Frente a un sistema de justicia patriarcal, autodefensa legal feminista: abogada Gabriela Amores

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

 

Ciudad de México, 28 de octubre de 2018.-

 

El sistema de justicia mexicano violenta a las mujeres que deciden denunciar. Sin embargo, existen estrategias legales construidas desde el feminismo que posibilitan a las víctimas no sólo acceder a la justicia, sino recobrar en este camino su poder y dignidad.

Así lo reflexionó en entrevista para La Crítica, la abogada feminista Gabriela Amores Moya, que desde 2010 litiga exclusivamente para mujeres, da clases a universitarias de Derecho y Criminología en el Estado de México a quienes explica la importancia de centrar la justicia en las víctimas, e imparte talleres a mujeres no abogadas sobre cómo defenderse legalmente.

La también activista por los derechos de las mujeres reconoció que el sistema de justicia que opera en México es una institución patriarcal que a través de sus leyes y de quienes lo operan, violenta a las mujeres que deciden denunciar los delitos que padecen.

Gabriela explicó que -según su experiencia acompañando a víctimas- entre los obstáculos más frecuentes que enfrentan las mujeres para el acceso a la justicia, y que demuestran la misoginia del sistema, está que los oficiales sin rango o incluso practicantes impiden a las mujeres presentar denuncias por violencia familiar bajo el pretexto de que deben sacar una ficha o que no hay sistema; esto sucede, explicó, a pesar de que son los Ministerios Públicos (MP) las únicas personas posibilitadas para informar a una víctima sobre si puede o no presentar la denuncia. Esto es frecuente en todo el país, es una consigna que ya tienen los oficiales, dijo.

Otro obstáculo, de acuerdo con la litigante, es la dilación en los procesos, ya que integrar una carpeta para presentar al juez de control (el primer juzgado de todo el proceso legal) podría tardar de 8 meses hasta 1 año, y si la carpeta no se elaboró correctamente, el juzgado la puede rechazar. Mientras, no se detiene a los delincuentes ni se proporcionan mecanismos de protección. Por eso, criticó, los procesos judiciales son tan costosos para las mujeres.

Los obstáculos no acaban ahí. De acuerdo con Amores, uno de las mayores fallas está en la falta de información para las víctimas. Esto porque los MP no informan sobre cómo presentar una denuncia, lo que también retrasa los procesos. A esto se suma que las autoridades archivan las denuncias porque supuestamente las víctimas no demuestran interés en su caso, pero en realidad, son los oficiales quienes les piden que vayan cada 15 o 20 días a revisar el expediente.

Además, los oficiales piden detalles muy puntuales y revictimizantes, como de qué lado puso el pie el agresor mientras violaba a la mujer, quien entonces luchaba por su vida.

¿En este contexto se pueden desarrollar estrategias feministas para garantizar justicia dentro de un sistema patriarcal? La activista asegura que sí. Ella, por ejemplo, cuando llega a un juzgado se empeña en que el proceso se haga con base en las legislaciones nacionales e internacionales centradas en las mujeres y no sólo en los Códigos Penales.

Por ejemplo, la defensora dijo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia le ha resultado fundamental para acompañar a las víctimas, ya que ahí están explícitas las violencias y se detallan las condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, muchas veces los juzgadores intentan negarse a usar esta legislación simplemente porque no la conocen, pero -precisó- es una herramienta legal tan válida como cualquier otro reglamento y hay que insistir en usarla.

Además de esta ley nacional, Amores busca la justicia comparada, por lo que siempre refiere tratados internacionales sobre los derechos de las mujeres, cuyo cumplimiento son una obligación constitucional del Estado mexicano. Por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, mejor conocida como Belém Do Pará; o la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la CEDAW; así como diversas sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, son instrumentos legales a los que las abogadas pueden recurrir porque son vinculantes; es decir, de obligado cumplimiento en México. Este marco normativo fue creados después de los años 70 en foros internacionales de mujeres con el fin de generar un marco mínimo de protección que todos los Estados deben garantizar para su población femenina.

Otra estrategia de Amores ha sido la de dar talleres de, lo que ella llama, autodefensa legal feminista y de perspectiva legal feminista, estos son proyectos que tienen por objetivo enseñar a mujeres que no son litigantes cómo presentar una denuncia ante el MP; reconocer los delitos (las violencias) contra las mujeres; revisar los artículos en los que están tipificados estos delitos en el Código Penal de cada Estado; cómo describir los hechos vividos para que tras la denuncia se pueda abrir una carpeta de investigación; y qué pruebas necesitamos para denunciar dichos delitos.

Otra estrategia ha sido dar clases de Derecho en universidades del Estado de México, una entidad en la que -reconoció- la violencia institucional contra las mujeres se construye desde las aulas, donde profesionalmente se enseña a las y los abogados a culpabilizar a las víctimas.

“Yo decido venirme hasta acá a dar clase. Mi activismo es reconocer a la mujer de este lado, reconocer sus derechos, que mis estudiantes sepan que el Derecho que les han enseñado no es la solución, que no hay que construirse bajo la mirada criminal sino la mirada victimológica. Si no construimos así, seguiremos siendo parte de eso, de este Estado que es falta de oportunidad, que nos ha limitado tanto con la perspectiva misógina de quienes litigan y hacen programas para nosotras. Voy construyéndome poquito a poquito porque no puedo decir que el patriarcado morirá, pero tengo que escribir de alguna forma mis estrategias para que sepan lo que está sucediendo aquí en el Estado de México, en toda la República mexicana, y en toda Latinoamérica”, expresó la activista.

Ahí, en las aulas, Gabriela les enseña a sus alumnas y alumnos la importancia de reconocer a las víctimas. Por ejemplo, en días pasados sus estudiantes de criminalística decidieron hacer un mural sobre asesinos seriales de mujeres, pero ella les propuso cambiarlo y hacer de ese mural una ofrenda que reconozca y nombre a las víctimas de feminicidio.

La abogada aseguró que en lugar de un nuevo sistema de justicia penal como el que estrena el país, y que es una réplica de otros modelos de justicia en otros países, se requiere un cambio más estructural, que se consigne en la constitución, y que, principalmente, mencione a las víctimas y hable de una reparación no únicamente económica, sino que reconozca los daños físicos y psicológicos que la violencia genera.

Pese a que la violencia contra las mujeres en su forma más extrema, el feminicidio, se recrudece con al menos 7 casos de asesinatos al día, la abogada insiste: “yo al final creo en mi ley, creo en mi profesión porque cuando una mujer quiere divorciarse porque ha sido golpeada, el día de la sentencia el canijo está agachado y la compañera a la que representé está bien empoderada. Por eso sigo creyendo, porque al final empoderamos a las mujeres, ayudamos a las compañeras a regresar su dignidad.”