Empresa concesionaria de Metrobús violenta a trabajadoras

La Crítica

Mariana es un nombre falso, pero la que relata esta historia prefiere mantenerlo así por su seguridad. Ella entró a trabajar en noviembre de 2014 a Corredor Insurgentes S.A de C.V. (CISA). 

Ésta es una de las empresas más influyentes en la Ciudad de México en materia de movilidad. Desde 2007, el gobierno de esta capital le asignó un contrato para suministrar el servicio de transporte público del Metrobús Insurgentes. Su Director Ejecutivo, Jesús Padilla Zenteno, es también el presidente de la COPARMEX -organización de empresarios- en la capital del país.

A Mariana la contrataron como auxiliar de comunicación, sus tareas eran: elaborar el periódico interno, hacer la estrategia de redes sociales, hacer síntesis de noticias, hacer guiones para videos, entre otras cosas. 

Ella misma propuso realizar campañas de sensibilización en perspectiva de género. Además, CISA le pedía también que realizara trabajos para otras empresas. Todo esto por un sueldo equivalente, con el ajuste actual, a menos de tres salarios mínimos. Tenía otras dos compañeras que estaban en la misma situación. 

Mariana fue con su jefe inmediato, Agustín Eugenio de la Cruz, y le pidió un aumento. Éste le dijo que sí pero no lo cumplió.  El 3 de agosto de 2016, Mariana decidió organizarse con sus compañeras y presentaron al Director de CISA una carta conjunta para exigir ese aumento y denunciar que continuamente recibían un trato diferenciado bajo el argumento explícito de que “eran mujeres”. 

En la carta denunciaron que a los hombres se les pagaba un sueldo mayor por igual o menor número de actividades, además de que se les contrató sin tener la misma experiencia ni nivel de estudios que le pidieron a Mariana. 

Su jefe, De la Cruz, recibió el documento pero les dijo que aquello que le pedían salía de sus competencias y las rechazó. 

De acuerdo con Mariana, el desdén y menosprecio por parte de los directivos contra las trabajadoras es una práctica común en esa empresa. De hecho, en marzo de ese año, varios medios de comunicación informaron sobre la desaparición de Alma Delia García Pérez, una joven de 31 años, en las cercanías de su trabajo. La joven era la secretaria del director de CISA, quien jamás se pronunció por este hecho. 

REPRESALIAS 

Aunque la situación en el centro de trabajo ya era violenta para Mariana, días después de la carta las agresiones se intensificaron: su jefe inmediato las excluyó de actividades, les encomendó tareas de perfiles inferiores, les ocultó información importante para el desempeño de su trabajo y continuó con sus comentarios sexistas: “se va temprano porque tiene su compromiso (novio)” o “tú como madre no te puedes dar el lujo de no tener datos (en el celular)”. 

Además, dijo Mariana, los hombres presentaban los proyectos que ellas realizaban como suyos porque ellas no podían participar en las reuniones. Esta exclusión ya existía antes de que ellas se organizaran pero se intensificó después de la carta. 

Un año después, el 15 de septiembre de 2017, la empresa despidió a Mariana y a sus otras compañeras (en días diferentes) sin justificación de por medio. A una de ellas se le argumentó su condición de madre.

Mariana no estuvo de acuerdo, así que se negó a firmar documento alguno. Por su parte, CISA rechazó darle una indemnización, pagarle sus vacaciones por el tiempo trabajado, regresarle su caja de ahorro, darle aguinaldo, prima de antigüedad y otras prestaciones que le corresponden. 

JUNTAS DE CONCILIACIÓN, BALANZA DESEQUILIBRADA

Por ello, Mariana denunció a CISA ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México por despido injustificado y por quererla obligar a renunciar a sus derechos como trabajadora. Buscó a una persona que le representara legalmente y llevó todas las pruebas a su alcance: la carta que hizo con sus compañeras, mensajes, recibos de nómina, todo lo que pudo reunir.

Luego llegó la empresa con sus representantes. Negaron ante la Junta que hubieran despedido a Mariana y presentaron un documento con una firma falsa en el que supuestamente ella decidió renunciar a sus derechos y su caja de ahorro. 

Mariana dijo que era mentira: su palabra contra la empresa. La Junta decidió que ambos sometieran el documento a un peritaje que avale que ella dice la verdad, y para el cual cada quien debe pagar los honorarios de quien lo realice. Para la empresa no será un impedimento pagar al perito pero sí para Mariana, quien no sabe de dónde sacará los recursos para ello. Si bien la Junta debe ofrecerle un profesional de oficio, ella teme que éste, como el que contrate la empresa, se preste a corrupción si ofrecen sobornarlo.

Tras el despido, Mariana no sólo se enfrentó al hecho de haber sido reprimida por exigir un derecho laboral y evidenciar una discriminación, sino que también encaró el desempleo. Mientras, CISA continuó prestando el servicio de Metrobús sin pena ni gloria y además se certificó como “Empresa Socialmente Responsable” por sexto año consecutivo. 

Según asegura la empresa en su portal web: “Declaramos respetar sin excepción alguna la dignidad de la persona humana y los derechos y libertades que le son inherentes, proveer siempre un trato amable, y tolerancia para todos los colaboradores, accionistas y representantes de proveedores, el Cliente y las partes involucradas de CISA”.

Y agrega que tiene el compromiso de “Garantizar la igualdad de oportunidades, evitando cualquier tipo de discriminación o preferencia de raza, edad, género, ideología o institución educativa, durante el proceso de reclutamiento y selección, contratación y desarrollo del personal”.

Incluso tiene un código de ética en el que pone por escrito su compromiso de promover los derechos laborales y de abstenerse a discriminar.

Sin embargo, según pudo constatar Mariana, en ninguno de los puestos directivos hay una mujer al frente, además de que -como también sucedió en su caso- cuando se abre una vacante de perfil alto, los directivos eligen a sus familiares o allegados para que los ocupen. 

Está no es la única denuncia de una mujer contra un particular en la Ciudad de México. De hecho, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México recibió en un año (de 2016 a 2017) 117 denuncias por discriminación: la mitad de la lista la encabezan mujeres que fueron despedidas por embarazo.

Aunque la discriminación, la violación a los derechos laborales y el hostigamiento son delitos y, en este caso, una forma de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral -estipulada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia- la salida que han encontrado las autoridades es conciliar con las empresas y las denunciantes. 

Esto es: negociar o regatear con la empresa el reconocimiento y restitución de los derechos de las trabajadoras para evadir sancionar a los empresarios. Entre la lista de las empresas denunciadas pero “con buena disposición para conciliar” –según la COPRED, quien tiene como presidenta a Geraldina González de la Vega— están Walmart, Lumen, el colegio Anglo Mexicano, Interlingua y otros.

También hay una lista de empresas que no mostraron “disposición” para negociar, pero la COPRED decidió omitir sus nombres, solo puso el ramo al que pertenecían: todas del sector servicio, especialmente limpieza, en el que se emplean más mujeres de escasos recursos. 

Este entramado legal le ha permitido a Mariana constatar que “los derechos de las trabajadoras en las empresas se atropellan a cada rato, pero no existe un órgano que los regule ni tampoco hay un compromiso de su parte para promover una cultura de respeto a los derechos humanos y menos de las mujeres, aunque tengan distintivos por ello. Te sientes sola y no respaldada, ¿a dónde vas si son los mismos en todos lados?”.

“Además -agregó- las empresas son un espacio masculinizado y cerrado a la intromisión de otras instancias reguladoras. En este caso, el mismo presidente de la empresa es el líder de otras empresas, ¿entonces a dónde vamos? No existen espacios para la defensa de nuestros derechos, ellos (los empresarios) con mayores recursos económicos y alianzas con otros han construido un poderío para ser impunes y evadir su responsabilidad para el pago de los derechos laborales”.

“Cuando ves este atropello a la dignidad humana que se incrementa como mujer joven y levantas la voz parece sorprendente que existan consecuencias negativas en tu contra en lugar de búsqueda de soluciones. Qué tan impune se debe saber un dueño de una empresa para presentar pruebas falsas frente a la autoridad competente con el fin de eludir el pago de los derechos laborales. Cada que avanza mi caso en lo legal veo la resistencia de su parte y lo que es capaz de hacer”, reflexionó Mariana.