Hostigan a ejidatarias por defender su tierra en Zacatecas

Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México, 6 de mayo 2019.- El gobierno de Zacatecas quiere construir un mega proyecto hídrico para transportar agua de una tierra ejidal, en el municipio de Jiménez del Teul, a un centro urbano.

Para ello el gobierno federal ya le concedió permisos; sin embargo, quienes viven ahí rechazan la obra porque no se les consultó, significaría un riesgo de inundación en sus comunidades, propiciaría que se queden sin agua de su río y afectaría sus bienes naturales, que es su principal sustento de vida.

Entre quienes se oponen al proyecto de la presa hay principalmente mujeres, que habitan y representan a su comunidad como autoridades ejidales.

Sin embargo, ahora están siendo perseguidas, difamadas y hostigadas por la defensa de su tierra y sus bienes naturales.

Como parte de ese hostigamiento, el pasado 29 de abril se les acusó de haber secuestrado al subsecretario de gobierno, Erick Muñoz Román, que llegó a la comunidad a darles tinacos y colchones a cambio de que acepten el proyecto.

Esta es la historia:

La obra

Grecia Rodríguez Navarro, integrante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), explicó en entrevista que desde 2016 el gobierno estatal quiere construir la Presa Milpillas, para la cual ya se firmaron 15 contratos con 15 empresas distintas. La inversión se estima en 106 millones de pesos.

Sin embargo, nunca se le informó a la población sobre esta construcción y la afectaciones que traería a su tierra. De hecho, no se aplicó una consulta libre, previa e informada, que es un derecho para los pueblos y comunidades establecido en estándares internacionales. La consulta es de cumplimiento obligatorio para México.

Son cuatro los ejidos que resultarían afectados con la construcción de la presa, entre ellos el de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales; a cada uno le tocaría una parte de construcción de la presa.

Las y los habitantes de estos ejidos se enteraron de las intenciones del proyecto porque vieron cómo salían y entraban ingenieros y funcionarios públicos, pero sin que nadie les dijera nada.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental -una evaluación que hace el gobierno federal para determinar la viabilidad del proyecto en términos de medio ambiente- para la construcción de esta obra se requiere de inicio cambiar el uso de suelo de 57 hectáreas de vegetación forestal para la instalación de un campamento para el personal de construcción, además de la apertura de un camino de acceso de terracería y la entrada para maquinaria pesada.

Según este documento, la construcción de esto afectaría a 15 especies diferentes de flora, un total de casi 39 mil plantas diversas, y al menos dos decenas de aves, mamíferos y reptiles que habitan cerca.

Sin embargo, el gobierno federal aprobó el proyecto y sólo pidió que lo que resulte del daño forestal se apile a un costado de la vía para que “los lugareños” lo recolecten y transporten para usarlo en postes, artesanías y leñas combustible.

En 2018, las y los ejidatarios, con el acompañamiento de la REMA, hicieron una investigación en la que identificaron una serie de irregularidades para esta construcción, entre ellas que se celebró una asamblea ejidal falsa y que la obra no cuenta con documentos que avalen el permiso del Ejido para su construcción.

El gobierno defiende el proyecto bajo el argumento de que llevaría agua a las zonas urbanas de Zacatecas.

Y el análisis La presa Milpillas y el negocio del agua en la región centro de Zacatecas explica que este proyecto no es una solución para superar la crisis multidimensional en torno al agua en la región centro de Zacatecas, sino que su propósito es aumentar la oferta de agua para los centros urbanos y las industrias, mientras se deja de lado al sector agrícola y se ignoran pérdidas, ineficiencias y desigualdades.

Las defensoras

En México más de 22 mil mujeres ocupan cargos en los órganos de representación, de las cuales mil 317 son Presidentas del Comisariado.

El Ejido de Atotonilco es uno de esos órganos agrarios en los que las mujeres tienen una participación protagónica.

Luego de las elecciones del pasado 3 y 4 de mayo dos mujeres quedaron como tesoreras y secretarias, aunque no como presidentas.

En ese Ejido ellas frenaron la marcha de las máquinas, tuvieron la idea de poner una cerca para evitar la entrada de más maquinaria, y realizan guardias de seguridad de día y de noche.

Ellas son en su mayoría campesinas que viven de sus animales y de su siembra, varias son adultas mayores.

Sus actividades primarias dependen del flujo del río Atenco, del que se abastecería la presa; si les quitan este recurso, se les empujaría al desplazamiento, como ha sucedido en otras comunidades con proyectos parecidos, de acuerdo con el Observatorio.

Por eso ellas defienden su territorio, lo que derivó en que las agresiones sean peor para ellas.

“En realidad es una lucha de mujeres y hombres pero a ellas se les está criminalizando porque levantan la voz; las quieren comprar con colchones, tinacos, etc. En un sistema patriarcal es más fácil decir que (las mujeres) somos una bola de viejas argüenderas y que no queremos progreso. A ellas las ven como mujeres de segunda y (a las autoridades) les preocupa más cuidar su relación con ejidatarios hombres que con las ejidatarias y comuneras”, dijo Grecia.

El hostigamiento

El pasado 29 de abril, el subsecretario de gobierno, Erik Muñoz Román, acusó a las mujeres de la comunidad de retenerlo cuando fue a entregar apoyos sociales.

En su versión y la de algunos medios locales, él fue a “buscar la empatía de la población para la Presa” a través de ofrecerles tinacos y colchones, pero que las mujeres “en pandilla” se le pusieron enfrente y lo retuvieron por una hora.

Sin embargo, de acuerdo con información de Sandra Miranda, delegada del Ejido que estuvo ahí, nadie retuvo al funcionario, sino que se le pidió que antes dialogara con ellas en un espacio al aire libre.

Aunque no se llegó al diálogo, el funcionario de todos modos repartió los colchones y tinacos, que eran beneficios sociales comprados del erario público.

Ésta es sólo una de muchas agresiones: el pasado 14 de octubre, policías estatales quisieron llevarse presa a las mujeres del Ejido, a quienes agredieron.

Además de que el gobierno estatal empezó una campaña de desprestigio contra los defensores del territorio en zacatecas, diciendo que son unos cuantos que no quieren que haya desarrollo, que quieren dejar sin agua. Han empezado a poner en riesgo a las personas.

Por todo ello, el Ejido, en acompañamiento con el Observatorio y la REMA, ya iniciaron denuncias y quejas ante el Tribunal Agrario, la Procuraduría Agraria, la PROFEPA, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).