Iniciativa sobre prostitución en CDMX, viola derechos de las mujeres

Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Luego de no conseguir que se reconociera el término “trabajo sexual” en la Constitución de la Ciudad de México, organismos civiles como Brigada Callejera y otras buscan que el Congreso local regule, a través de una Ley de Trabajo no Asalariado, la explotación sexual comercial de mujeres.

Pero la iniciativa, que presentó Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), va en contra de lo que se discutió en la Constituyente (el proceso de elaboración de la Carta Magna local) y viola los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

La iniciativa

Este 6 de agosto, Temístocles Villanueva, legislador de Morena y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la CDMX, presentó una iniciativa para crear una Ley del Trabajo no Asalariado, que sería reglamentaria de la Constitución.

La iniciativa busca garantizar derechos laborales para todas las personas que realizan una ocupación en el sector informal, como comerciantes, personal de la construcción, entre otros; sin embargo, el centro de esta legislación es regular el “trabajo sexual”.

Esta propuesta define, en un capítulo completo, la explotación sexual comercial de las mujeres como un “trabajo no asalariado” y reconoce la existencia de una “economía del sexo”.

De acuerdo con el proyecto de ley, el “trabajo sexual” se ejerce a través del intercambio de servicios sexuales entre personas adultas de mutuo acuerdo a cambio de algún tipo de remuneración, según las condiciones acordadas entre la persona que presta sus servicios y la persona que los adquiere.

Para su regulación, se considera el otorgamiento de licencia “para identificar y sopesar los distintos intereses que confluyen en la economía del sexo”, así como establecer una serie de zonas en las que no se puede “ejercer su oficio”, como prados, camellones, estaciones del metro y de los mercados; en autobuses, tranvías y trenes, hospitales, etc. 

Además dice que la Secretaría de Salud y Seguridad Ciudadana deberán implementar una “vigilancia sanitaria” de los espacios “aptos para el ejercicio del trabajo sexual”; gestionar un sitio virtual para intercambiar opiniones sobre los clientes; y el otorgamiento de preservativos, sólo con licencia de trabajadora sexual, en cualquier centro de salud.

No sólo eso, sino que el gobierno capitalino ofrecería cursos de capacitación técnica para que las personas en contextos de prostitución “desarrollen su actividad de manera segura y sana”, eleven su nivel de cultura y promuevan el desarrollo económico. 

El argumento del legislador Villanueva para impulsar esta ley fue que, según consta en la iniciativa, “queda claro que sí existen personas que por elección propia optan realizar el trabajo sexual y así, sustentar sus necesidades económicas y las de su familia. Se trata de una vía de emancipación económica que les permite disponer de su propio cuerpo autónomamente, por lo que deviene una forma de trabajo”. 

La discusión

Sin embargo, la regulación o no de la explotación sexual de mujeres es un debate no terminado entre el movimiento amplio de mujeres y los gobiernos. De hecho, el mayor consenso hasta ahora ha sido respetar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que es obligatoria para México y establece la erradicación de cualquier forma de explotación del cuerpo de las mujeres, no su regulación.

Luego de la iniciativa que presentó Morena, el Frente Nacional Feminista Abolicionista dirigió una petición al Congreso en la que exige desechar la iniciativa, ya que “todas las políticas que justifican, promueven o califican la prostitución como ‘trabajo sexual’ incumplen los compromisos internacionalmente adquiridos por nuestro país”.

El Frente, integrado por organismos que rescatan a mujeres en contextos de prostitución, explicó esta legislación legitima una actividad que enmascara la trata y la explotación sexual en la que las mujeres, adolescentes, niñas y niños son reducidos a objetos que se pueden comprar, vender o alquilar en la industria del sexo.

Y que el llamado “consentimiento o política de elección personal”, se basa en una visión liberal occidental de los derechos humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros derechos humanos y de toda noción de bien común.

De acuerdo con el Frente, además de la CEDAW, la ley que propone Morena viola el Artículo 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y para la Abolición de la Prostitución Ajena que urge a los Estados derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, por medio de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, poseer un documento especial o cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación.

Según estos tratados, los países no pueden reglamentar la prostitución o someter a las mujeres a registros o a otros controles; el “consentimiento” no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito; la prostitución no puede ser reconocida como un trabajo; no se puede hacer distinción entre prostitución “libre” y “forzada”; la trata con fines de prostitución y “la explotación de la prostitución ajena” son parte de un negocio ilícito que se rige por la Ley de la Oferta y la Demanda.

El Frente explicó que en las experiencias de otros países, el reconocimiento de la prostitución como trabajo no asalariado y su despenalización se convierte en “un regalo” para los proxenetas, los traficantes y la industria del sexo; promueve la trata para la explotación sexual; no supone un control de la industria del sexo, la expande; aumenta la prostitución de calle; promueve la prostitución infantil; no protege a las mujeres que están en situación de prostitución; y aumenta la demanda. 

Además, estas leyes incentivan a los hombres a comprar sexo en un entorno social más permisible y de mayor aceptabilidad; no promueve una mejora de la salud de las mujeres; no aumenta sus posibilidades de elección; y las mujeres que están dentro de la prostitución no quieren que se legalice o despenalice la industria del sexo.

Buscan reglamentar por todos los medios

Durante la elaboración de la primera Constitución de la CDMX, en 2017, varias legisladoras, académicas y activistas feministas se reunieron durante varias sesiones para discutir la regulación del llamado trabajo sexual.

Ahí, feministas como Marcela Lagarde (impulsora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), Andrea Medina Rosas (litigante del caso de feminicidios en Ciudad Juárez Chihuahua) y Verónica Caporal (antropóloga que desarrolló los primeros peritajes de trata de personas con metodología feminista en México) exigieron al gobierno suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer, como lo establece la CEDAW.

Por ejemplo, en el informe La Ciudad de México ante las recomendaciones de la CEDAW (que se entregó al gobierno capitalino), Medina Rosas explicó que varios estudios demuestran el impacto negativo de la reglamentación de la prostitución en México y que, aunque regular el “trabajo sexual” se presenta con acciones de vanguardia y empoderamiento, en realidad contribuye a su persecución, violenta los derechos humanos y sostiene un orden social de discriminación y desigualdad contra las mujeres.

Por el otro lado, organizaciones como Brigada Callejera y otras vinculadas a Marta Lamas se posicionaron durante esta discusión a favor de regular la venta del cuerpo de las mujeres. Su posición no quedó en la Constitución final.

Pero a pesar de haber acordado que no se reglamentaría el trabajo sexual, estas organizaciones buscan por todos los medios que se legisle bajo su perspectiva. 

El primer intento fue en mayo pasado, cuando se posicionaron en contra de que se criminalice a las mujeres en contextos de prostitución en la ley de Justicia Cívica. Ahí buscaron reducir el debate a criminalizar o reglamentar, cuando el sentido más amplio era reglamentar o abolir. 

Al no haberlo conseguido por segunda ocasión, estas organizaciones ahora buscan hacerlo por medio de la Ley sobre Trabajo Asalariado.