Trabajadoras de Intendencia Organizadas: 3 años de resistencia por los derechos de todas

Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México, 4 ene 19.- Guadalupe Carrasco, de 51 años de edad, vive en la zona oriente de la Ciudad de México. Renta una habitación de dos piezas. En las mañanas manda a sus hija e hijo a la escuela y se va al centro de la capital para participar en asambleas, mítines, marchas y otras formas de protesta social; se lleva su catálogo de toppers, lo que la sostiene; regresa en la tarde a tomar sus clases de preparatoria; y cuando sale, hace guardia en el plantón que instaló hace 3 años junto con sus compañeras para evidenciar la violación a sus derechos humanos laborales.

Esta es la historia de 51 mujeres, un trabajo precario que les fue arrebatado y tres años de organización colectiva.

El despido

Un 8 de enero de 2016, 59 personas (51 mujeres y 8 hombres) que realizaban trabajos de limpia en los diferentes planteles educativos del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS) -la mayoría adultas mayores y principales aportadoras del ingreso en su hogar- recibieron la noticia de que ya no podían regresar a su empleo.

Aunque no les dieron justificación, ellas aseguran que el despido se debió a que en días pasados se negaron a firmar un contrato colectivo con un llamado sindicato de protección (o simulado) y, en cambio, ejercieron su derecho a la libre asociación y se sumaron a la exigencia del Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS para que se les basificara y reconociera sus derechos laborales como al resto del personal.

Además, según denunciaron entonces públicamente, se les negaron vacaciones, se les  cambió de lugar de trabajo y se les llamó “chismosas” por apoyar a otras trabajadoras. 

Hasta ese día, las trabajadoras eran reclutadas y recibían indicaciones directamente del personal directivo del IEMS; sin embargo, eran subcontratadas por distintas empresas a las que la institución educativa pagaba por el servicio de limpia. El día del despido, la empresa en turno fue Roc S.A de C.V, también llamada Mantenimiento Roc S.A de CV, o Roc-man.

A decir de las trabajadoras, las empresas cambiaban (al menos de nombre) cada determinado tiempo para evitar que las mujeres generaran antigüedad, y parchaban los uniformes con nuevos logos para simular que eran empresas distintas pero los dueños eran los mismos.

Los días siguientes al despido, el IEMS publicó un comunicado en el que aseguraba que el Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Rama de las Limpieza, Vigilancia y Servicios Relacionados (al que las trabajadoras se negaron a afiliarse por tratarse de una simulación) “asumiría el compromiso de interceder ante la empresa Mantenimiento Roc S.A. de C.V. para mantener su fuente de empleo.” De acuerdo con la versión del IEMS, “un reducido grupo de trabajadores no aceptó el ofrecimiento y a manera de presión entorpecieron las labores escolares y de limpieza en los planteles”.

La resistencia

Las mujeres se organizaron. Para algunas no era la primera vez. Por ejemplo, Guadalupe ya había intentado participado en una cooperativa de trabajadoras de limpia para concursar ellas mismas por las licitaciones, pero fueron defraudadas; y también participó activamente con el sindicato independiente del IEMS para distintas demandas. Sin embargo, sí fue la primera vez que tomó un micrófono y habló en público para denunciar.

Lo primero que hicieron fue mandar desplegados y hacer conferencias de prensa para dar a conocer públicamente su caso. También hicieron plantones afuera de varias de las preparatorias capitalinas. Luego exigieron al entonces director del IEMS, Ulises Lara, que las reconociera como empleadas de los planteles y las apoyara para encarar a la empresa subcontratista. El director no las reconoció como trabajadoras del plantel, se negó a mostrar el contrato entre el IEMS y la empresa, y después dejó el cargo.

Después buscaron a la entonces Secretaria de Educación de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, para que obligara a la institución y a la empresa a restituirlas en su empleo. La funcionaria se negó a hablar públicamente del tema y luego se fue a contender por la jefatura de la capital.

Las mujeres acudieron a la entonces Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García,  y a la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, quienes les ofrecieron un seguro de desempleo por menos de 4 mil pesos mensuales durante seis meses a sólo 22 trabajadoras en lo que encontraban otro trabajo o se capacitaban, pero se negaron a interceder para obligar al IEMS a reconocerlas como trabajadoras. 

También fueron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para demandar al IEMS su responsabilidad. A pesar de las pruebas que juntaron las trabajadoras y los mítines que organizan afuera del recinto, las audiencias se retrasan sin motivo y el caso no ha derivado en sentencia.

Y el pasado 8 de mayo de 2018, la Comisión de los Derechos Humanos de la CDMX cerró su caso -con el expediente CDHDF/V/122/TLAL/15/D7799- al considerar que “no había elementos para demostrar violaciones a los derechos humanos laborales de las trabajadoras”.

Ninguna autoridad quiso encarar la exigencia de fondo de las trabajadoras: restituirlas en el empleo y modificar el estatuto del IEMS para que en adelante todas las trabajadoras de limpia fueran reconocidas en los estatutos como empleadas directas del instituto.

En cambio, las mujeres y sus aliadas han sido amenazadas, hostigadas y violentadas en su plantón en el plantel Benigno Juárez Iztapalapa II y muchas de las trabajadoras tuvieron que dejar los actos de protesta para buscar otros empleos igual o más precarios. Y el grupo de 59 personas disminuyó a menos de 10, todas mujeres.

Guadalupe decidió concluir sus estudios de preparatoria para conseguir más herramientas para la defensa de sus compañeras y se separó de su esposo porque no aceptaba que ella participara en actos públicos. El resto de las trabajadoras buscó otras formas de vida pero participan activamente en el plantón, donde vende alimentos para continuar con su lucha.

Las trabajadoras -ahora convertidas en defensoras de los derechos humanos laborales- se aliaron con otras colectivas y organizaciones defensoras que las acompañan; se capacitan sobre sus derechos, organizan torneos, posadas, rifas y otras actividades para fondear su lucha; marchan y protestan afuera de las instituciones de gobierno; planean jornadas informativas para advertir a otras trabajadoras sobre los abusos; y hasta acompañan organizativamente a otras trabajadoras de intendencia despedidas en estos planteles.

Este caso se ha convertido en emblemático en todo el país para ejemplificar cómo la subcontratación es un modelo que precariza el trabajo, principalmente el que realizan las mujeres, para enriquecer a las empresas.

Mujeres contra la subcontratación

La exigencia de basificación de las trabajadoras fue como una premonición para lo que vendría con su despido. Las mujeres exigieron junto al Sindicato independiente que se les reconociera y basificara.

Su argumento: las actividades de limpieza -que realizan primordialmente mujeres- son elementales para el funcionamiento y sostenimiento de los planteles educativos donde hay laboratorios químicos y salones que deben limpiarse diariamente, “¿por qué habría de considerarlas como trabajadoras de segunda?”. Ellas recibían indicaciones del personal académico y administrativo del IEMS, por lo que reconocen a esta institución como la patronal y no a las empresas subcontratistas, a cuyos representantes desconocen. Y el deslinde de responsabilidades patronales por parte del IEMS vulneraría el cumplimiento de los derechos humanos laborales de las trabajadoras, ¿qué autoridad sería responsable en caso de abusos?, se preguntaban las trabajadoras.

La subcontratación o también llamado outsourcing es legal en la Ley Federal del Trabajo desde su modificación en 2012; sin embargo, aseguran las trabajadoras, esta práctica era habitual en el IEMS antes de que fuera legal, y ha funcionado para que el instituto tenga derechos como empleador pero evada sus responsabilidades con las trabajadoras. Esta fórmula también ha servido para enriquecer a empresas subcontratistas que ganan mucho y pagan poco.

De acuerdo con documentos del portal de transparencia de la CDMX, en 2014 las empresas que ofrecen servicios de limpia, como Roc S.A de C.V. -principal responsable del despido de las trabajadoras- recibieron un mínimo de 3 millones de pesos por el servicio. Sin embargo, con este dinero pagaban a las trabajadoras un salario mensual de 2 mil 500 pesos por jornadas de hasta 9 horas de trabajo, y sin prestaciones de ley de ningún tipo.

La empresa Mantenimiento Roc S.A. de C.V. fue sancionada en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación “por infractora” (sin especificar motivo) pero en 2017 se autorizó a las dependencias de gobierno celebrar nuevamente contratos con ella.

Roc S.A de C.V ofrece servicios de limpieza, fumigación, jardinería, separación, destrucción y disposición final de residuos, y – de acuerdo con su página de internet- entre sus clientes están Canal 11, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, la Delegación Iztapalapa, Educal, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Notimex, Planta de Asfalto del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia Capitalina, entre otros.  

Una demanda vigente

El sistema que permitió que las trabajadoras fueran despedidas de manera impune aún opera. Por ejemplo, en 2018, una empresa subcontratista del IEMS despidió de manera injustificada a Lupita Avianeda, una mujer de 88 años de edad que no tiene otro sustento económico y necesita pagar su renta. Lo mismo hicieron otras dos mujeres más.

Además, sigue pendiente la indemnización por el despido injustificado de las 59 trabajadoras y trabajadores despedidos.

En estos años ha habido otros logros, por ejemplo que el Sindicato Único ganó un juicio contra el IEMS para obligarla a crear una comisión mixta de basificación para personal del semiescolarizado, intendencia, cultura náhuatl y administrativos por honorarios.

Y el pasado 31 de diciembre, las trabajadoras de intendencia organizadas comunicaron que seguirán impulsando la modificación del Estatuto Orgánico del IEMS; que se cumpla el laudo ganado por parte del Sindicato titular del IEMS para la basificación de las mujeres; que se reinstale inmediatamente a las 59 trabajadoras de intendencia despedidas, a Lupita Avianeda de 88 años, y a Maura Caballero Flores y Araceli Medina Varela, despedidas en agosto de 2018; y que se eliminen todas las formas de subcontratación y simulación laboral.

“Si lo que esperaban era que tuviéramos miedo y retroceder se equivocaron, seguimos de pie. Ninguna autoridad quiso escucharnos, eso demuestra que para ellos somos mercancía, no seres humanos con derechos; poco les importó que no tuviéramos un salario para llevar comida para nuestros hijos. Muchos años laborados en el IEMS, pero sin derechos laborales porque para las autoridades ha sido más importante destinar dinero público a bolsillos privados a través del outsourcing, aunque quienes generan la riqueza de este país somos los trabajadores”, aseguraron las mujeres.