Gobierno federal deja a la deriva a trabajadoras del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa Guerrero; operan sin recursos y sin sueldo

Autoridades se «lavan» las manos

Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Desde hace ocho meses, 43 trabajadoras del Centro Ciudad de las Mujeres (el único espacio gubernamental de atención a mujeres víctimas de violencia en la zona de la montaña de Guerrero) no reciben ingresos para pagar sus sueldos ni para operar.

El Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa, Guerrero, es un programa público de apoyo integral para mujeres víctimas de violencias. Se implementó el 20 de julio de 2015 como parte de las políticas de género que se instauraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el país, pero ahora nadie le da seguimiento.

Este Centro recibe y da apoyo integral (jurídico, psicológico, de formación, etc.) a mujeres víctimas o potenciales víctimas de violencia en Guerrero, que de enero a junio de 2019 ocupó el lugar número siete entre las entidades con más «homicidios dolosos de mujeres», de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Desde su creación hasta abril de 2019, este Centro (que brinda atención a 19 municipios de la montaña de Guerrero) ha atendido a más de 448 mil víctimas, un promedio de mil 500 al mes; y actualmente tiene más de 300 procesos jurídicos abiertos en defensa de las mujeres.

Sin embargo, desde noviembre de 2018 las trabajadoras (personal de limpieza y seguridad, abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, administrativas, etc.) que ofrecen diariamente sus servicios no reciben sus sueldos mensuales, no tienen presupuesto para su funcionamiento y no tienen certeza sobre qué pasará con el Centro en esta nueva administración, confirmó en entrevista para La Crítica, Eréndira González León, encargada del Centro.

De acuerdo con González León, son las mismas trabajadoras quienes costean los gastos para, por ejemplo, sacar de la entidad a las mujeres que necesitan refugio. Esto lo hacen gracias a las ganancias de una cooperativa que impulsaron ellas y a las gestiones que hacen con las oficinas municipales de Tlapa para que al menos paguen la electricidad.

¿Quién es responsable?

Inicialmente, el Centro operaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (entonces SEDESOL), dirigida por Rosario Robles. Esta política para la atención de las mujeres indígenas en una de las zonas más azotadas por el narcotráfico en el país nació sin un decreto oficial de creación y sin recursos económicos asignados formalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo con un punto de acuerdo que presentó el Congreso de la entidad en 2017, para la implementación de este proyecto, los tres niveles de gobierno suscribieron un convenio el 26 de noviembre del año 2013, en el que se establecieron las obligaciones de cada nivel de gobierno:

A la Sedesol le correspondía la construcción y equipamiento básico del inmueble; al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), coordinar, administrar y vigilar el desarrollo del proyecto; al gobierno de la entidad, donar el predio y aportar recursos financieros, humanos y materiales; y al municipio de Tlapa de Comonfort, otorgar las facilidades administrativas para la construcción del inmueble.

La inversión inicial fue de 121 millones de pesos del presupuesto de la SEDESOL, con los cuales se pagó a las trabajadoras por nómina, pero cuando Rosario Robles se fue a dirigir la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en noviembre de 2015, se llevó con ella la administración del Centro.

Este cambio de Secretaría trajo incertidumbre y desajustes para las empleadas del lugar, quienes desde entonces denunciaron públicamente que se les empezó a pagar por honorarios y se les disminuyó el sueldo.

Sin dar respuesta a esta problemática, el cambio de gobierno federal tras las elecciones de 2018 complicó todavía más la situación del Centro:

De acuerdo con la encargada del Centro, un mes antes de que tomara posesión actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se venció su contrato; el INMUJERES les quitó el vehículo que les prestaba para que hicieran recorridos en las comunidades; nadie les informó oficialmente sobre el cierre del programa y la administración saliente de SEDATU les pidió que preguntaran a la nueva administración qué pasaría con el programa.

En diciembre de 2018, cuando inició funciones la nueva administración, las trabajadoras buscaron al nuevo personal encargado del INMUJERES, la Secretaría de Bienestar y la SEDATU; también emitieron oficios para distintas legisladoras del Congreso de la Unión; y enviaron más de 27 oficios para exigir su sueldo, el pago de la luz, la formalización del Centro, entre otros mínimos para funcionar.

Aunque ya hubo dos reuniones con representantes de esas secretarías, hasta ahora éstos sólo les dicen que van analizar la situación pero nadie les ha explicado qué va a pasar con esta política pública. 

Vía telefónica, la directora de información del INMUJERES, Nancy Almaraz Navarrete, dijo a lL Crítica que el programa está en manos de la SEDATU no del INMUJERES; por su parte, la SEDATU, no ha respondido la solicitud de entrevista para explicar la situación.