Defensoras reprimidas y encarceladas en Nicaragua

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

 

Ciudad de México, octubre 2018.-

La tarde del domingo 14 de octubre, un grupo de no más de 50 personas, la mayoría mujeres, desafío la prohibición explícita del gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, de no manifestarse sin permiso. Ellas decidieron desacatar, a través de una marcha pacífica en la carretera, la prohibición del ejecutivo federal para reivindicar su derecho humano y constitucional a la libre protesta, y exigir la liberación inmediata de 400 personas que fueron encarceladas por manifestarse.

En represalia, el gobierno de ese país- en el que desde abril pasado la población se organizó para protestar contra la instauración de nuevas políticas que irían en detrimento de la población campesina, estudiante y trabajadora- desplegó en diferentes puntos a más de 300 elementos, entre policías, miembros de las fuerzas anti choques y paramilitares, para reprimir con violencia y armas aturdidoras (según testimonios y videos) a las protestantes, varias de ellas activistas reconocidas en el país por su labor en la defensa de las mujeres.

De acuerdo con Aleida Sánchez, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres en Nicaragua (MAM), que documenta y acompaña legalmente desde hace 11 años a presas políticas, el saldo de la represión de ayer fue de al menos 42 personas detenidas, entre ellas 16 mujeres de diferentes edades y activistas de los movimientos sociales, luchas cívicas y feministas. Hasta la tarde de ayer, sólo 3 mujeres habrían quedado libres.

El resto de las mujeres fueron probablemente trasladadas al Chipote, la Dirección de Auxilio Policial, un lugar conocido desde la dictadura de Somoza por ser ocupado por el régimen para cometer tortura; sin embargo, como ya se volvió una constante en estos meses –según advirtió la activista en entrevista para este medio-, no hay certeza de dónde están las presas, ya que el gobierno no informa a las familias el paradero exacto de la quienes captura, mantiene incomunicadas a las personas por varios días, las deja en prisión por hasta 90 días cuando el máximo es de 48 horas, las captura sin órdenes judiciales, y, cuando las familias consiguen órdenes de liberación, los jueces que deben ejecutarlas no existen o se niegan a hacerlo. La situación de violaciones al debido proceso es tal, que la sociedad civil decidió llamar a las detenciones, secuestro.

Otra constante en estas detenciones -explicó Sánchez- es que desde que inició la represión de Nicaragua no existe el debido proceso para las y los presas políticos; por el contrario, como lo demuestran los casos de las otras presas políticas, las y los detenidos por manifestarse son procesadas y acusadas de terrorismo, tenencia de armas y hasta asesinatos

“El régimen les quiere imputar a las y los jóvenes los asesinatos que el gobierno ha cometido”, dijo la activista. Además de capturar con violencia, violar el derecho constitucional a la libre protesta y no respetar el debido proceso, el gobierno nicaragüense aprovechó el contexto de represión de ayer para capturar a defensoras que no participaban ese día en la manifestación, sino que pretendían salir del país por razones vinculadas con su labor de activistas.

Las presas políticas

Entre las detenidas de ayer está la feminista y defensora de los derechos de las mujeres, María Haydeé Brenes Flores, quien no participó en la manifestación sino que fue capturada en el aeropuerto Augusto Sandino, cuando se disponía a viajar. De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, durante la crisis sociopolítica que se desató en Nicaragua, Haydeé ha sido víctima de difamación, amenazas y ataques físicos. En la manifestación también se detuvo a Tamara Dávila, del Frente Amplio por la Democracia; Ana Margarita Vijil, defensora de los derechos humanos; Ana Lucía Álvarez, activista de los derechos económicos, sociales y culturales; Suyen Barahona, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista; Marlen Chow (que ya quedó liberada), y Alejandra Machado Blandón.

De acuerdo con la lista preliminar, las otras mujeres detenidas fueron Alba Aragón Dávila, Geisel Solís, Marcela Martínez, María de los Ángeles Gutiérrez, María Dolores Monge Aguilar, Sandra Cuadra, Marvin Reyes, Allan Cordero, Andrés Reyes, Ángel Miranda, Francisco Ortega, Freddy Ramírez, Gustavo Vargas, Gustavo Argúello, Irving Dávila, José Antonio Peraza, Mauricio Ríos, Orlando Rafael, Ramiro Lacayo, y Salvador Berrios.

Hasta antes de ayer, el gobierno nicaragüense había detenido por razones políticas a 36 mujeres encarceladas y judicializar por protestar contra el régimen en marchas, entranques y en cada una de acciones de protesta. Muchas de ellas ya están siendo procesadas por terrorismo o delitos similares.  Aquí la lista de las presas políticas: (Imagen)

Según el Movimiento Autónomo de Mujeres, muchas de estas presas son adultas mayores, y otras tienen hijas e hijos que dejan en la desprotección. Además, dijo, lo que han documentado durante estos 11 años de trabajo es la violencia sexual, amenazas contra la familia y difamación en redes sociales contra las mujeres que se defienden frente a la actuación del Estado.

Por su parte, Juanita Jiménez, feminista, abogada y también integrante del MAM, declaró en entrevista para un medio de su país que la detención de ayer “fue totalmente arbitrario e ilegal (…) y que no es cierto que el gobierno puede por medio de un comunicado de prensa convertir en ilegal un acto tan básico como es la movilización y la libertad de expresión, sino que son actos de barbarie que sólo se justifican en un régimen dictatorial. (…) Nosotras seguiremos nuestra campaña internacional de libertad para todas las presas y presos políticos, no vamos a descansar hasta que el último detenido sea desencarcelado, y vamos a seguir en el activismo desde las mujeres, vamos a seguir promoviendo la resistencia cívica y ciudadana, y no vamos a claudicar por nuestros derechos fundamentales. (…) La policía tiene que detener la represión, los policías tienen la capacidad de objeción de conciencia, no pueden seguir siendo represores de su propio pueblo, no pueden seguir apaleando mujeres en la calle, no puede prevalecer la misoginia”

Pese a represión, mujeres al frente de la defensa 

De acuerdo con lo que documentó La Crítica en el reportaje Nicaragua: Cuando la revolución acabe habrá un país de las mujeres, desde hace varios meses este país vive una crisis sociopolítica provocada por el gobierno de Daniel Ortega, quien de manera unilateral, tras 11 años de mandato y con menos del 40 por ciento de votación en las últimas elecciones, tomó tres decisiones que encolerizaron a un país que ya de por sí no lo legitimaba: otorgó concesiones a extranjeros chinos para explotar una de las reservas ecológicas más importantes de Mesoamérica; reformó la legislación para que la clase trabajadora -en el segundo país más pobre de América Latina- pagará 5 por ciento más para su seguridad social; y armó a grupos paramilitares para que acallara con toda el arsenal a un pueblo.

El resultado de los primeros tres meses fue al menos 317 personas asesinadas confirmadas sólo en 107 días de protesta, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque organismos nacionales estiman en más de 450, entre ellas al menos 25 mujeres; más de mil 500 personas heridas de gravedad; al menos 6 periodistas mujeres agredidas por documentar la represión de Ortega, según la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos; y, como en otros contextos de guerra, denuncias de violaciones, tortura sexual y tocamientos contra mujeres, muchas que ocurrieron en cárceles.

Cuando la crisis social estalló, el movimiento feminista puso sus redes y poder organizativo en función de lo que ésta les demandaba. Para ellas ya no era novedad, tenían colectivas, centros de apoyo, organizaciones no gubernamentales, redes locales, y distintas articulaciones nacionales, según lo  explicó en entrevista María Teresa Blandón, fundadora del Movimiento Feminista de Nicaragua, coordinadora del programa feminista La Corriente y exguerrillera, integrante de la Revolución Popular Sandinista.

De acuerdo con María, desde los últimos 11 años las feministas en Nicaragua fueron de los pocos sectores sociales organizados que cada año salían a las calles a denunciar la violación a los derechos de las mujeres. Ahí también vivieron represión con antimotines, amenazas, y permanentes campañas de estigmatización. A pesar de eso, el movimiento feminista marchó en fechas emblemáticas y mantuvo en el debate público cómo Ortega violaba todos los derechos de las mujeres.

En esta crisis, las feministas reorientaron las prioridades y se colocaron en el centro mismo de la movilización ciudadana, en respaldo y articulación con otros movimientos sociales, como el campesino y el estudiantil; respaldaron todas las movilizaciones, ayudaron a las personas heridas, denunciaron los secuestros, apoyaron a las familias de los presos, prestan atención psicológica gratuita, difundieron a nivel internacional lo que pasaba, documentaron todo, y prestaron los servicios de salud que el gobierno negó a las víctimas en los hospitales públicos.

María, socióloga, describe lo que pasa en Nicaragua como una insurrección cívica popular no armada en la que distintos sectores de la sociedad se manifestaron públicamente, pero con enfoques distintos: las y los estudiantes protestando contra la intención de reformar contra la seguridad social, las y los campesinos contra el canal interoceánico; y los medios de comunicación independientes contra la censura.

Fue una insurrección en escalada. Particularmente la juventud universitaria, y luego los de los sectores del barrio popular, salieron a las calles, tomaron las universidades, y formaron barricadas, pero el gobierno reaccionó a estas acciones pacíficas con una represión brutal. “Esto ya no tuvo retroceso”. Quienes salieron a las calles a protestar por la reforma a la seguridad social, después tuvieron que defender la autonomía universitaria. Progresivamente, todos los grupos que protestaban fueron exigiendo el castigo para los grupos represivos armados y luego la salida de Ortega.

La antesala del estallido social fue la represión focalizada que el ejecutivo estaba infligiendo contra el movimiento campesino, el más beligerante y potente, que se oponía a la entrega a empresas extranjeras de bosques y otros bienes naturales; además, este gobierno también había negociado empleo precario para las trabajadoras de zonas francas (delimitaciones geográficas en las que operan empresas extranjeras); y otras contradicciones que no correspondían con el gobierno de izquierda, socialista y popular que Ortega presumía en su retórica.

Actualización

 

La noche de ayer 15 de octubre, fueron liberadas las 16 personas detenidas el domingo, en un breve mensaje de Facebook Ana Lucía Álvarez Vigil comentó lo siguiente:

«Quiero agradecer profundamente a todas las personas que desde ayer se han pronunciado por la liberación de todas las personas que fuimos secuestradas con lujo de violencia ayer en la mañana por la policía Orteguista. Estoy convencida que nuestra liberación fue posible en gran medida por todxs ustedes.