Denuncian lesbofobia en representación del INM en Toluca

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Personal de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Toluca, Estado de México, discriminó a una pareja de lesbianas y les obstaculizó hacer un trámite migratorio. 

El pasado 20 de mayo, María G. y Lara S. (cuyos nombres completos nos reservamos por protección), acudieron al centro del INM ubicado en Toluca, en el Estado de México, para realizar un trámite migratorio. 

Desde su llegada, el personal del recinto negó la oportunidad de que las dos mujeres pasaran juntas a las oficinas bajo el pretexto de que sólo podía ingresar la persona que realizaría el trámite migratorio.

Aunque las mujeres argumentaron que Lara S., originaria de Brasil, no dominaba el idioma español y requeriría apoyo de su esposa, María G. para entender plenamente, el personal de seguridad les impidió el ingreso juntas.

De acuerdo con el relato de ambas mujeres, no pasaron ni cinco minutos después de esta negativa cuando este mismo personal permitió que otra pareja en las mismas condiciones que Lara y María, pero heterosexual, ingresara a las oficinas de migración. De hecho, durante toda la jornada, el personal de seguridad permitió el ingreso de parejas y familiares.

Al percatarse de esto, las mujeres (una dentro y otra afuera de las oficinas) insistieron en que se les permitiera estar juntas, porque Lara requería apoyo de traducción, pero tanto el personal de seguridad como las y los funcionarios dentro del centro del INM se negaron. 

Además, de acuerdo con el relato de Lara y María, el personal de seguridad (una de ellas identificada como L. García P.) se refería a Lara con hostilidad, mientras que al resto de las personas las trataba amablemente. 

Al sentir que el trato era diferenciado, Lara pidió hablar con la supervisora del personal de seguridad. Una mujer identificada únicamente como “Violeta” se presentó como la funcionaria superior del recinto y le dijo a Lara que ella “no le iba a decir qué hacer y que nadie iba entrar” e intentó sacarla. 

Luego de cinco horas de espera en la fila para el trámite, el personal de migración finalmente revisó la documentación de Lara. Hasta ese momento, el personal de seguridad permitió ingresar a María, pero se refirió a ella como el “esposo” de Lara.

Lara, casada con María desde 2019, cumplía con todos los requisitos para el trámite, incluyendo su acta de matrimonio original, no obstante, ya en la ventanilla, un funcionario de esta representación (que nunca se identificó) les dijo que se requería un acta de matrimonio actualizada a 2022, con código QR. 

Este requisito no viene en la lista de documentación que solicita el INM en su página de internet ni por vía telefónica ni en ningún otro medio por el que se difunde la información para el trámite, pero el funcionario insistió en que era un “requisito interno”.

Para evitar ir otro día y formarse nuevamente, porque las oficinas están en una zona muy lejana a su domicilio y además de difícil acceso, María salió a imprimir el acta de matrimonio en uno de los locales de papelería que están afuera del recinto, a los cuales el propio personal de migración envía a las personas cuando les falta un documento.

Estos locales, que no forman parte oficialmente del INM, se enriquecen con la impresión y copias de los documentos que solicita como “requisito interno” el personal del Instituto. Por ejemplo, imprimir el acta de matrimonio actualizada a 2022 que el funcionario solicitó a Lara tenía un costo de 400 pesos. 

Mientras María buscaba el acta actualizada, el funcionario le dijo a Lara que ya había acabado su tiempo de ser atendida y que no esperaría más. Cuando Lara pidió el apoyo de una funcionaria de mayor cargo para que la apoyara, se presentó nuevamente la funcionaria “Violeta”, quien revisó los papeles y sacó una lista de requisitos. En esta lista no se mencionaba el acta de matrimonio actualizada, pero igualmente la funcionaria se negó a atender a Lara. 

María y Lara tuvieron que regresar otro día a hacer el trámite. Una vez dentro de las oficinas de la representación del INM, con el acta actualizada en mano, una funcionaria identificada como Yolanda Martínez volvió a negarles que entraran juntas y luego rechazó hacerles el trámite bajo dos argumentos: el primero fue que presuntamente se requería la cédula profesional de la persona que pusieron como contacto en caso de emergencia; el segundo, que su celular no reconocía el código QR que tenía el acta actualizada a 2022 que presentaron las mujeres.

Lara y María pidieron nuevamente que les mostrara dónde se pide ese documento como requisito para su trámite, pero la funcionaria se negó. 

Las mujeres consiguieron la cédula y luego ofrecieron su propio celular para que la funcionaria pudiera verificar el código QR del acta de matrimonio, pero no lograron convencerla; por el contrario, la funcionaria se mostró desesperada y fue grosera con ellas. 

Lara y María le dijeron a Yolanda Martínez que estaban ejerciendo lesbofobia contra ellas, a lo que ella respondió con risas y burlas. 

Fue hasta que la situación se hizo evidente en toda la oficina, que se acercó a ellas la funcionaria que el día anterior se había identificado como “Violeta”. Lejos de apoyarlas, la funcionaria regañó a las mujeres, porque no fueron directamente con ella para hacer el trámite. 

María y Lara le dijeron a la funcionaria que llevaban consigo la documentación para denunciar su actuación, a lo que “Violeta” accedió a revisar los documentos para el trámite migratorio. Luego de revisarlos nuevamente, la funcionaria validó el acta de 2019 (que llevaron desde la primera vez) y la otra sólo la anexó como documento para cotejo. 

Por estos hechos, María y Lara ya presentaron una queja ante el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y están a espera de que se resuelvan. 

 

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