Feminicidio en México de 1985 a 2020, ¿qué ha cambiado?

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

 

¿Antes asesinaban en México a menos mujeres que ahora? ¿El mayor peligro para las mujeres está en los hogares o el narcotráfico es responsable de la mayoría de los asesinatos? ¿Quiénes son los principales perpetradores de la violencia feminicida?¿En México se mata a más mujeres que en otros países del mundo?

Estas son algunas preguntas que nos hacemos cada vez que las noticias dan cuenta de una protesta ciudadana por un nuevo asesinato de una niña o una mujer en México, el único país que ha recibido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violencia femincida (Caso Campo Algodonero). 

2020: una pandemia y más muertes

Cada día se asesina en México de manera violenta a un promedio de 11 mujeres, 45 por ciento con armas de fuego. Esta cifra se obtiene tras sumar el número de víctimas del delito de feminicidio más el de víctimas mujeres del delito de homicidios dolosos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En total, hasta septiembre de 2020, primer año de la epidemia mundial por COVID-19, se habían asesinado en México a 2 mil 874 mujeres, la mayoría de entre 20 y 24 años de edad y pertenecientes al Estado de México. 

Hace cinco años, (fecha más antigua de la que tiene registro desagregado por sexo el SESNSP) eran seis y no 11 las mujeres asesinadas cada día, con mil 540 víctimas de muertes violentas en 2015. En el reciente lustro (2015-2020), diciembre de 2018 fue el mes más violento con 359 asesinatos de mujeres; este año también fue electoral y diciembre el mes de cambio de gobierno. 

Si bien no se ha vuelto a registrar ese pico en el país, los dos años recientes –con un nuevo partido al frente de México– el número de víctimas no ha logrado estar por debajo de los 300 casos mensuales, el promedio más alto en los recientes 35 años. 

Por falta de una adecuada implementación del protocolo de investigación de feminicidio, que está por actualizarse, no existe información suficiente que permita determinar si la mayor incidencia de la violencia contra las mujeres ocurre dentro de los hogares por falta de medidas de acción urgentes o en las calles por el crimen organizado, como afirma el Estado.

¿Qué ha pasado a lo largo de los años?

La forma en que México registra las muertes violentas de mujeres ha cambiado con el tiempo. Si bien el concepto de feminicidio se desarrolló por primera vez en una ley mexicana en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) desde 2007, hasta antes de 2012 no existía en los Códigos Penales locales el tipo penal de feminicidio, que se refiere (de acuerdo con el Código Penal Federal, que contiene una de las descripciones más amplia) a la privación de la vida a una mujer por razones de género. 

Por ello, en 1985 (primer año del que se tiene registro) se contabilizaba en general defunciones femeninas con presunción de homicidio (doloso y culposo). En ese año, marcado por el mayor terremoto que ha vivido el país, hubo mil 485 mujeres asesinadas, un promedio de 3.9 por cada 100 mil habitantes. 

Las cifras recopiladas en el informe “Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas” que elaboró la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU MUJERES muestran que en los años siguientes el número de asesinato de mujeres disminuyó hasta 1988, año electoral, cuando las cifras tuvieron un ligero repunte. 

Las estadísticas oficiales de entonces no permiten conocer otras circunstancias en las que ocurrieron los asesinatos, con lo que se podría determinar si entonces el peligro estaba focalizado en los ámbitos privados o públicos de la vida de las mujeres. 

Luego del repunte de 1988, la disminución en la cifra de mujeres asesinadas continuó, aunque de manera irregular, hasta alcanzar en 2007 su punto más bajo con mil 86 defunciones femeninas con presunción de homicidio. De acuerdo con el informe de la Cámara de Diputados, entre 1998 y 2007 la mayor ocurrencia de asesinatos de mujeres, tanto en términos absolutos como relativos, se dio en el Estado de México, con 26.1 por ciento del total de las defunciones femeninas con presunción de homicidio del periodo; incluso en 1990 casi cuatro de cada diez asesinatos ocurrieron ahí. Sin embargo, después de 1993 –un año antes de la firma del Tratado de Libre Comercio– disminuyó la participación de esta entidad en las defunciones hasta alcanzar 11.6 por ciento en 2010, con 270 defunciones. 

Como se verá más tarde, Chihuahua y otras entidades fronterizas ocuparían su lugar. Fue desde 1993 cuando las madres de al menos una decena de mujeres obreras desaparecidas y asesinadas llamaron la atención sobre la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, principalmente contra mujeres trabajadoras, jefas de familia, muchas de ellas migrantes. Por falta de debida diligencia en las investigaciones fue hasta 2015 cuando la sentencia del Arroyo el Navajo demostró que un grupo de agentes del Estado, militares involucrados en una red de trata de mujeres, serían los responsables de las muerte de 11 mujeres ocurrida 23 años atrás. 

En los años siguientes, el movimiento feminista mexicano se involucró en cumbres mundiales en las que se delinearon hojas de ruta para erradicar la violencia contra las mujeres, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará). Estos esfuerzos se institucionalizaron en México a través de la creación en 2001 del Instituto Nacional de las Mujeres. 

Pero, a pesar de esta institucionalización de la demanda de las mujeres y aunque durante 2007 se promulgó la LGAMVLV o también conocida como la Ley de las Mujeres, paradójicamente el año siguiente, 2008, con el Partido Acción Nacional al frente del poder y los decretos presidenciales que permitieron la operación del Ejército en las calles, se convirtió en un parteaguas para las mexicanas con un repunte de la violencia que, desde entonces, no se ha podido contener. 

En 2009, la CoIDH emitió la sentencia Caso González y otras (Campo Algodonero) VS. México en la que reconoce la responsabilidad internacional del Estado mexicano por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Esta sentencia responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”. 

Como consecuencia, México se vio obligado a transformar al ámbito federal la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa. 

El año 2010, tras la declaración de “guerra” contra el narcotráfico, México llegó al punto más alto de asesinatos de mujeres con 2 mil 333 víctimas. “A partir de ese momento no sólo apunta hacia mayores niveles, sino que el aumento de las defunciones femeninas con presunción de homicidio tiene la mayor aceleración registrada hasta hoy”, señaló el documento de la Cámara de Diputados.

No obstante, las diputadas señalaron desde entonces que las muertes violentas de mujeres no dependían únicamente del contexto de crimen organizado que permeaba entonces el país, toda vez que las variaciones entre uno y otro sexo eran distintas. “Si el incremento de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio respondiera a las mismas razones que el de los varones; es decir, al crecimiento de la delincuencia organizada, las tasas de ambos sexos tendrían comportamientos similares y la razón de las tasas masculinas respecto a las femeninas tendería a ser más o menos constante, situación que no se observa ni en el tiempo ni en el espacio)”, expresaron. 

En ese año, la violencia contra las mujeres también cambió en el mapa. En 2010, la entidad fronteriza de Chihuahua –que vivió el auge del TLCAN- se convirtió en la entidad número uno de todo el país con 32.8 defunciones con presunción de homicidio por cada 100 mil mujeres, un valor 8.1 veces mayor al promedio nacional, y el Estado de México, que hasta 2005 ocupó el primer lugar, descendió hasta el lugar 14.

Durante estos años se observó también que, si bien el mayor número de asesinatos tenía entre los 20 y 24 años de edad (es decir, eran jóvenes igual que los hombres asesinados), en el caso de las mujeres había muchas más niñas menores de cinco años asesinadas y el porcentaje de asesinatos de adultas mayores casi duplicaba al de los hombres. 

Ese 2010 fue también el primer año en el que las organizaciones civiles empezaron a contabilizar los asesinatos de mujeres como feminicidio. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) observó que de enero de 2010 a junio de 2011 en ocho estados de la República mil 235 mujeres fueron víctimas de presuntos feminicidios, 320 en el Estado de México.

En esa época, el Observatorio destacó que una diferencia entre los asesinatos de hombres y mujeres era la violencia extrema infligida sobre ellas, ya que los métodos empleados para concluir con la vida de las mujeres era en 52 por ciento de los casos a consecuencia de golpes, quemaduras, traumatismos, asfixia o heridas punzocortantes, mientras que en 46 por ciento de los casos murieron a causa del disparo de un arma de fuego. 

También se identificó que en 57 por ciento de los casos, las mujeres fueron encontradas en lugares públicos, como la calle, avenidas, carreteras, parques, hoteles o lotes baldíos, y que en tan sólo 18 por ciento de las mujeres asesinadas fueron encontradas en su casa. 

Desde entonces las organizaciones civiles señalaron la falta de información para establecer con certeza el motivo de los asesinatos. En ese año, 25 por ciento de los casos de feminicidio fueron adjudicados al crimen organizado, ejecuciones y enfrentamientos entre grupos delincuenciales, pero en 23 por ciento de los casos las autoridades desconocían los motivos de estos crímenes, en 40 por ciento la autoridad negó la información sobre esta variable fundamental y en un 9 por ciento se manifestó que los motivos tenían que ver con un problema con la pareja o algún familia.

El OCNF dijo entonces que si bien en países donde existe conflicto armado, la seguridad y vida de las mujeres se ve agravada por la presencia de los diferentes grupos armados en la vida cotidiana y por el control social que estos ejercen sobre sus vidas en los espacios públicos y privados, “es preocupante la tendencia de las autoridades de considerar que las muertes de mujeres con características específicas como el uso excesivo de la violencia es porque las mujeres forman parte de las células del crimen organizado, aun cuando esto no se demuestra pues las investigaciones aún se encuentran en proceso”.

Para los años siguientes, el Observatorio denunció la falta de registros sobre la situación de los homicidios dolosos y feminicidios cometidos en México. Durante 2012 y 2013 se contabilizaron 3 mil 892 mujeres asesinadas en el país, de estos casos sólo 15.7 por ciento fue investigado como feminicidios.

En estos casos, 46 por ciento de las mujeres asesinadas murieron por actos crueles que implican el uso excesivo de la fuerza física, mientras que 16 por ciento de las mujeres fue asesinada por arma de fuego; en 38 por ciento la autoridad no informó sobre la causa de la muerte de estas mujeres. Además, 21.7 por ciento de las mujeres víctimas de feminicidio (la mitad que el año anterior) fueron encontradas en la vía pública o en lugares públicos, mientras que 10 por ciento fueron halladas en una vivienda, pero en 65.4 por ciento de los casos se desconocía el lugar donde fueron asesinadas las mujeres. 

Para 2012 año ya era posible saber cuál era la relación de la víctima con el perpetrador: 20 por ciento de las mujeres víctimas de feminicidio fueron asesinadas por su pareja, algún familiar o persona cercana a la víctima, pero en el 80 por ciento restante, la autoridad desconocía al agresor.

En ese periodo, el Observatorio alertó sobre dos cosas importantes: “la información sobre los casos de feminicidio revela los métodos brutales mediante los que los cuerpos de las mujeres están siendo sometidos para privarlas de la vida; también evidencia que los agresores plasman el odio hacia las víctimas a través de la destrucción de sus cuerpos. Si bien a nivel nacional sólo 16 por ciento de las mujeres fueron privadas de la vida mediante el uso de arma de fuego, es importante destacar que en los estados de Oaxaca y Sinaloa más de 40 por ciento de las mujeres fueron asesinadas por este medio. Esto debe llamar la atención pues indica que durante los últimos años hay una mayor disponibilidad de armas en México”.

De enero de 2014 a 2016 el OCNF documentó la prevalencia de los asesinatos de mujeres y feminicidios. Sin embargo, “en 2017 se registró un incremento considerable”, destacó. El SESNSP registró 3256 asesinatos de mujeres y feminicidios en 2017 en todo el país, lo que representa un aumento de 52 por ciento comparado con 2015, año en que se registraron 2 mil 144 asesinatos de mujeres.

En 2017, como en los años anteriores, la mayoría de las mujeres fueron asesinadas de manera brutal mediante golpes, asfixia y otros, pero un número significativo de mujeres fueron asesinadas con el uso de armas de fuego, entre éstos Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Jalisco y Oaxaca, entre otros.

El estudio reveló que 30 por ciento (tres veces más que en 2012) de las mujeres víctimas de feminicidio fueron encontradas en su casa habitación. En cuanto a la relación de la víctima con su victimario, la información reveló que la autoridad seguía sin conocer en un número significativo el vínculo entre ambos.

¿México es el país más violento para las mujeres?

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, –retomado en el informe Aportes para la delimitación del tipo penal del delito de feminicidio en México, que elaboró la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito– durante 2017 México ocupó el segundo lugar en feminicidio en la región de América Latina, El Caribe y España, considerando números absolutos y en un ranking de 24 países. El primer lugar lo obtuvo Brasil, con mil 183 casos de feminicidio, seguido por México con 760 en el mismo periodo; ambas posiciones se encuentran muy por encima de otros países de la región, tales como El Salvador (345) y Argentina (251). Este informe destacó que información más reciente, proporcionada por Amnistía Internacional, afirmó que en 2019, México ha ocupado la primera posición.

No obstante, el sistema para medir la violencia contra las mujeres en México es limitado e insuficiente para reflejar la problemática real, ya que está rezagado y no cumple los ordenamientos que establecen los instrumentos internacionales sobre derechos de las mujeres. 

Pese a que la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), mandató desde 2016 al gobierno mexicano  recabar, analizar y publicar periódicamente datos estadísticos sobre el número de denuncias de todas las formas de violencia contra las mujeres, el número y tipo de órdenes de protección dictadas, las tasas de desestimación, el enjuiciamiento, la condena y la cantidad de tiempo necesario para la resolución de las causas, información sobre condenas impuestas y reparaciones, indemnizaciones, entre otros, México incumple. 

La metodología que presentó el Secretariado en 2018, que incluía un reporte de violencia contra las mujeres, no incluye todas las modalidades ni todos los ámbitos descritos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y solo reporta el sexo a partir de 2015, lo que hace imposible saber cómo ha sido la violencia de género más allá de esta fecha. Tampoco reporta delitos sino sólo carpetas de investigación y no refleja los subregistros.