Cuando el Estado desapareció más de 18 horas a Michelle

Patricia Karina Vergara Sánchez

Las mujeres que han roto la ley, o que se cree que la han roto, y están presas por ello, reciben en promedio sentencias más altas que los hombres y viven más abandono por parte de sus familiares y conocidos, así como mayor sanción social, ya que se les estigmatiza por ser mujeres y por su ruptura con la ley.

Triples vulnerabilidades padecen aquellas que son madres y que tratan de mantener el vínculo de afecto con sus hijos e hijas, aún bajo el estigma; las dificultades económicas y familiares y el depender de quienes desde el exterior les permiten o no ver a sus menores, les ayudan o dificultan el proceso de crianza; les disputan las custodias aprovechando la situación de prisión y, a diferencia de otras maternidades; mientras crían viven de cerca la vigilancia permanente del Estado.

La mirada social no tiene piedad, hay un imaginario colectivo en donde, si una mujer está en prisión, sin importar cuál es la razón de esa prisión, es automáticamente leída como mala madre e, incluso, peligrosa.

Igualmente, hay un factor racista y clasista que se pone un velo inmediato en la mirada de quienes aseguran que una menor o un menor estará mejor en manos de cualquiera, menos en cercanía de una madre cuyas condiciones están determinadas por la pérdida de la libertad.

Todos estos factores se conjugaron el viernes pasado, 12 de julio de 2019, cuando, tras un proceso propiciado por el dicho de uno de los custodios –que, curiosamente, son los principales violentadores cotidianos de las mujeres en prisión-, Michelle la hija de dos años de edad, todavía lactante de Juana Imelda Aguilera González, fue separada de su madre por personas cuya identidad era en ese momento desconocida y sin asesoría ni acompañamiento legal a una mujer cuya vulnerabilidad estaba acrecentada por desconocer la situación, por estar en custodia del Estado y por estar aislada de cualquier apoyo social a su alrededor.

Ni a Juana Imelda ni a su familia, a quien pidió apoyo tan pronto como pudo, les informaron el paradero de la menor. En distintas instancias les negaron la presencia de la niña y un trato digno. Lograron investigar varios supuestos de su localización, pero ninguna respuesta oficial.

(¡Qué dato tan significativo que las autoridades decidieran llevarse a la niña un viernes por la tarde, cuando casi todas las instancias gubernamentales cierran y no reinician funciones hasta el lunes siguiente!)

La desesperación al paso de las horas, llevó a la familia y a organizaciones de mujeres a lanzar vía redes sociales la pregunta abierta a las autoridades: ¿En dónde está Michelle?

A las 10:29:00 A.M. del 13 de Julio de 2019, 18 horas después de no saber el paradero de la niña, responde con un tuit Antonio Hazael Ruíz, subsecretario del Sistema Penitenciario.

Señaló, en primer lugar, que “La menor es hija de una persona privada de su libertad”, no se le fuera a olvidar a la población ese dato. Anunció que estaba en manos del DIF y que había una “probable” existencia de maltrato.

Más tarde, el Gobierno de la Ciudad de México emitió un comunicado sin firma en donde la “probable existencia de maltrato” ya se había convertido en “reporte por parte de las autoridades del Centro Femenil, en el que referían hechos que vulneran los derechos de la niña Michelle”. Así mismo, aseguraban la comunicación con la familia de la niña, lo cual fue desmentido por los propios familiares.

A las 13:04, se emitió un tuit seguido de un comunicado por parte de Reinserta, una ONG, de las tantas instancias a las que se les preguntó sobre el paradero de Michelle, quien también se refiere a un “reporte de hechos que vulneran los derechos de la niña”; se congratula de la actuación del DIF y se anuncia en interlocución con la familia, declaración que también la familia desmiente.

Cabe insistir aquí en visibilizar dos elementos interesantes:

Ambos comunicados señalan la existencia de un reporte. Un único reporte, sin investigación, ni avisos, ni indagación formal con el entorno, del cual la familia extensa estuviese prevenida, si había realmente algún peligro para Michelle. El reporte único como elemento que fundamenta la abrupta separación de una lactante de su madre.

Segundo señalamiento importante: ambos comunicados se encargan de omitir la “presunción” de la comisión del hecho. En comunicados en que se refieren a violadores, asesinos, estafadores, las instancias se ocupan de señalar que, hasta que no ocurra una sentencia, se trata de la “probable comisión” de un ilícito. En tanto, en el caso de la separación de Imelda y Michelle, sin investigación concluida y sin el procedimiento legal correspondiente, al que ellas tienen derecho, se implica o, al menos no se relativiza, que Imelda vulnera a Michelle.

Para las 14.32 ya La Silla Rota, medio de tendencia oficialista, abordaba sólo la opinión de la directora de Reinserta y publicaba el titular tendencioso: “Rescatan a niña víctima de violencia dentro de Santa Martha Acatitla”.

Es así como un reporte de un custodio se convierte en una bola de nieve, que tras la visibilización en redes de la “omisión” de 18 horas por parte del Estado de informar el paradero de una pequeña y la vulneración flagrante a los derechos humanos de la madre, se convierte en un discurso criminalizante de la maternidad de una mujer en prisión.

Lo más doloroso aquí es que, dada la forma revictimizante en que han ocurrido estos sucesos, no hay forma posible de garantizar que la investigación sobre el bienestar de Michelle sea justa y privilegie el interés superior de la menor, no por arriba de la necesidad de cubrir las negligencias de las instituciones.

No nos queda más que, como mujeres organizadas, estar muy atentas a este caso.

*Fuente de fotografía: El País