Justicia: reclamo generalizado el 8 de marzo

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Fotografías de Itzel Avendaño y Angélica Jocelyn Soto Espinosa

 

Las acciones feministas por el Día Internacional de las Mujeres de este 2021 se caracterizaron por el aumento de la represión contra la protesta social, mayor organización colectiva y un fuerte protagonismo de las víctimas y sus familias.

La pandemia por COVID-19 no impidió que este 8 de marzo, y los días previos a él, mujeres de todo el país se organizaran para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, como se ha hecho en México al menos desde la década de los 90′. 

Semanas previas, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo el respaldo a la candidatura para gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado penalmente de violación y abuso sexual. Asimismo, insistió en que las exigencias del movimiento feminista son ataques políticos impulsados por “los conservadores”. 

López Obrador también se negó a recibir a familiares de víctimas de feminicidio que han protestado afuera de Palacio Nacional al menos cuatro veces en lo que va de su administración y, tres días antes de la megamarcha del #8M, amuralló el Palacio. A pesar de ello, el titular del Ejecutivo federal repitió: «no somos como los otros gobiernos, nosotros no somos represores, somos el gobierno de la paridad». 

Pese al desdén presidencial, las familias de mujeres víctimas de feminicidio, desaparición y otros tipos de violencia, se organizaron para llegar hasta los palacios de gobierno en la Ciudad de México y en el resto de las entidades del país con el único fin de exigir justicia. Las colectivas feministas, por su parte, consiguieron llevar a cabo las protestas y respondieron a las ofensivas represivas que se les pusieron enfrente.  

Caravanas y mítines para ser escuchadas

El pasado jueves 4 de febrero, dos mujeres llegaron en Caravana desde Chiapas hasta la Ciudad de México para denunciar que el gobierno del estado pretendía investigar los feminicidios de sus hijas como suicidios y homicidios accidentales. Las mujeres botearon, vendieron miel y pidieron apoyo en internet para viajar hasta la Ciudad de México. El viaje duró tres días, pasando por Oaxaca, Estado de México y Puebla, donde fueron reprimidas y lastimadas por la policía. 

Una de estas mujeres es Adriana Gómez Martínez, madre de Jade Guadalupe Yuing Gómez, de 13 años de edad. Jade practicaba judo en el Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El 14 de enero de 2020, uno de sus compañeros llamó para avisar que “se había matado”. De acuerdo con Adriana, su madre, el personal de la institución deportiva no les avisó directamente lo sucedido, impidió que vieran el cuerpo inmediatamente y dio versiones contradictorias. 

La policía, por su parte, habló de una carta suicida que nunca entregó, movió el cuerpo, ocultó unos hematomas y registró una talla y peso diferente al que tenía Jade. La carpeta de investigación se integró como suicidio por asfixia mecánica y nunca se investigó a nadie dentro del Instituto. La policía, en cambio, inició un hostigamiento contra la familia por manifestarse y dar a conocer el caso. 

La otra mujer que integra la Caravana es Maricruz Velasco Nájera, madre de Karla Yesenia Gómez Velasco, una joven estudiante de Derecho que fue asesinada el 4 de julio de 2018 después de las elecciones estatales. Ella hacía su servicio social en la campaña del diputado Carlos Penagos Vargas, quien pretendía ocupar la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Dos días después de las elecciones, la joven fue, por órdenes de su jefa inmediata, a la casa de campaña del candidato. La última vez que su familia habló con Karla fue a las cuatro de la tarde, después ya no respondió el teléfono. En el transcurso de la tarde-noche, Maricruz consiguió comunicarse con dos de los compañeros de Karla, quienes le aseguraron que pasarían a dejarla a su casa, pero no lo hicieron.

Al día siguiente, Maricruz se comunicó con la jefa inmediata de Karla. La mujer dijo primero que ella había dejado la joven y después cambió su versión y dijo que Karla se quedó en casa de su hermana y su cuñado, llamado Marvin, en la colonia Francisco I. Madero, pero que salió muy temprano. Ese mismo día, pero horas más tarde, encontraron el cuerpo de Karla en la Francisco I. Madero. Cuando Maricruz la vio, constató varios signos de violencia: golpes, dos uñas de acrílico arrancadas, el cabello revuelto y la blusa al revés. El 24 de julio de ese año, la Fiscalía General de Justicia de la entidad detuvo a Marvin, por el asesinato de Karla, pero a pesar de los signos de violencia en el cuerpo de la joven, la Fiscalía lo acusó de homicidio simple y no de feminicidio. 

Ambas madres llegaron a la Ciudad de México en representación de otras familias de Chiapas. Las mujeres pasaron la noche del 4 de febrero en el Zócalo capitalino a la espera de que López Obrador las recibiera. En lugar de eso, el viernes 5 de febrero el Palacio amaneció con un muro de metal al frente, lo que las dejó sin posibilidad de ser escuchadas.

Durante el fin de semana que siguió a ese hecho, miles de niñas, mujeres y familias aprovecharon el muro metálico para plasmar en él mensajes feministas, denuncias públicas, relatos de feminicidios y flores. Convirtieron el muro en un memorial para las víctimas. 

La lucha en las entidades

Las acciones feministas no sólo ocurrieron en la Ciudad de México, sino que las hubo en casi todas las entidades.  El domingo 7 de marzo, un grupo de mujeres del oriente del Estado de México se reunió en Ixtapaluca, (un municipio con dos Alertas de Violencia de Género) para marchar hacia las distintas dependencias municipales que han obstaculizado el acceso a la justicia. 

Convocadas por la Colectiva “Libertad Morada Ixtapaluca”, la marcha paró primero en la Fiscalía General de Justicia de Ixtapaluca, donde Teresa Guadalupe Calvo Almonte, madre de Alejandra Calvo Almonte, gritó a las autoridades que no hicieron nada mientras la investigación por el feminicidio de su hija estuvo bajo su cargo. 

Alejandra, de 20 años de edad, durmió a su bebe y salió a casa de una amiga. En la tarde, envió un mensaje de audio a su mamá para decirle que ya iba de regreso, 10 minutos después llamaron a Teresa para avisar que la habían matado con un balazo en la frente dos personas a bordo de una motoneta. A Alejandra le sobrevive una niña de dos años que tiene una discapacidad.   

Carmen Sánchez Flores, sobreviviente de un ataque con ácido, también relató su caso. El 20 de febrero de 2014, Carmen fue atacada con un litro de ácido por su expareja, Efrén García Ramírez, quien ya había intentado matarla antes con un pica hielo. La orden de aprehensión contra Efrén se giró hace siete años, pero hasta ahora no lo han detenido. La agresión llevó a Carmen a estar 8 meses en el hospital y afrontar 60 operaciones. Con pocas oportunidades de empleo por discriminación a su aspecto físico, Carmen se hace cargo de sus dos hijas menores de edad. 

Junto a ellas también estaba Karen Reyes, mamá de Renata Martinely Luna Reyes, una niña de 13 años que el pasado 29 de noviembre de 2020 fue asesinada en su propia cama con signos de violencia sexual y tortura. Cinco meses antes del feminicidio, Karen había presentado una denuncia ante una Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (Ampevis) de Ixtapaluca porque su expareja quiso grabar en el baño a la niña. Se entregó el video como prueba, mandaron a citar a la niña pero jamás mandaron a llamar al agresor. 

El asesinato de Renata impactó la vida de decenas de niñas que convivían con ella. Sus compañeras de escuela, vecinas y primas fueron la mayoría de quienes participaron en la marcha.  

Ya en la cabecera municipal de Ixtapaluca, las mamás leyeron un pronunciamiento en el que denunciaron la ineficacia de las autoridades de procuración de justicia, nula aplicación de perspectiva de género en investigación de feminicidio, y la falta de medidas de seguridad y protección, además de la criminalización a la legítima protesta. Las jóvenes que las acompañaban pintaron los nombres de las víctimas en la puerta del Palacio de Gobierno y quemaron la propaganda municipal por el Día Internacional de la Mujer.

Motivadas por las madres, dos jóvenes también tomaron el micrófono y revelaron que habían sido violadas a los siete años y que nadie hizo nada. Sus agresores no sólo siguen impunes sino que, en el caso de una, es su vecino de enfrente y, en el caso de la otra, es su primo y vive con él. Tras romper en llanto, un grupo de mujeres corrió a abrazarlas. 

Durante este mitin, una mujer de 50 años de edad, acompañada de una niña de seis años, se acercó a las familias y exhibió dos mantas con fotografías de una joven: “Justicia para María de Lourdes Sánchez. 25 años. Víctima de feminicidio 07/02/2019. Te amamos paloma negra”.

La mujer se llama Liliana Martínez Sánchez. Ella encontró el cuerpo de su hija, María de Lourdes Martínez Sánchez, en el canal de aguas sucias de San Isidro. Lourdes desapareció el 5 de febrero de 2019, cuando salió de trabajar. La encontraron el 7 de febrero. Hay un video en el que se observa cómo sube al auto de un sujeto que podría ser su esposo. Liliana, madre de Lourdes, quedó a cargo de los cuatro menores de edad que le sobrevivieron. Para seguir pidiendo justicia, Liliana vende pulque, ropa usada y chácharas. Tiene diabetes, es artrítica y ya perdió 70 por ciento de la vista.  

Contrario a lo que se vería en la marcha de la Ciudad de México al día siguiente, en Ixtapaluca no hubo presencia policial. Si bien una patrulla acompañó al contingente de madres, las policías no hicieron nada para evitar que los automovilistas y motociclistas las ofendieran y quisieran pasar por en medio de las manifestantes. Fueron las propias mujeres quienes organizaron vallas humanas para impedir el paso y para responder a las agresiones. 

Represión, la marca del 8M en la CDMX

Un día antes de las manifestaciones, un grupo de defensoras de los derechos de las mujeres proyectó con luces en las vallas y la fachada del Palacio Nacional los mensajes: “México feminicida”, “Un violador no será gobernador” y “Aborto legal ya”. 

También en la noche de ese día, el colectivo Brigada Humanitaria de Paz Marabunta dio a conocer el cateo por parte de policías capitalinas de una vivienda en la que estaban niñas y mujeres que participarían en las manifestaciones del 8M en la capital del país. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó más tarde que durante el cateo encontró armas que serían utilizadas en la marcha, pero Marabunta aseguró que todo eso fue sembrado.

Al mediodía del lunes 8 de marzo, un grupo de jóvenes feministas que intentaba llegar a la manifestación fueron retenidas por la policía durante tres horas seguidas afuera del Metro Hidalgo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó por la noche que esta retención fue a consecuencia de que presuntamente portaban palos, piedras y petardos que se negaban a entregar. 

La cita para iniciar la protesta del #8M era a las 3:30 de la tarde en el Monumento a la Revolución. En el contingente de víctimas iba Tranquilina Hernández, cuya hija Mireya Hernández desapareció en 2015 en Morelos y hasta ahora no hay ninguna línea de investigación que apunte a su paradero. En el camino hacia el Zócalo hubo muchas historias similares, entre ellas, la de Karen Cornejo Vega, desaparecida en la Ciudad de México el pasado 20 de febrero, e Itzumi Alejandra Álvarez Hernández, desaparecida el 19 de octubre de 2016. Las madres, tías y amigas de mujeres desaparecidas que relataron sus casos no fueron convocadas por ningún contingente, sino que llegaron a la marcha con la esperanza de que alguien les diera información sobre el paradero de sus familiares. 

Mientras unos contingentes consiguieron avanzar hasta el Zócalo, otro grupo se desvió hacia el Metro Hidalgo para exigir la liberación de las mujeres retenidas. Ahí, las manifestantes fueron atacadas con petardos y gases por parte de la policía. “Fuimos todas, fuimos todas, fuimos todas” gritaron juntas. 

En el Zócalo capitalino, los primeros contingentes lograron derribar una de las vallas que integraban el muro frente a Palacio Nacional. La policía que aguardaba detrás de las vallas respondió con una ofensiva de gas lacrimógeno. El gas llegó hasta varios metros hacia la plancha del Zócalo y alcanzó al bebé de una vendedora de aguas. El gas era tan tóxico que logró disipar a las manifestantes, el bebé de la trabajadora se ahogó y 20 minutos después, en medio de la desesperación de la madre, logró recuperarse. 

Cerca de las cinco de la tarde, nuevos contingentes seguían avanzando hacia el Zócalo. Uno de de estos grupos, que intentó tirar las vallas en Bellas Artes, se confrontó con un grupo policial integrado sólo por hombres, quienes lanzaron petardos y gases. 

Al día siguiente de estas protestas, López Obrador hizo referencia a una presunta agresión contra policías frente al Palacio Nacional.  “Ante una causa tan noble que es la defensa de los derechos de la mujer, no llenan el Zócalo, porque hay muchas mujeres, millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad de las mujeres, pero ¿de esa manera, de esa forma? (…) No es la violencia el camino, no es eso el camino, hay muchísimas otras formas de manifestación y de protesta”, dijo. 

Cuestionado sobre el gas lacrimógeno, las violaciones al protocolo de seguridad por parte de la policía y las agresiones contra manifestantes, López Obrador respondió: “Yo no comparto ese punto de vista (…) fue un acto de provocación abierto, descarado. No era una manifestación en el centro del Zócalo con un templete donde hablan las mujeres pidiendo respeto, que se castigue el machismo, que no se permitan los crímenes a las mujeres, no. Era martillo, martillo y marro, gasolina y fuego, eso fue lo que predominó no sólo aquí, en toda la marcha, en todo el paso”.

“Entonces, no fue una agresión de parte de la autoridad hacia quienes protestaron. Yo creo que fue una provocación abierta. Incluso, lo de los gases eran los extinguidores para apagar el fuego (…) mucha falsedad, mucha hipocresía, mucha manipulación”, agregó; y a pesar de que el gobierno capitalino contabilizó un mínimo de 20 mil manifestantes sólo en el Centro del país, López Obrador aseguró que había “muy pocas”.