad social (ejidos y tierra comunal). A pesar pesar de su acceso limitado a la tierra en calidad de posesionarias, las mujeres rurales e indígenas participan en múltiples actividades productivas del campo, ya que representan 30% de quienes las realizan.
Sus actividades van desde el pastoreo, cuidado y ordeña de los animales; sin embargo, se tiene registrado que tienen mayor participación en actividades para la agricultura: la siembra, el cultivo
No es casual que las mujeres participen más en la agricultura que en la ganadería. De acuerdo con el texto Mujeres y Tianguis, en México las mujeres (sus conocimientos ancestrales sobre la agricultura y su trabajo) son centrales en el impulso de un sistema alimentario que no esté basado en la sobre explotación de los animales y los bienes naturales, y que, por el contrario, dé respuesta a la necesidad de consumir productos que hayan sido cultivados y manejados con una visión de protección del medio ambiente y sin afectar el patrimonio de las futuras generaciones.
Las mujeres son mayoría en los mercados de productos orgánicos, donde son vistas y reconocidas como productoras-comerciantas; contrario a lo que sucede en el comercio al mayoreo y en algunas modalidades del comercio minorista, en donde las mujeres no son vistas como personas capaces de negociar o como generadoras de ingresos.
Este trabajo está dando resultados. Durante la contingencia sanitaria por la Covid-19, la FAO advirtió una disminución en la oferta y demanda de carne, en gran medida por problemas de logística para su producción; no obstante, observó un aumento significativo a nivel mundial en la producción de cereales y frutas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2014, las mujeres que participan en la producción agrícola con mano de obra (como jornaleras, por ejemplo) producen principalmente cultivo de cebolla (32.9%), melón (32.7%), sandía (29.7%), manzana (23.5%) y café (19.6%). En el caso de las unidades de producción que ellas dirigen, se produce principalmente cacao, caña de azúcar, café y frutales.
Estas actividades generan ganancias al país. De todo esto, 83.1% se destinó a la venta; 13.0%, al autoconsumo —consumo que se dio a los animales propios, al consumo familiar y el resguardo de semillas para siembra—; y 3.9% fue estimado como pérdida.
El valor económico de la producción de las mujeres rurales ha incrementado significativamente en los últimos años. De acuerdo con el informe El Sistema Alimentario en México, de la FAO, el valor de la producción pasó de 58 mil 881 millones de pesos en 2015 a 75 mil 042 millones para el 2016, lo que representó un incremento en participación del 13 al 15% del valor total de la producción agropecuaria a nivel nacional.
Sin embargo, este aporte económico al país no se le devuelve a las mujeres. De acuerdo con la FAO, se estima que en el medio rural habitaban cerca de 3.6 millones de mujeres indígenas, quienes son depositarias ancestrales de la seguridad alimentaria en México y representan un sector estratégico para el desarrollo del campo, tanto por sus contribuciones como productoras, jornaleras, artesanas y por el papel en la reproducción de esos saberes.
Lorena, por ejemplo, podrá enfrentar la disminución de sus ventas durante la pandemia si produce (sin remuneración) los alimentos y servicios básicos para ella y su familia, pero no podría enfrentar en términos económicos una urgencia de salud, pues no tiene seguridad social para ella ni sus hijos.
Las jefas de hogar en las zonas rurales son quienes reciben menos ingresos promedio y son altamente dependientes de transferencias públicas y privadas, lo que dificulta su autonomía económica. Se estima que 85% de las mujeres indígenas de zonas rurales viven en pobreza y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2 de cada 10 de estos hogares dirigidos por una mujer presentan inseguridad alimentaria.