El aborto en Colombia: un derecho en riesgo

Imagen vía Utadeo

Por Tatiana Duque

Diferentes movimientos feministas, de mujeres y de derechos humanos advirtieron los riesgos que correrían los derechos ya conquistados de las mujeres, y la posibilidad de retrocesos, e incluso persecución y censura, en caso de que Iván Duque fuera elegido presidente de Colombia.

Los temores surgieron después de estudiar el proyecto político de Duque, en donde se proponía un Ministerio de la Mujer y la Familia –nada más patriarcal-,  y cuyas propuestas, en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres, eran pobres o nulas.

El hecho de que su fórmula presidencial, Marta Lucía Ramírez, sea mujer no garantiza que asuma la lucha de las mujeres y la defensa de sus derechos.  Y que personajes como Ordoñez y Vivian Morales hagan parte de su campaña es una alarmante. Sobran razones, una de ellas, y la que destaca, es que, tanto Iván Duque[1] como Martha Lucía Ramírez[2] han expresado estar en contra del aborto.

Estamos ante un gobierno anti-derechos que i)ignora –y no le importa- las consecuencias y las muertes por los abortos clandestinos, ii) No parece tener interés alguno –y no es inocente- en desplegar políticas públicas fuertes en educación sexual integral y anticonceptiva y iii) Con la intención del Centro Democrático de quitar el Enfoque Diferencial de la JEP, quedó claro que estamos ante un gobierno al que no le importa defender y garantizar los derechos humanos de la mitad de la población.

POR UN ABORTO LIBRE Y SEGURO

El aborto no es un debate ideológico, sino un derecho fundamental que se desprende de nuestros derechos sexuales y reproductivos[3] y es, además, un hecho real y tangible que nos atraviesa como mujeres.

A través de la Sentencia C-355 de 2006 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias:

1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer.
2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida.
3. Cuando el embarazo sea el resultado de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Sin embargo, muchas mujeres sigue abortando en la clandestinidad, a pesar de entrar en alguna de las tres causales. Las razones: el desconocimiento del marco legal, la aplicación insuficiente y limitada de las causales que llevan a la negación injustificada de los servicios, la solicitud de requisitos adicionales que no contempla la norma y la aplicación inadecuada de la objeción de conciencia a la realización de la interrupción voluntaria de embarazo (IVE)[4].

Profamilia reportó que durante 2017 se practicaron 10.517 abortos[5], cifra que contrasta con un cálculo (aproximado) de 400.400 abortos inducidos de los cuales sólo 322 fueron interrupciones voluntarias de embarazo (IVE)[6].  Según el Informe Perspectivas Internacionales en Salud Sexual del Instituto Guttmacher (2006) en Colombia cada año mueren 70 mujeres como resultado de aborto clandestinos. La cifra actual se desconoce.

Las cifras de aborto en Colombia varían según la institución que las reporta. No existe un sistema de información integral que permita conocer todo el panorama, de esta manera el Estado elude la obligación de ejercer políticas públicas que acaben con la clandestinidad. Por otra parte, el silencio y el enfoque fragmentado que se tiene de la IVE perpetúa la sanción social, evita su normalización y legitima discursos que se oponen al libre ejercicio de nuestros derechos fundamentales.

La aplicación de la IVE es limitada y llena de trabas. La interpretación correcta de la primera causal “cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la salud de la mujer”,  podría evitar abortos clandestinos, complicaciones gravísimas post-aborto y salvar vidas pues el concepto de salud refiere también al bienestar mental y social. La afectación en la salud mental de una mujer es causal suficiente para solicitar la IVE[7].

El aborto en contextos higiénicos, mediante procesos adecuados y humanos no es una experiencia traumática[8]. Sí lo es obligar a una mujer a llevar a término un embarazo no deseado, sin importar el motivo. El bienestar social, por otra parte, tiene que ver, por ejemplo, con situaciones en las que una mujer en condiciones de pobreza y alta vulnerabilidad no pueda hacerse cargo de su hijx. Sin embargo, en la práctica, se reconoce la afectación a la salud física como única valida para acceder a la IVE.

¿Qué pasa con las mujeres que no entran en las tres causales? Se estima que el 44% de los embarazos no planeados en Colombia terminan en aborto inducido. Si tenemos en cuenta que menos del 1% del total de abortos anuales son IVE[9], ¿cómo creen que se realizaron los demás? La clandestinidad tiene muchos rostros, todo depende del dinero que se tenga en el bolsillo; las mujeres pobres, vulnerables y/o que viven zonas rurales alejadas, abortan en condiciones infrahumanas. Y muchas de ellas, mueren.

¿QUÉ ESTÁ EN RIESGO?

Para el colectivo feminista Siete Polas el equipo de Iván Duque integrado, entre otros ultraconservadores, por Alejandro Ordoñez  y Vivian Morales, representa un riesgo en la garantía efectiva de los derechos de las mujeres, como lo es el aborto.

“El exprocurador Alejandro Ordóñez durante su mandato en la procuraduría persiguió a muchas mujeres que se practicaban abortos. En la Sentencia T-627 de 2012, la Corte Constitucional ratifica que Ordóñez en variadas ocasiones hizo afirmaciones falsas acerca de los derechos sexuales y reproductivos perjudiciales para la formación de las mujeres en estos temas. Por ejemplo, afirmó que una píldora anticonceptiva era abortiva y que la IVE en los tres casos no era un derecho. Además, se negaba a cumplir las órdenes de la Corte en varias sentencias sobre este tema.”

Además, recuerdan que Viviane Morales, con su defensa por el Referendo Discriminatorio que buscaba prohibir la adopción por parejas del mismo sexo, atenta directamente con uno de los derechos sexuales y reproductivos que es el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción, ni violencia . El Centro Democrático, partido al que pertenece Iván Duque, votó a favor de realizar este referendo.[10]

Otro rasgo que demuestra el potencial riesgo, es el hecho de que entidades públicas como el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la Fiscalía cumplen un rol fundamental en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean dirigidos por personas con agendas cristianas en contra del aborto. Hay que recordar que esos cargos o los elige el presidente o los elige el Congreso con ternas del Presidente (como el Fiscal o el Procurador), por lo que Duque tendrá un control amplio sobre quiénes estarán ahí.[11]

El aborto aún está penalizado parcialmente en Colombia. Que el Estado lo defina como un delito configura un mensaje netamente patriarcal: naturalizar la maternidad forzada y obligatoria construida como “lo natural e inherente a la mujer”. La prohibición legal del aborto no significa defender la vida, es un acto de control sobre las decisiones de vida sobre nuestro cuerpo y nuestra capacidad de gestar.

[1] Aborto y Campaña. El Tiempo.

[2]Soy 100% defensora de la vida y contraria al aborto. www.martalucia.com

[3][3] Declaración de la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo de El Cairo.  1994

[4] Un derecho para las mujeres: La despenalización parcial del Aborto en Colombia. La Mesa por la vida y la salud de las mujeres.

[5] El 2017 dejó 10.517 abortos legales realizados por profamilia. El Universal.

[6] Informe Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia: causas y consecuencias. 2008.

[7] Interrupción voluntaria del embarazo, un derecho humano de las mujeres.  Ministerio de Salud y Protección social

[8] https://www.guttmacher.org/article/2010/10/examining-association-abortion-history-and-current-mental-health-reanalysis-national

[9] Ídem

[10] Consulta a Colectivo Siete Polas. http://www.sietepolas.com

[11] Consulta a Colectivo Siete Polas. http://www.sietepolas.com