Caso Ema Gabriela y Ligia Canto: la corrupción como antesala de un feminicidio

Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Este 12 de septiembre de 2019, el empresario tabasqueño Martín Alberto Medina Sonda fue sentenciado a 50 años de cárcel por participar como autor intelectual en el feminicidio de su expareja Ema Gabriela Godoy.

Nueve años atrás, Ligia Canto Teresita Lugo, la madre de Gabriela, tomó el teléfono, tocó puertas y salió a la calle para advertir a cuantas personas pudo (familiares, litigantes, periodistas, activistas, etc) que Medina Sonda utilizaba su poder e influencias en la función pública para quitarle a Gabriela la custodia de sus hijas; también advirtió que toda la familia, pero principalmente su hija, estaba en riesgo. 

En consecuencia, Ligia -que hoy tiene 62 años- fue hostigada judicialmente, incluso fue llevada a una prisión de máxima seguridad; recibió amenazas y desprestigio público; gastó sus ahorros y pensión en litigios y denuncias que no derivaron en nada; y deterioró gravemente su salud. 

Pero nada de esto evitó que el 28 de marzo de 2017, Gabriela fuera asesinada afuera de su casa en Yucatán a manos de dos sicarios comandados, desde prisión, por Medina Sonda.

Cronología: cuando la justicia juega a favor de los agresores

La historia inició en 2010, cuando Ema Gabriela Molina Canto decidió separarse -tras 12 años de violencia- de Martín Alberto Medina Sonda, un poderoso empresario y asesor fiscal de funcionarios en el estado de Tabasco. 

Gabriela fue a vivir con su mamá, Ligia, a Yucatán, y decidió llevarse con ella a sus dos hijas y un hijo (que entonces tenían 10, seis y ocho años de edad, respectivamente).

Medina Sonda no estuvo nunca de acuerdo con que Ema Gabriela se quedara con las niñas y el niño, por lo que iniciaron un juicio de custodia ante el Juzgado Primero de lo Familiar de Mérida. 

El arreglo fue que él pasaba por las niñas y el niño los fines de semana, y luego las devolvía el domingo por la tarde, hasta que un día Ema fue notificada por el juzgado que sus hijas ya no regresarían con ella porque su ex esposo la acusó de maltrato infantil y violencia intrafamiliar.

Un año después, en 2011, el Juzgado determinó que –gracias a los testimonios de personas cercanas y pruebas periciales– Gabriela no había cometido ninguna de las acusaciones que interpuso Medina Sonda y que, por el contrario, él no podía quedar a cargo de su descendencia. La custodia siguió a favor de Gabriela.

El 25 de mayo de 2012, un coche le cerró el paso a Gabriela y bajaron de él varios hombres armados vestidos de civil. A ella la bajaron de la camioneta y la metieron a otro auto. Medina Sonda bajó de otro vehículo y tomó a las niñas.

Gabriela estuvo incomunicada durante dos días. La llevaron al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, acusada de “retención ilegal de bienes” por la camioneta que le dio Medina Sonda, pero que -sin avisar a Gabriela- dio como pago de una deuda que tenía una de sus empresas con otra que él mismo administraba.

Ligia denunció la desaparición de sus nietos el mismo día de los hechos ante la Procuraduría del Menor –tanto en Mérida como en Tabasco, pero tres días después el Juzgado Primero de lo Familiar de Tabasco le notificó que Martín Medina solicitó nuevamente la custodia de los niños con el argumento de que la madre estaba encarcelada y era una persona “de riesgo”.

Gabriela quedó en libertad cuatro meses después del arresto. Durante ese tiempo, las niñas permanecieron con la familia de Medina Sonda. En una de las audiencias de custodia, Gabriela solicitó al Juzgado ver a las niñas para corroborar su estado de salud, pero Medina Sonda presentó justificantes médicos y nunca las llevó.

En septiembre de 2012, Gabriela, que no dejó de buscar a sus hijas, recibió otra orden de aprehensión pero ahora por parte del juez Santiago Ávila Negrón (quien ordenó encarcelar a Yakiri Rubio por defenderse de una violación), del Juzgado 68 de lo Penal en la Ciudad de México. 

El juez Ávila Negrón acusó a Gabriela de “fraude equiparado”, un delito que supuestamente cometió mientras estaba en prisión en Tabasco; sin embargo, Ligia demostró las irregularidades en la acusación y se cerró el caso.

El 4 de agosto de 2014, mientras esperaban una entrevista en las instalaciones del diario La Voz de Mérida, a Ligia la avisaron de que afuera la esperaban cuatro policías federales para detenerla por presuntamente clonar tarjetas de crédito de tres bancos distintos.

Ligia fue llevada al Penal de Puente Grande en Jalisco, pero 13 días después fue puesta en libertad por falta de elementos para procesarla. Al salir de prisión, Ligia advirtió públicamente que se sentía intranquila por la integridad de su familia, en especial la de su hija Gabriela.

El hostigamiento, el desprestigio y las amenazas contra Ligia y Gabriela continuaron hasta que en octubre de 2014 Medina Sonda fue llevado al Centro de Re inserción Social del Estado (Creset) acusado de lavado de dinero y sustracción de menores. Martín Alberto Medina Sonda era socio de José Manuel Saiz Pineda, tesorero del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, acusados de peculado.

Sólo así, Ligia se reencontró con sus nietos y consiguió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenara al Estado proveer a Gabriela y a su familia de medidas de seguridad que nunca llegaron. 

En los siguientes años, ambas mujeres insistieron en actos públicos, por ejemplo de Enrique Peña Nieto, que se les asignaran medidas de seguridad. También acusaron públicamente a la familia de Medina Sonda por seguirlas y amenazarlas. El gobierno federal hizo caso omiso a estas demandas hasta que asesinaron a Gabriela.

Aunque cerca de la justicia, lejos de la reparación

Si bien haber dado la sentencia Máxima a Medina Sonda se acerca a la justicia, en realidad ya nada podría reparar el daño que los juzgados, las autoridades judiciales y el agresor hizo a Ligia y su familia durante estos años.

“Reparar sería regresar las cosas en el estado en donde estábamos y eso es imposible en primer lugar. Nada va a suplir la presencia que no tenemos. Nada. Nada. Si le preguntas a tres que están cerca de mí (hijas de Gabriela) te van a decir lo mismo que te estoy diciendo”, dijo Ligia en entrevista para La Crítica al respecto de esta nueva sentencia. 

En estos años, Ligia, que ahora es pensionada, se convirtió en una experta en litigio y, por los aportes que hizo sobre los negocios de Medina Sonda, hasta en temas de corrupción, conocimientos que ahora usa para apoyar a otras víctimas de violencia machistas. 

“En nuestra reconstrucción (la que hacen las víctimas a sí mismas) también está eso, incluye eso porque la reconstrucción es unir pedazos, y parte de los pedazos es pensar qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí. Entonces para no seguir metida en el hubiera hay que buscar un escape junto con otras personas que se acercan a pedir ayuda. Es una forma de sanarte porque al fin y al cabo lo que yo me he venido repitiendo es ‘no lo sabía’, no tenemos una bola de cristal, y la otra es ‘hiciste todo lo que podías hacer'».

Tras estos años, Ligia critica que las autoridades no puedan hacer nada por ayudar a las víctimas porque están rebazadas en casos, así que todo el recurso lo terminan poniendo las familias. 

También pide que para cualquier política que se haga para víctimas no se pida sólo la opinión de representantes de las organizaciones civiles, sino que las autoridades las escuchen directamente a ellas porque tienen mucho conocimiento aprendido tras lo que han pasado.

Ligia también lamenta que las y los niños huérfanos por feminicidio estén tan olvidados por el gobierno, que nadie asesore a las familias sobre lo que sigue en términos de guarda y custodia; además, asegura que los procesos jurídicos y de defensa son costosos, largos y desgastantes. 

Por ejemplo, en su caso, uno de los peritajes que se requirió para acusar a Medina Sonda costó 150 mil pesos que tuvo que poner ella de su pensión. A esto hay que sumar los gastos de manutención de los niños, los pasajes de idas y vueltas a los juzgados, y la atención psicológica, etc. 

Y es que para Ligia este camino aún no ha terminado. Ahora que se dio una nueva sentencia al agresor de su hija, Ligia teme represalias. “¿A qué le llamaría yo reparación? A que los niños tenga un futuro con bienestar, sin carencias, con toda la protección familiar, pero sobre todo con una seguridad”. 

Luego del asesinato de Gabriela, Ligia fue advertida por celular: “la que sigue eres tú”. Ligia teme ahora más que nunca por su vida. “Recordemos que allá desde la cárcel hizo todo y esta sentencia para todos incluyendo a mis nietos significa mientras más años, más riesgo. Te das cuenta porque ya no tiene nada que perder y nosotros sí.«

Ligia sigue peleando en los juzgados la custodia de las niñas y el niño, a quienes alimenta, viste y apoya en su preparación escolar. Uno de sus nietos recién fue elegido para representar a su estado en las Olimpiadas del Conocimiento.