Feminismo
Mujeres y niñas en el centro de los desplazamientos forzados en México
Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
“Allá en mi comunidad sigue habiendo muchos asesinatos, todos los días y ya no se dice nada. El terreno que era de mi mamá, ahorita ya se adueñaron los que viven allá (grupos criminales). Ellos ya lo cerraron, ya lo sembraron ahorita. Tiene como 15 días que ya nos sembraron ahí marihuana, amapola, hasta tienen retenes ahí. ¿Cómo vamos a sembrar, si nos siguen quitando el terreno, poco que nos dejaron nuestros familiares? Ahorita ya todo está cerrado, ¿de qué vamos a vivir? Si era lo único que nos daba más, porque no teníamos que estar pagando. ¿Qué vamos a hacer? La verdad no soy la única, muchas personas han sufrido demasiado. Imagínense, yo con tres hijos no puedo, imagínense muchos que tienen hijos y muchos más que no hablan tan siquiera español. ¿Dónde estarían? Yo la verdad sí les comparto mi dolor y les comparto el dolor de mis compañeras, porque es un dolor que me imagino que los gobiernos no se imaginan, ¿por qué? Porque ellos no lo han pasado, pero nosotras sí”.
Estas palabras pertenecen a Regina, una mujer campesina de Chilapa de Álvarez, Guerrero, quien participó en el Conversatorio “Mujeres», que organizó el Centro de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” el 9 de marzo de 2021. Su comunidad, indígena, fue tomada por el narcotráfico, el cual se apoderó de sus tierras y sus casas. Esta situación, sumada a la desaparición y asesinato de su esposo por parte de este grupo criminal, obligó a Regina a dejar su comunidad; actualmente paga a otras personas para que la dejen sembrar y pueda alimentar a sus hijas e hijos.
Cuando una persona o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de conflictos políticos, sociales o territoriales, intolerancia religiosa o de catástrofes provocadas por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional —como es el caso de Regina— está siendo víctima de desplazamiento forzado.
Regina no es la única mujer en esta situación. De hecho, en su informe “Perfil sociodemográfico de la población que cambió de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia”, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) reconoció que hay una predominancia de mujeres entre los grupos de personas que se mueven en México para protegerse de la delincuencia.
Los datos pueden variar dependiendo de la fuente de información disponible, ya que el desplazamiento interno forzado es una problemática social poco estudiada y cuya existencia fue reconocida por el gobierno mexicano hasta 2019.
Sin embargo, organizaciones como la Comisión Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH) han documentado desde 2016 este fenómeno y, de acuerdo con un análisis hemerográfico de distintos eventos de desplazamiento ocurridos en el país, estiman que México acúmulo en 2019 un total de 346 mil 945 personas desplazadas internamente.
De ellas, se estima que 90 por ciento son familias, explicó la investigadora del Área de Desplazamiento Interno de la Comisión Mexicana, Ligia Aquino Baldesoa. Entre estas familias, las mujeres representan 55.2 por ciento de quienes las integran, y 32.2 por ciento del total de familias desplazadas en México tiene a una mujer como jefa, muchas de ellas que son viudas, según datos de Conapo.
De acuerdo con Aquino Baldesoa, en los desplazamientos masivos provocados por el narcotráfico o conflictos con policías comunitarias, es común que la mayoría de las víctimas sean mujeres, niñas y niños, toda vez que los hombres son reclutados de manera forzada por los grupos criminales o se quedan en la defensa de la comunidad. Además, los eventos registrados en la prensa hablan de una predominancia de mujeres embarazadas y adultas mayores.
Entre los repositorios de la CMDPDH hay dos tendencias marcadas, explicó la investigadora: la primera es que los desplazamientos forzados ocurren en entornos rurales, entre mujeres que se dedican en actividades de agricultura y cuidado de animales; la otra tendencia es que 60 por ciento de los grupos desplazados son personas indígenas. En general, en los eventos de desplazamiento que se han documentado, las personas suelen quedar en una situación muy vulnerable, enfatizó Aquino.
Se trata sobre todo de comunidades rurales que, luego de dejar sus hogares, llegan al Palacio Municipal, donde a veces se hace un albergue en una escuela o lugares improvisados para recibir a las familias; a veces se quedan con familiares y viven en hacinamiento.
Los desplazamientos forzados no ocurren de una sola manera. En primer lugar pueden ser masivos, es decir, que varias personas o familias salen al mismo tiempo, generalmente por un evento específico o un hecho de violencia de alto impacto, como un enfrentamiento o un ataque directo a la comunidad. No obstante, también ocurre “gota a gota”, es decir, que las personas salen uno a uno. Éste es un caso aún menos explorado, pero que es común entre personas defensoras y periodistas, de acuerdo con la colaboradora de CMDPDH.
Muchas veces —agregó— el desplazamiento es una forma de sobrevivencia. Por ejemplo, otra forma de desplazamiento que se ha documentado en México, principalmente en Chiapas, es el desplazamiento intermitente, es decir, cuando las comunidades huyen hacia el cerro mientras ocurren ataques en sus territorios, pero después vuelven.
“También puede ser que una persona se desplace después de haber sufrido algo: una amenaza o una agresión, pero también hay quienes se desplazan por el temor fundado de vivir una violencia. Entre estos casos, hay mujeres que huyen por un temor fundado de padecer violencia sexual”, detalló.
La violencia contra las mujeres, causa y consecuencia del desplazamiento
“Se ha observado a nivel regional que la violencia contra las mujeres sí genera desplazamientos”, de acuerdo con la investigadora; sin embargo, por otro lado, el desplazamiento deja a las mujeres en mayor riesgo de vivir violencia, ya que las aleja de sus redes de confianza.
Durante los desplazamientos, las mujeres también pierden sus modos de subsistencia y se ven más susceptibles a emplearse en ocupaciones que colocan en una situación de mayor vulnerabilidad a vivir violencia: violencia sexual y explotación laboral. La violencia y la desigualdad, además, las deja con menos recursos para afrontar una situación generada por la violencia o los desastres naturales, lo que propicia su desplazamiento, explicó Aquino.
De acuerdo con Aquino, la vulnerabilidad de población desplazada en general, aumenta el riesgo de mujeres y niñas de ser cooptadas por grupos criminales que se dedican a la trata de personas para la explotación laboral y sexual.
El impacto del desplazamiento forzado también es distinto entre mujeres y hombres. Por ejemplo, según la CMDPDH, durante el desplazamiento es común que se dejen o pierdan documentos importantes, como actas de nacimiento o documentos escolares de las niñas y los niños. Por los mandatos de género que aún imperan en nuestro país, las mujeres son quienes sufren más las consecuencias de esto, ya sea porque les toca batallar con las diligencias administrativas para que sus hijas e hijos no pierdan el año escolar o porque incluso regresan a las comunidades de las que huyeron para rescatar los documentos. Esto muchas veces deriva en un aumento de la deserción escolar y las niñas son las más afectadas, observó Aquino.
El derecho humano a la salud también se ve afectado durante el desplazamiento, ya que —agregó la experta— si no hay acceso a servicios de salud, mucho menos servicios especializados que necesitan las mujeres, incluyendo a la salud mental.
En una situación de desplazamiento, además, a una mujer le cuesta más trabajo que a un hombre conseguir un empleo o los nuevos medios de subsistencia. Se ha documentado que entre ellas persiste mayor desigualdad de sueldo, mayor porcentaje de desempleo y más obstáculos para acceder al empleo formal.
Por ello, el desplazamiento produce un empobrecimiento en las personas, principalmente en las mujeres, explicó Aquino. Esta situación de pobreza se reproduce por generaciones toda vez que, según datos proporcionados por la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la ONU, el promedio de tiempo que las personas duran en situación de desplazamiento es cerca de 17 años.
Según el informe más reciente de esta Relatoría, a esto se suma que las condiciones de alojamiento en los campamentos, los centros colectivos y los asentamientos informales donde suelen alojarse las familias desplazadas son deficientes, ya que tienen limitado acceso a abastecimiento de agua o saneamiento e higiene y existe hacinamiento.
En general, reconoció la Relatoría, la escasez de oportunidades para acceder a una vivienda adecuada para esta población también aumenta el riesgo de violencia sexual y de género. El hecho de que las viviendas y las tierras estén generalmente a nombre de los hombres, hace que sea particularmente difícil para las mujeres conseguir que se reconozca su derecho sobre la propiedad cuando su pariente varón muere o desaparece durante un desplazamiento, conflicto o desastre. En esos casos, resulta esencial que las mujeres tengan acceso a documentos personales para poder demostrar su relación con el fallecido o desaparecido e iniciar la tramitación de la herencia.
La inseguridad de la tenencia de la tierra y la vivienda que afecta a las mujeres amenaza la seguridad alimentaria y el bienestar de sus familias, particularmente cuando son cabezas de familia, explicó la Relatoría.
Pese a ello, a nivel federal no hay una legislación para atender el desplazamiento interno forzado en México. Sí bien desde 2019 se impulsó la generación de estudios y foros para visibilizar el tema, y se ha hecho parte de la agenda pública, aún no se aprueba ninguna legislación federal en la materia, y a nivel estatal, únicamente Chiapas, Guerrero y Sinaloa tienen leyes en esta materia, de acuerdo con la CMDPDH.
A esto se suma que las políticas públicas que benefician a la población por desplazamiento son insuficientes para mejorar integralmente la vida de las mujeres y las niñas, si acaso, se han otorgado programas de apoyo económico para mujeres jefas de familias u otros programas sociales que operan de manera local las dependencias.
Soy sobreviviente de Feminicidio y me identifique con esta lectura yo tuve que cambiar de residencia por mi seguridad y mi caso está impune, el sujeto está libre a pesar de que me dejó 15 días en coma.