Exigen justicia para Laura Sosa en Edomex

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Mujeres habitantes de Nezahualcóyotl, Estado de México, se manifestaron el pasado 24 de octubre afuera de la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en este municipio para exigir a las autoridades que investiguen por violencia familiar y delitos sexuales a Carlos Alberto “N”, quien difundió a más de 200 personas las fotos de una mujer desnuda.

La víctima es Laura Sosa Espinosa, quien se casó con Carlos Alberto “N” en 1998. Laura aseguró en entrevista que desde esos años él ha ejercido violencia psicológica, física, económica y ahora sexual en contra de ella. Aunque están divorciados desde 2018, Carlos mantiene el control de sus redes sociales, la acosa con mensajes insultantes, allana sus espacios de trabajo, la difama y la amenaza de atentar contra su vida y la de su familia. 

En la agresión más reciente, pero no la única, Carlos difundió a más de 200 personas las fotos de Laura desnuda. Estas imágenes llegaron a familiares, amistades y pacientes de Laura. Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició una investigación por delitos sexuales. 

No obstante, esta no es la única carpeta de investigación que Laura y otras mujeres han iniciado contra Carlos. La primera vez que Laura lo denunció fue por violencia familiar en 2004, pero entonces las autoridades del Estado de México la responsabilizaron a ella de la violencia. 

En un periodo de 13 años, Laura intentó al menos tres veces denunciar los distintos hechos de violencia, pero las autoridades municipales nunca la atendieron, por el contrario, la enviaban de una oficina a otra sin abrir ninguna denuncia formal ni dictar una orden de protección. 

A la par de Laura, otras personas cercanas a ella también intentaron denunciar a Carlos Alberto, ya que reiteradamente amenazaba de muerte o de agresiones a cualquiera que estuviera cerca de ella, sin embargo, ninguna de estas denuncias procedieron. 

En 2017, cuatro policías presenciaron cuando Carlos agredió físicamente a Laura y le recomendaron denunciarlo en la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género. 

Si bien se inició entonces una denuncia (con folio ECO729/17) por violencia familiar, que incluyó el testimonio de los policías, la Fiscalía no dictó ninguna medida de protección inmediata para Laura. Las autoridades tardaron el proceso de investigación por 6 meses y requirieron seis pruebas de psicología, un estudio de campo con entrevistas a vecinas y vecinos, y visitas al médico legista. Durante este proceso, la Ministerio Público a cargo del caso, María del Rosario Macías Briones, perdió los exámenes periciales que le hicieron a Laura y tardó muchos meses en recuperarlos, a pesar de que solo debía pedir una copia a quienes los expidieron. 

Tras comprobar el daño que Carlos Alberto hizo a Laura, se inició un juicio que concluyó el 29 de enero de 2021. El Juzgado de Control en Nezahualcóyotl, a cargo de Ricardo Cárdenas Francisco, encontró a Carlos Alberto como culpable de violencia familiar y le ordenó pagar una compensación económica de 26 mil pesos como reparación del daño psicológico. El Juzgado le dio una segunda oportunidad a Carlos Alberto y lo dejó sin castigo a cambio de vivir un año sin molestar a Laura, no salir del país y tomar terapias psicológicas. 

Carlos Alberto no cumplió con estas condiciones, ya que siguió molestando a Laura mediante mensajes de amenazas y ofensas. Laura avisó de esto a la funcionaria que quedó a cargo de vigilar que Carlos cumpliera con lo que se ordenó, Yuridia Canto, del Centro Estatal de Revisión de Medidas Cautelares, pero la funcionaria le dijo que eso no era de importancia y lo dejó pasar. 

Además de esto, ninguna autoridad avisó a Laura la fecha en la que se llevaría a cabo la audiencia para determinar si Carlos Alberto cumplió con lo ordenado o no, por lo que ella no tuvo oportunidad de exponer las pruebas en contra de él. Aunque ella reclamó al Ministerio Público esta omisión, así como a su abogada de oficio, no se pudo hacer nada porque el caso ya había sido juzgado. 

El 21 de mayo de 2018, Laura inició una demanda de divorcio y solicitó la separación de bienes. Laura no pidió la guarda y custodia de su hijo, que entonces tenía 17 años de edad, porque éste le dijo que se evitara problemas con su papá y que lo dejara con él.

Durante el proceso de divorcio no se tomó en cuenta ninguno de los antecedentes de violencia que presentó Laura ni se hicieron valoraciones psicológicas o médicas al respecto. Diez días antes de que saliera la sentencia, Carlos Alberto agredió a Laura en su lugar de trabajo, rompió la chapa de la puerta de entrada con un martillo y destruyó lo que pudo. 

En la sentencia de divorcio que dictó la jueza Blanca Comenarez Sánchez se estableció que Laura -desempleada en ese momento y sin lugar dónde vivir- tenía autosuficiencia económica, que Carlos Alberto se quedaba con la custodia de su hijo y que ella debía pagar lo equivalente a un salario mínimo diario de pensión. La jueza también determinó que no hubo violencia en la relación y que no había bienes qué pelear. Esto dejó a Laura en la desprotección económica. 

Laura no pudo apelar la sentencia porque seguía impactada por la violencia de los días previos y porque su abogado de entonces, Delfino Vizcaíno, no le explicó debidamente los alcances de la sentencia. 

Durante un año, Laura cumplió cabalmente el pago de pensión para su hijo, quien también empezó a agredirla. Cuando éste cumplió 18 años de edad, demandó a Laura ante el Juzgado Familiar del Edomex para que continuara pagando su pensión hasta que terminara sus estudios, los cuales lleva a cabo en escuelas privadas. Con la pandemia, los ingresos de Laura disminuyeron y no pudo seguir pagando, pero aún así continuó costeando una parte de la pensión, por lo que actualmente debe una pensión de miles de pesos. 

Laura quiere que el Juzgado de lo Familiar revise nuevamente el caso para que se retire la demanda en su contra, pero las autoridades del Poder Judicial le dijeron que sus documentos certificados estaban perdidos.

El 10 de agosto de 2021, Laura intentó denunciar ante la policía cibernética la vigilancia constante que hace Carlos de sus redes sociales. No obstante, nunca obtuvo respuesta de las autoridades y nadie ha atendido estas violencias. 

El 3 de septiembre de 2021, Laura tuvo que presentar una nueva denuncia ante la Ampevis por violencia de género, por las veces que Carlos Alberto la ha amenazado por teléfono y las que acudió a sus espacios de trabajo a romper cosas. Esta denuncia sí derivó en órdenes de protección que le impiden a Carlos Alberto acercarse a Laura, además de que se ordena un patrullaje constante y en momentos de emergencia. No obstante, cuando ella ha solicitado este apoyo la policía no ha llegado a tiempo.