Lesbofobia en sistema judicial del Edomex: amenazan a lesbianas por denunciar abusos de policías y juez

Por La Crítica

Ciudad de México, 21 agosto 3018.- La mañana del jueves 16 de agosto, Lulú y Monse caminaban hacia las tortillas en una calle de Coacalco de Barriozábal, Estado de México. Una decidió tocar a otra a modo de jugueteo entre ambas. Una patrulla pasó a su lado y cuadras más adelante un par de policías no identificados, uno de ellos con ropa de civil negra, bajó del automóvil y las acusó de cometer “faltas a la moral” en la vía pública.

Cuando Lulú volteó a mirarlos, los policías cayeron en la cuenta de que ambas eran mujeres. Uno de ellos les advirtió: “como son mujeres, la cosa cambia totalmente. Ustedes están comiendo una falta muy grave porque ustedes no se pueden tomar de la mano, no se pueden besar en la calle porque lamentablemente le están faltando a la sociedad”. El policía decidió detenerlas de manera arbitraria.

Luego de que los policías las extorsionaran y cometieran con ellas distintos abusos que se narran más adelante, las mujeres iniciaron -con muchas trabas- una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Edomex, una queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y una denuncia pública a través de un video en redes sociales. Ahora, un sujeto que se identifica como Martín Hernández las está amenazando por redes sociales.

 

SISTEMA DE JUSTICIA EN EDOMEX, DISPUESTO A SOLAPAR AGRESIONES

El día de la detención, ambas mujeres se resistieron a subirse a la patrulla porque los policías estaban sobredimensionando los hechos y la detención era injustificada; sin embargo, los agentes trajeron como refuerzo cuatro patrullas más y las subieron. Nadie se identificó con sus nombres.

En el Juzgado Cívico 5o de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos con residencia en Coacalco de Berriozábal, -donde pensaron que podrían defenderse del abuso- las mujeres fueron tratadas con prepotencia y puestas en celdas diferentes, y las acusaron de cometer actos contra la moral, una infracción “contra la paz pública” que está estipulada en el Bando Municipal de Coacalco de Berriozábal, en el artículo 162, fracción III, de la siguiente manera: «Llevar a cabo en la vía pública o a bordo de un vehículo automotor, actos de cópula o de cualquier índole impúdica que atenten a la moral y a las buenas costumbres”.

Aunque Lulú sólo había dado una nalgada a Monse, en la declaratoria los policías exageraron los hechos. Esto parece una práctica común en ese juzgado, ya que -de acuerdo con el testimonio de ambas- otras parejas heterosexuales fueron llevadas durante el día por la misma razón. Ambas mujeres coinciden en que en su caso hubo más abuso y saña por parte de las autoridades por tratarse de una pareja de lesbianas.

Lulú fue obligada por el Juez -que también se negó a identificarse con nombre y apellido- a pagar primero seis mil y luego cuatro mil pesos para que ambas quedaran libres. Él estimó la cifra. Incluso un policía tuvo que acompañarla a sacar dinero de un cajero del Ayuntamiento, donde se ubica este juzgado.

Aunque el juez recibió el dinero, se negó a entregarles un recibo y obligó a Lulú a firmar una hoja en la que declaraba que no habían otorgado “dádivas” ni habían sido agredidas. De negociar la cifra, el juez advirtió que cobraría más y, de no aceptar, se negaría a dejarlas libres.

Una vez fuera de los separos, ambas mujeres fueron a la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México a presentar una queja; sin embargo, la persona que las atendió les dijo que sólo podía orientarlas y les recomendó primero denunciar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en Ecatepec.

En la Fiscalía, el Ministerio Público les dijo que su denuncia no iba a proceder porque no se trataba de un acto de discriminación y que ellas estaban mintiendo. También se negaron a proceder por extorsión porque ellas no tenían recibo y se negó revisar las cámaras de seguridad del juzgado, en las que se prueba que un policía acompañó a Lulú a sacar dinero. Luego de que ambas insistieran por horas, el MP aceptó que una de ellas declarara por abuso de autoridad y extorsión, pero la otra tendrá que esperar una semana más. Las mujeres también fueron a la CONAPRED donde ya iniciaron una queja por discriminación.