Continúa intimidación policial contra feministas en Mérida

Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Durante una manifestación el pasado 25 de noviembre (Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres), policías estatales en Mérida, Yucatán, detuvieron arbitrariamente y agredieron a un grupo de activistas feministas.

A más de una semana de los hechos, las manifestantes aún son intimidadas en mítines por la policía estatal y reciben agresiones por personas no identificadas en redes sociales, relataron en entrevista para La Crítica. 

La represión y tortura

De acuerdo con el testimonio de una de las detenidas (cuyo nombre nos reservamos por seguridad), el 25 de noviembre pasado un grupo de 11 activistas feministas se congregó en la Iglesia de Santa Ana, en Mérida, Yucatán, para encapucharse.

Cubrirse el rostro es una medida de seguridad que se usa con frecuencia dentro del movimiento feminista durante los actos políticos para evitar que los medios de comunicación difundan sus rostros y prevenir que quienes no están de acuerdo con este activismo las identifiquen y ataquen.

Las jóvenes decidieron hacerlo en esta marcha también porque —como acordaron en una asamblea previa— algunas de ellas denunciarían públicamente el abuso policial que se vive en esa entidad contra las jóvenes y la actuación de las autoridades para encubrir casos de pedofilia.

Previo a la detención, las jóvenes detectaron a mujeres policías vestidas de civiles que se infiltraron en los contingentes. 

Una vez reunidas en la iglesia para cambiarse, las feministas observaron cómo varios policías estatales (ahora sí uniformados) se acercaban hacia ellas. 

Las jóvenes sintieron miedo y corrieron hacia dentro de un establecimiento de impresiones. La policía (ahora conformado en un cuerpo más grande) llegó hasta ahí para detenerlas pero sin mostrar ningún documento ni explicar el delito por el que se las llevaban. Sólo dijeron a las manifestantes que tenían la orden de detenerlas. 

La que relató los hechos aseguró que no opuso resistencia y, a pesar de eso, los policías la insultaron y agredieron físicamente con jaloneos y empujones. 

Las jóvenes fueron llevadas en dos vehículos diferentes. A unas las metieron en una camioneta cerrada con policías mujeres, quienes tocaron sus senos, golpearon y ofendieron verbalmente. Las policías fueron cuidadosas de no dar golpes que pudieran dejar huella.

De acuerdo con los testimonios, las y los policías decían una y otra vez: ¡a ver si así les quedan ganas de volver a manifestarse!

La policía tardó más de dos horas en presentarlas ante algún Ministerio Público. Los vehículos estuvieron dando vueltas en las afueras de la ciudad. 

Después, las activistas fueron llevadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Base Periférico Causel, en Mérida. Ahí las reunieron a todas en un salón oscuro y frente a ellas se instaló una fila policial encapuchada.

Nadie se identificó y la oscuridad del salón impedía ver las placas con los nombres de los uniformados. 

De acuerdo con el testimonio, un policía al que llamaban comandante dio la orden de acusar a las jóvenes de vandalismo y pidió a las y los policías registrar sus pertenencias.

Cuando la policía encontró las pancartas con consignas de tipo anarquista y con acusaciones de abuso infantil, una mujer policía les dijo: “yo también fui violada de chiquita y me gustó”. 

El comandante también ordenó a las jóvenes desbloquear sus celulares para que los policías tomaran fotografías de sus conversaciones, números de contacto y toda la información que pudieran obtener. 

Una de las detenidas que presentaba un embarazo empezó a sangrar a consecuencia de los golpes, por lo que tuvo que ser llevada de inmediato al hospital. Con ella viajó una policía de nombre Claudia Ramos, quien la amenazó de golpearla en caso de que no tuviera un embarazo real. Al final de las pruebas, la joven resultó con riesgo de aborto. La policía se quedó hasta obtener un diagnóstico que la amparara en caso de que la activista perdiera el producto.

Las otras jóvenes fueron agredidas e intimidadas hasta que dos horas después las liberaron por un amparo que interpuso la organización Indignación. 

La intimidación 

Luego de que la detención se difundió por medios de comunicación nacionales, la SSP estatal informó que la detención de las jóvenes fue por portación de palos, objetos punzocortantes y latas de pintura en aerosol. También dijo que tras cumplir “breve arresto administrativo”, las mujeres fueron liberadas, “vigilándose en todo momento el cumplimiento a sus derechos humanos”.

Pero ninguna autoridad federal, estatal o municipal se ha pronunciado después por las acusaciones de agresión y abuso policial. Tampoco se ha informado el nombre del comandante a cargo de esta detención. 

Pero las jóvenes aseguran que en mítines posteriores al 25N (algunos con concentraciones muy pequeñas de mujeres) se ha incrementado la presencia de patrullas. 

Algunas de ellas, incluso, identificaron en un acto político a las y los mismos policías que las detuvieron. Estos a su vez las identificaron a ellas y las señalaron. 

Las activistas han notado también el aumento de patrullas cerca de sus domicilios, así como el incremento de insultos y agresiones en sus redes sociales. La mayoría de los mensajes negativos que reciben son de cuentas creadas el mismo 25 de noviembre. 

Las jóvenes aún analizan la posibilidad de presentar quejas y denuncias en contra de los uniformados; sin embargo, han recibido el apoyo de otros grupos y aseguran que se mantienen unidas y en comunicación constante para protegerse de posibles nuevas represiones. 

En México, diferentes organizaciones han documentado que la tortura, especialmente sexual, es una práctica sistemática de violencia contra las mujeres durante detenciones policiales.

De acuerdo con el informe Mujeres con la frente en Alto, durante los recientes cuatro años (2014-2018), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh Juárez tuvo conocimiento de más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales y sobrevivientes de diversas formas de tortura sexual.

Tras documentar exhaustivamente los casos de 29 de ellas, el Centro Prodh confirmó que la tortura sexual en México es generalizada y que dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que alimentan o permiten su comisión.

Por ejemplo, según este informe, en ningún caso las mujeres fueron informadas de las razones de su detención; en los 29 casos existió una falta de puesta a disposición inmediata de la autoridad competente; y en 13 casos las mujeres identificaron que la tortura ocurrió en instalaciones oficiales.