El abolicionismo en la historia de la prostitución en México

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

La postura abolicionista feminista en la prostitución, que plantea erradicar cualquier forma de explotación sexual contra las mujeres y las niñas, no es nueva en México, pues se puede encontrar  en los debates entre mujeres desde hace más de un siglo.

Desde el Virreinato y durante toda la época porfirista, México experimentó la postura reglamentarista en la prostitución. A partir de 1861 (como documentó la investigadora Rosalina Estrada Urroz en su texto Control sanitario o control social: la reglamentación prostibularia en el Porfiriato) se expresaron una serie de ordenamientos legales que controlaban, ordenaban y vigilaban la prostitución con el fin de evitar la propagación de enfermedades y preservar la moral de la población. Por ejemplo, se hizo un registro de mujeres y se les sometió a controles sanitarios, se definieron zonas específicas para “ejercer” la prostitución y se regularon las llamadas casas de citas. 

“En el periodo que va de 1865 a 1940, se justificó el acceso masculino a un grupo de mujeres así como la existencia de prostíbulos y matronas. Asimismo, se borró o desdibujó todo registro, mención o imagen de los proxenetas varones, lo que permitió su existencia de manera velada o protegida. Ello produjo un efecto que yo he llamado de ‘incubación’ de la explotación masculina de la prostitución ajena, el cual se desarrolló durante esas décadas prácticamente sin la atención de las autoridades. En este lapso no hubo normas para los proxenetas varones como las que hubo para las matronas ni tampoco un sistema de vigilancia del estado higiénico de los ‘clientes’ como el que hubo para las mujeres dedicadas a la prostitución”, de acuerdo con el texto La explotación de la prostitución ajena en México, de la historiadora Fabiola Bailón, quien ha investigado por años el sistema proxeneta en México. 

De acuerdo con Bailón, fue hasta la época posrevolucionaria cuando el tema de la prostitución y su explotación ocupó un lugar en las sesiones que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados de 1917 a 1921 para debatir cómo adecuar los principios revolucionarios a la realidad en esta materia con miras a la promulgación de la Constitución.

En el plano internacional, la explotación del cuerpo de las mujeres a través de la prostitución era un debate más álgido. Desde mediados del siglo XIX, en Inglaterra, un grupo de pensadoras feministas, entre ellas Josephine Elizabeth Grey Butler, cuestionaron y pidieron la revocación de las leyes por medio de las cuales el Estado instauró un sistema de inspección médica y policíaca de la prostitución. 

 En México, explica Fabiola Bailón, algunos diputados como Felipe Trigo, Agustín Vidales o Querido Moheno, debatieron sobre la explotación de las mujeres al señalar que éstas eran víctimas de “la matrona”, el “cliente, el doctor y el gobierno”, y empezaron a vincular la prostitución reglamentada con la esclavitud. También por esos años, las feministas mexicanas empezaron a discutir el tema y a conformar toda una línea de debate en la que no cuestionaron directamente las bases del sistema reglamentarista, pero pusieron acento en otros factores que promovían la prostitución y su explotación. 

Estos debates –apuntó la historiadora– derivaron en una serie de demandas que se plantearon dentro del Primer Congreso Feminista Panamericano, celebrado en 1923 en la Ciudad de México. 

Como consta en el texto, durante ese Congreso, las feministas y mujeres identificadas con el pensamiento socialista o comunista, pidieron a las autoridades no permitir el empleo de mujeres en los llamados “cafés-cantantes” en los cuales se incentivaba la prostitución; que “previa una investigación sobre los códigos y leyes de prostitución del Estado se pidiera la supresión de las casas de asignación” (también llamadas “casas de citas”) y que en los lugares de desembarque de mujeres solas o de llegada de “campesinas a la ciudad” se garantizara su seguridad “a fin de contrarrestar la actividad de los explotadores de mujeres”. 

De acuerdo con lo que documentó Bailón, esto dio pie a otras exigencias por parte de las feministas: en 1933, la adhesión del país al Convenio Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Niños;  el 3 de mayo de 1938, su adhesión a la Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad (11 de octubre de 1933). Como resultado, el Senado de la República aprobó en 1939 la abolición de los reglamentos de prostitución en la ciudad de México, aunque su aplicación no se daría sino hasta el año siguiente. 

Desde entonces y hasta la actualidad, el movimiento feminista abolicionista no ha cesado de exigir al gobierno medidas de erradicación de la explotación sexual de las mujeres y las niñas con fines comerciales a través de distintas acciones públicas, coadyuvancia en el trabajo legislativo, protestas sociales, entre otras. 

A su vez, las abolicionistas organizadas han insistido en estos actos públicos que la prostitución es el corazón de un delito: la trata de personas con fines de explotación sexual, ya que es dentro de la prostitución donde se comercializan los cuerpos de las mujeres que son enganchadas por la trata.

Ellas también participan en organizaciones civiles que contribuyen al rescate y restitución de derechos de las mujeres que han sido explotadas. Con ello se ha conseguido en diferentes épocas que, en particular el gobierno capitalino, no reglamente la prostitución a través de registros, credenciales de trabajo, controles sanitarios o el reconocimiento del trabajo sexual.

Por ejemplo, durante la elaboración en 2017 de la Constitución de la CDMX, grupos feministas abolicionistas evitaron que se reglamentara ahí el llamado trabajo sexual bajo el argumento de que ese ordenamiento iría en contra de los derechos humanos de las mujeres, entre los que se establece la vida libre de violencia y la erradicación de todas las formas de explotación y esclavitud contra ellas.

Pese a ello, actualmente prevalece en el Congreso local una intención de regular la prostitución en la Ley de Trabajadores no Asalariados. En contraste, desde 2019 se conformó en el país el Frente Nacional Feminista Abolicionista, que se ha pronunciado en contra de ésta y otras acciones reglamentaristas.