Ciudad de México, ene 19.- La pensión por jubilación es un derecho estipulado en la Ley Federal del Trabajo y consiste en el ahorro para la vejez; sin embargo, en México sólo 3 de cada 10 mujeres acceden a él y la mayoría recibe menos de 6 mil pesos mensuales para vivir.
Entre las mujeres que hoy tienen 60 años de edad o más, sólo 3 de cada 10 recibe una pensión, de acuerdo con datos de 2016 de la Encuesta Nacional de Ingresos- Gastos de los Hogares (ENIGH).
Sólo quienes están inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene derecho a una pensión por jubilación. La jubilación es el monto que recibe una persona por trabajar toda la vida y está formada por sus ahorros, la aportación de la o el patrón y la del gobierno.
Sin embargo, en México, 60 por ciento de las trabajadoras no goza de seguridad social, que es la primera condición que se debe cumplir para recibir una pensión; por lo tanto no pueden acceder a ella.
Del 40 por ciento que sí tuvieron esta prestación, el monto que reciben mensualmente es en promedio 5 mil 128 pesos; lo que representa mil 474 pesos menos que lo que obtienen los hombres, según la ENIGH. Con este monto, las mujeres pagan alimentación, renta, vestido y gastos médicos.
Esta disparidad se debe, entre otras razones, a que ellas reciben toda su vida un ingreso menor. Según la Organización Internacional del Trabajo, la brecha salarial por género en México es de 20 por ciento.
Además, la sobrecarga de trabajo en los hogares y la discriminación por género en el ámbito laboral, deriva en que ellas tengan menos posibilidades de mantener un empleo formal o que sus jornadas laborales remuneradas sean más cortas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 30 por ciento de las trabajadoras en México gana como máximo hasta 3 salarios mínimo.
Ofelia, de 70, recibe una pensión de 3 mil, por el salario mínimo, pero ella aún sostiene los gastos de su casa, por lo que se ha visto obligada a vender diferentes cosas.
Patricia, de 60, organiza cajas de ahorro y tandas para complementar su pensión y tener ahorros en caso de una emergencia. También vende productos por catálogo.
Y muchas otras mujeres complementan su ingreso con las pensiones no contributivas, que son las que derivan de los programas sociales, lo que aumenta apenas 2 mil pesos más.
¿Qué pasa con las otras 7 que no tienen posibilidad de acceder a ninguna de estas pensiones?
Por ejemplo, Angélica, que ahora tiene 60 años, es profesionista. Al menos 15 años de su vida trabajó en una clínica en la que nunca le dieron seguridad social; además, dado que aún trabaja y no paga una renta (porque vive con sus padres, a los que cuida), no cumple los requisitos para acceder a ningún beneficio social.
Aparte de trabajar en la clínica, Angélica tiene otras ocupaciones: mantiene un consultorio propio y administra un negocio familiar de baños públicos. Esto le ha permitido mantener un ahorro de aproximadamente 200 mil pesos que, en cinco años que decida retirarse de la clínica, podrá diferir hasta que cumpla 90 años en menos de mil pesos mensuales.
Ella tiene el objetivo de, una vez que deje de trabajar fuera de casa, laborar hasta los 75 y cuidar un jardín en su hogar. Y, por su condición de profesionista, probablemente tenga más oportunidades que muchas otras mujeres de su edad que tampoco pueden acceder a las pensiones.
Las adultas mayores tampoco tienen amplias posibilidades de acceder a otro empleo formal porque, aunque es un delito, las empresas niegan frecuentemente el empleo a las personas mayores de 40 años de edad. Por ejemplo, en un número de la revista Ofertas de Empleo que ofrece la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se presentaron 4 mil 393 vacantes disponibles, de las cuales 92 por ciento solicitaban sólo personas menores de 40 años.
Las jóvenes que empezaron a trabajar y a cotizar en el seguro social después del primero de julio de 1997 enfrentarán otra realidad.
Esto es así porque a partir de esa fecha, México modificó su sistema de pensiones para pasar a un sistema de ahorros.
Antes, México tenía un sistema de pensiones solidario, en el que las personas jóvenes aportaban parte de su ingreso a un gran fondo que administraba el Estado para el pago de las personas jubiladas. Bajo este sistema, las personas podían retirarse con al menos 500 semanas de cotización, esto es 9 años de trabajo formal.
Sin embargo, tras la reforma, el fondo se dividió en cuentas individuales que ahora administran empresas privadas llamadas AFORE.
Las AFORE invierten el dinero de las y los trabajadores sin preguntarles y se quedan con el mayor porcentaje del rendimiento.
Otra modificación importante fue que ahora las y los trabajadores deberán cotizar mil 250 semanas seguidas para retirarse, esto es 24 años continuos de empleo formal.
Y una modificación fue que el porcentaje del ingreso salarial que recibirá la o el trabajador se estima con base en su ahorro, su esperanza de vida, entre otros. México tiene la tasa de reemplazo -que es el porcentaje del salario que se recibirá como pensión- es la más baja de toda la OCDE, y equivale al 30 a 40 por ciento del último salario.
Esto quiere decir que si el último ingreso salarial de una mujer es de 9 mil pesos mensuales -el promedio en México-, su pensión no será mayor a los 4 mil pesos.
Carmen Ponce, economista especializada en las mujeres, aseguró en entrevista que estas modificaciones afectaron primordialmente a la población femenina, ya que por las condiciones precarias de sus trabajos, sus bajos salarios y la necesidad de flexibilidad laboral por el cuidado de otras personas -lo que representa 77 por ciento del tiempo destinado a estas tareas no remuneradas-, ellas enfrentan más complicaciones para cumplir con estas condiciones.
A esto se suma que, como una modalidad de las AFORES, las trabajadoras son impulsadas a comprar con todos sus ahorros un seguro de vida bajo el cual se designa un monto de pensión mensual, pero esto depende de la esperanza de vida.
Aquí también hay diferencias, ya que las mujeres tienen una esperanza mayor que los hombres, lo que disminuye el monto mensual de su pensión.
Además, observó, el hecho de poder invertir el dinero benefició a los empresarios. Por ejemplo, -dijo- en México el sindicato de telefonistas decidió poner el ahorro de las trabajadoras en el banco Inbursa, que tiene las peores tasas de rendimiento, y que además fue uno de los principales inversionistas en el proyecto del Nuevo Aeropuerto que se construiría en Texcoco.
La primera generación que va a jubilarse bajo esta modalidad va a reclamar su pensión en tres años y entonces se sabrá el impacto real de la reforma de 1997.
Sin embargo, la propia Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro -cuya función es vigilar a las AFORES- advierte en su estudio Equidad de Género en pensiones: desafíos y posibles soluciones que:
“las mujeres podrían enfrentar mayores dificultades que los hombres para alcanzar el requisito de 1 mil 250 semanas de cotización para obtener una pensión contributiva. Asimismo, evidencia que en México podría haber una brecha pensionaria significativa entre géneros que deriva de tres factores: las acotadas trayectorias salariales, la baja densidad de cotización y la mayor esperanza de vida”.
De acuerdo con la economista, en América Latina -donde se ha venido implementando esta reforma de pensiones desde hace 30 años- ya hay ejemplos de esto.
En agosto de 2016, en Chile, por ejemplo, las trabajadoras iniciaron una protesta pacífica para evidenciar lo que llamaron “el fracaso del modelo de pensiones”, ya que el monto de sus pensiones fue mucho mucho menor comparado con quienes cotizaron en el régimen anterior, y – en contraste-, las tres empresas que administraban el dinero sí obtuvieron grandes ganancias de las inversiones.
Por esto, otros países que también cambiaron de sistema, como Colombia o Perú- regresaron al sistema de pensiones anterior.
Ante el futuro de las pensiones para las mexicanas, la economista reconoce la urgencia de que las trabajadoras empiecen a organizarse, se informen sobre el estado de sus ahorros y, principalmente, exijan mejores condiciones de trabajo para ellas y para las trabajadoras que vienen.