Primero reconocer la prostitución como trabajo sexual y ahora regular los vientres de alquiler. Estás son algunas de las demandas que el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) busca conceder a algunas organizaciones que han hecho lobby político con agenda neoliberal a favor de la explotación del cuerpo de las mujeres para beneficio de los hombres.
El pasado 12 de noviembre, la diputada perredista Gabriela Quiroga Anguiano presentó ante el pleno del Congreso capitalino una iniciativa para crear la Ley de Reproducción Asistida para la CDMX.
Esta iniciativa consiste en enlistar diferentes Tratamientos de Reproducción Asistida (TRA), entre ellas las de rentar o utilizar gratuitamente el vientre de una mujer. A esta técnica se le llamó en la ley “gestación por sustitución” o maternidad subrogada.
Esta propuesta de ley está centrada en conceder derechos a “quienes acceden a éstas por no poder concebir de manera natural”; es decir, para quienes rentarán el vientre de una mujer (llamados “solicitantes”).
Un ejemplo de esto es que la iniciativa estipula que en caso de la maternidad subrogada “la receptora” (la mujer que prestará su vientre) deberá firmar un contrato y explicar en él si se somete al tratamiento de manera “onerosa” y gratuita.
Además, la ley señala que ella podrá interrumpir el embarazo cuando desee pero deberá acatar sanciones (sin especificar cuáles); mientras que para “los solicitantes” no se habla de castigos de por medio.
La única restricción es que necesitan el permiso de la mujer para interrumpir el embarazo.
Esta ley también niega a la mujer que renta su vientre reclamar cualquier derecho de filiación una vez que se logra la gestación del producto, incluso tras el fallecimiento de “los solicitantes”.
De acuerdo con Quiroga, esta reforma está basada en el artículo cuarto de la Constitución, que establece el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos.
Sin embargo, ese artículo se creó originalmente para que ninguna mujer fuera obligada a tener más hijas e hijos de los que deseaba, no para que otras personas puedan beneficiarse del cuerpo de ellas.
En esta iniciativa van de la mano el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Durante la presentación de la iniciativa, el diputado panista Jorge Triana dijo: «¿Qué es lo que estamos proponiendo en concreto? Que pueda ser una mujer la que lleve a cabo todo el proceso de gestación, todo el proceso de embarazo, que lleve en su vientre pues a un hijo, a un vástago como se le llama en términos biológicos, de los padres originarios».
«Esto por supuesto tendrá que ser objeto de un contrato bien establecido, protocolizado ante un notario público, radicado en un juzgado de lo familiar debidamente, autorizado por un Consejo», explicó el diputado.
Y agregó: «Es una gestación altruista; es decir, son mujeres voluntarias las que lo llevan a cabo, pero incluso en el sistema altruista hay una remuneración de por medio. ¿Por qué? Pues por los gastos clínicos, por el tiempo que se pierde, los salarios caídos en el empleo de la mujer que lo lleva a cabo, etc., siempre hay una remuneración de por medio esto tendrá que quedar debidamente plasmado en un contrato que dé certeza».
Pero ni la propuesta legislativa ni quienes la presentaron informan sobre la condición de vida de las mujeres que acceden a este tipo de tratamientos en México.
Y tampoco explican cómo esta iniciativa impactará en la salud o vida de las “receptoras”. Además, la iniciativa sólo establece la necesidad de un contrato pero no especifica qué derechos debe contener para proteger la vida, la salud y la integridad de las mujeres que participen en el proceso.
Por su parte, la también legisladora por el PAN, América Rangel Lorenzana, dijo «estoy a favor de la vida, estoy a favor de la familia, estoy a favor de la procreación […] Es una iniciativa muy humanista, estamos a favor de la familia y esto se ha llevado a cabo en otros países como España, como Portugal…»
Desde 2008, algunas organizaciones sobre derechos sexuales y reproductivos han elaborado informes y se han acercado a diferentes legisladores de la entonces Asamblea Legislativa de la CDMX para que regulen la maternidad subrogada, que hasta ahora solo es legal en Sinaloa y Tabasco.
El principal argumento de estas organizaciones es conceder a las parejas que biológicamente no pueden tener hijos, un derecho que no existe: ser padres a costa del uso del cuerpo de las mujeres que tienen menos oportunidades económicas.