Estudiantes contra el patriarcado: las nuevas colectivas feministas en la UNAM

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

 

Mientras autoridades, personal académico, sindicatos y compañeros intentan silenciar las violencias que enfrentan las estudiantes en las universidades, ellas se organizan para denunciar públicamente a sus agresores y a quienes los encubren, y -pese al trabajo que les implica y las represalias que reciben- evidencian juntas los obstáculos que hay para educarse libremente.

Como no se había visto antes en el nivel medio superior, hoy las estudiantes toman las aulas a modo de protesta para exigir -exclusivamente- el cese de la violencia en su contra; organizan marchas masivas y separatistas al interior de los recintos universitarios por el asesinato de las estudiantes; pintan los muros de sus escuelas con consignas feministas; hacen murales y ofrendas visibles en honor a sus compañeras; y cuelgan mantas largas y tendederos con nombre y foto de quienes las agreden.

También se reúnen en asambleas; organizan talleres y grupos de lectura sobre feminismo; irrumpen los salones frente a toda la comunidad estudiantil para evidenciar a los agresores; convocan a foros sobre la participación de las mujeres en la academia; administran redes sociales para informar y documentar casos de acoso; diseñan material informativo digital e impreso; y acompañan legal, psicológica y políticamente varias denuncias por casos de violencia machista en sus escuelas.

 

¿Cuándo empezaron a organizarse?

 

De acuerdo con diferentes estudiantes y académicas entrevistadas, la organización colectiva de mujeres feministas está presente y ha sido constante en las principales universidades del país al menos desde 1970. Sin embargo, hace al menos tres años -impulsada por el contexto- la organización se hizo más visible y más articulada.

Ello, coincidieron las entrevistadas, luego de que las denuncias públicas contra profesores por agresiones sexuales se hicieron constantes y se difundieron más a través de redes sociales. A esto se suma que la violencia machista dentro de las instalaciones universitarias llegó a su forma más extrema con el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, quien luego fue revictimizada y difamada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

También contribuyó -dijeron- que en ese contexto salieron todos los obstáculos que enfrentan las víctimas durante los procesos de denuncia formal en la universidad. Esto es desde el silencio o deslinde por parte de las y los directivos; la prescripción de los delitos en menos de un año; el incumplimiento de sanciones por delitos comprobados; la suspensión de sólo un semestre como castigo contra violadores; hasta la publicación de medidas de conciliación para evitar sanciones contra el perpetrador.

A esto se suma, desde su punto de vista, la movilización feminista que salió a las calles el 24 de abril de 2016 para condenar el feminicidio y la desaparición de mujeres, y la ola de testimonios que desató en redes sociales el hashtag #MiPrimer Acoso. Esto, advirtieron algunas, es el resultado de años y años de trabajo del movimiento feminista al interior de la universidad.

Uno de estos casos es el de la Colectiva Feminista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, todas ellas estudiantes de menos de 30 años quienes se conformaron en 2017 luego de encontrarse con estudiantes de otras carreras de la misma facultad en un taller sobre feminismos.

Juntas convocaron a asambleas estudiantiles. Abrieron grupos de debate sobre feminismo, organizaron jornadas informativas y luego evidenciaron en tendederos y “muros de la vergüenza” a los acosadores. La tarea, señalaron, no ha sido fácil. Por el contrario, pronto recibieron denuncias de profesoras, trabajadoras y hasta mujeres fuera de la universidad. Al mismo tiempo, cuando ellas dieron nombres de los agresores, los compañeros que dijeron apoyarlas las enjuiciaron.

Lo mismo pasó cuando tuvieron que enfrentarse con directivos y administrativos, quienes empezaron a señalarlas. En represalia, la comunidad estudiantil y académica las estigmatiza, las acusa de violentar hombres o de mentir e, incluso, las castiga con la cancelación de prácticas de campo cuando preguntan cuál sería el procedimiento si se suscita alguna violencia.

Las estudiantes aseguraron que son hostigadas por el personal de vigilancia y que, cuando hacen escraches, les piden nombres de quienes participan y los alumnos les dicen “porras”. El ambiente de hostigamiento es tan grande que ninguna de las entrevistadas quiso, por seguridad, que se publique su nombre.

A su favor, dijeron, está la articulación con otras colectivas de otras facultades, como la de Filosofía y Letras -probablemente la primera que surgió en este contexto en la Universidad Nacional Autónoma de México-, y las compañeras de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Las estudiantes observaron que esta articulación y la visión que tienen de la violencia como un problema estructural hizo que entre los movimientos estudiantiles, el feminista sea en este momento uno de los más fuertes, con más visibilidad y con más trabajo. Además, crearon lazos de amistad y de amor entre mujeres, lo que fue fundamental porque, expresaron, son conscientes de que su movimiento no se sostiene de coincidencias políticas.

Y es que las compañeras decidieron actuar no sólo durante las coyunturas, sino de manera constante e integral. Esto implica que cuando hay paros universitarios ellas aprovechan para dar seguimiento a las denuncias que reciben, y que actúan desde todos los frentes, desde los más radicales hasta la vía institucional. Además, trabajan doble cuando hay asambleas o reuniones estudiantiles porque además de convocar y organizar, se aseguran que no se infiltren agresores. Y a la par de su activismo, mantienen íntegras sus actividades académicas: van a clases, asumen adjuntías y preparan tesis.

En su opinión, el contexto de violencia contra las mujeres cancela las oportunidades educativas de las alumnas. Como ejemplo está el caso de una alumna que denunció formalmente una violación por parte de uno de sus compañeros. Se suspendió al agresor por un semestre, pero no se ejecutó la sanción, por lo que cuando ella llegó al salón de clases lo encontró sentado a un lado. La estudiante tuvo que salirse de la escuela por un año, dejó de ser alumna de excelencia y perdió la oportunidad de irse de intercambio a otro país o de acceder a una beca. En contraste, su agresor siguió con regularidad sus clases.

Como éste, las integrantes de la Colectiva suman varios casos de impunidad para alumnas, profesoras y trabajadoras, algunos, por ejemplo, donde la violencia las persigue hasta en los Ministerios Públicos. Los implicados son desde profesores “vacas sagradas” hasta líderes sindicales.

En respuesta, los mayores logros de esta colectiva son el haberse encontrado entre mujeres. Entre ellas, dicen, se apoyan, se hacen más fuertes. “Fue pasar del miedo, de la inseguridad, a adquirir una conciencia mucho más crítica.Te hace sanarte y quitarte toda la construcción que traes y no quedarte sólo en la teoría. A veces quieres cambiar todo y te das cuenta que sola no puedes, pero todas sí podemos sacar al agresor, decirle al director, todas sí podemos tomar la escuela”, explicaron.

Para ellas, la violencia contra las mujeres es eje del resto de problemáticas en la universidad, como la corrupción, la desigualdad y otras violencias que ya existen. Por ello, su apuesta está principalmente en “la base” con sus compañeras, las trabajadoras y las profesoras.

Las alumnas están convencidas de que sus acciones son ejemplo para otras facultades e impactan incluso fuera del entorno universitario, como a sus familias. Aunque no logren transformar a la institución, ellas aseguran que mantener la resistencia es muy importante porque el patriarcado no va a ceder y sus herramientas son cada vez más violentas.

Las estudiantes están conscientes de que en algún momento saldrán de la universidad y no podrán continuar ahí su activismo; esto, dijeron, es una característica que siempre debilita la organización de mujeres dentro de las universidades. Su plan, entonces, es dejar un camino para todas las universitarias que vengan, ser un antecedente y hacer más fuerte la resistencia.

 

Colectivas contra el silencio

 

Muchas colectivas de otras facultades surgieron apenas el mes pasado como resultado de la movilización estudiantil que vino tras la protesta del pasado 3 de septiembre frente a la Rectoría de Ciudad Universitaria, la cual tenía como principal exigencia el cese a la violencia feminicida en las universidades. El antecedente inmediato de esta megamarcha fue el asesinato de Miranda Mendoza Flores, una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente y -según un recuento que hizo La Crítica– al menos una docena más de casos de estudiantes asesinadas  y desaparecidas dentro y fuera de los recintos universitarios desde 2002.

A pesar de que la violencia contra las mujeres fue el centro de la megamarcha que atrajo la atención de la opinión pública, distintos sectores universitarios buscaron diluir este tema de la agenda del movimiento estudiantil. Por ejemplo, en las asambleas universitarias -un espacio de toma de decisiones del alumnado- se sometió a votación la participación de la Asamblea de Mujeres, e incluso se desprestigió con notas de prensa las asambleas exclusivas de las estudiantes.

Conscientes de la violencia que las amenaza todos los días, las alumnas buscaron espacios propios para hablar de ello. Es el caso de Me verás Organizada Facultad de Ingeniería, el Frente Estudiantil Médico, y Mujeres Organizadas- Derecho.

En entrevista, las compañeras de estas colectivas coincidieron en que en sus facultades la violencia hacia las mujeres está muy normalizada, lo que hace muy difícil hablar de ello. Sin embargo, haberse reunido entre ellas “les abrió los ojos” sobre cómo incluso las bromas durante las clases también son una forma de ejercer violencia y su efecto es que se sientan inseguras en el ejercicio de su profesión.

Para ellas, la violencia contra las mujeres como problemática universitaria es prioritaria, ya que no sólo cancela su derecho a la educación, sino que atenta directamente contra su integridad física. Además, reconocieron que hay un sistema de corrupción patriarcal que coloca en puestos de poder a profesores varones heterosexuales quienes, cuando son acusados de agredir a las compañeras, son casi imposibles de quitar.

Las compañeras identificaron la necesidad de cambiar estructuralmente los sistemas de enseñanza, entre ellos los programas de excelencia académica que presuntamente dan incentivos a los estudiantes a cambio de que rompan movilizaciones universitarias o que no se involucren en la resistencia para que puedan ser, por ejemplo, “los médicos del mañana”, o que, como el caso de la Facultad de Derecho, se les enseñe profesionalmente a las estudiantes cómo defender legalmente a otras mujeres.

Frente a la secrecía que impera sobre la violencia contra las mujeres en la UNAM, las estudiantes de estas facultades decidieron visibilizar a los agresores. Por ello, colgaron mantas grandes en sus edificios y se organizaron para hacer tendederos con denuncias públicas. En la Facultad de Medicina, por ejemplo, en dos días recibieron al menos cinco denuncias, y en la Facultad de Derecho, difundieron 79 casos de acoso. Estas organizaciones de mujeres están abriendo espacios de diálogo político y de feminismo, y trabajan también en red con otras colectivas, organizaciones de la sociedad civil y con psicólogas y abogadas para acompañar los casos y demostrar a las denunciantes que no están solas.

Sin embargo, todas las entrevistadas coincidieron en que el ejercicio de publicar el nombre de los agresores aterra mucho a las autoridades y académicos de sus universidades. En muchos casos, bajo el argumento de que se pone en riesgo el prestigio de su facultad o la excelencia académica.

Por ejemplo, las estudiantes de Medicina pusieron carteles en su edificio y al otro día ya no estaban. Cuando las de Derecho hicieron el tendedero, su Facultad sacó un comunicado para pedirles que no hicieran denuncias públicas, sino que se acercaran directamente a las autoridades. Y en la Facultad de Ciencias Políticas borran con pintura gris los grafitis feministas pero no así las pintas de otros temas.

A esto se suma que las autoridades no transparentan a la comunidad estudiantil ni informan a las víctimas sobre las investigaciones que inician contra los agresores. Pese a ello, las estudiantes aseguran que continuarán con sus acciones para visibilizar la violencia en las universidades, ya que “la apuesta -explicaron- es seguir invitando a las alumnas, que sepan que si la institución no te va a responder, tienes a una red de compañeras que sí, y que no va a dejar que el profesor que te agredió siga dando clases”.