Ciudad de México, 18 mar 19.- Ana tiene 15 años y un embarazo de casi cinco meses. Hasta hace dos años, ella quería seguir estudiando y ser enfermera, pero en julio del 2017 su vida cambió. Sobrevivió a un intento de feminicidio y a una violación sexual en Yecapixtla, Morelos. Al denunciar a su agresor fue revictimizada por el médico perito del ministerio Público de Cuautla, quien fue negligente, no le creyó y le negó los medicamentos retrovirales a los que tenía derecho.
Según el informe Violencia Sexual y Embarazo Infantil en México, presentado en junio de 2018, la mayoría de las adolescentes que como Ana tienen un embarazo antes de los 20 años, no tienen posibilidad de seguir estudiando, trabajando o de ser derechohabientes del Seguro Social. Además de que tiene un 50 % más probabilidades de no sobrevivir al parto.
Enfrentar en un juicio al hombre que la agredió sexualmente e intentó asesinarla no ha sido lo único difícil para Ana en los últimos años. En 2017, el compañero de la Telesecundaria con quien tenía un noviazgo también la revictimizó y la culpó por haber sido agredida, lo que la aisló socialmente. Luego, conoció a un hombre cuatro años mayor que ella -responsable de su embarazo-, ella se niega a denunciarlo y su familia ha decidido respetar su decisión.
“El embarazo a temprana edad es el reflejo del menoscabo de las facultades, la marginación y presiones de compañeros, pares, familias y comunidades. Además, en muchos casos, es el resultado de la violencia y coacción sexual y de prácticas nocivas, como las uniones o el matrimonio infantil. La evidencia muestra que 9 de cada 10 embarazos en adolescentes ocurren entre mujeres casadas o unidas”, sostiene el informe presentado en 2018 sobre este problema.
“En el 34.3 % de los casos, en que las mujeres tienen un embarazo, entre 14 y 19 años, el padre tiene más de 19 años, también” se advierte.
A pesar que desde el 2017, las autoridades de Cuautla se pronunciaron públicamente para garantizar la atención de la víctima, en este caso, Ana no recibió atención psicológica ni académica. A mediados de 2018, se inscribió a una escuela para cursar estudios de belleza, sin embargo abandonó a los pocos meses, tras enterarse de su embarazo.
Ana y su familia no son las únicas que han decidido no denunciar ni considerar su embarazo como un abuso, a pesar de la diferencia de edad con el padre. El informe sobre embarazo de niñas y adolescentes en México identifica como una de las primeras causas de este problema “la coerción sexual, un ejercicio de dominio y control que no requiere el uso de violencia física”.
Las actas del registro civil entre 2010 y 2015 muestran que el 70 % de las niñas y adolescentes entre 10 y 14 años que tuvieron un hijo nacido vivo, también registraron a padres que tenían edades entre 19 y 78 años, señala el informe de embarazo infantil y adolescente.
93 % que participaron en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 dijeron no haber consentido su primera «relación sexual» cuando ocurrió entre los 5 y 9 años. Sin embargo, a decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre quienes iniciaron su vida sexual entre los 10 y 14 años, apenas un 6.7 % dijo no haberlo consentido. Y entre quienes iniciaron su vida sexual entre los 15 y 19 años, apenas un 1.2 % dijo no haberlo consentido.
La cifra de madres adolescentes sigue en incremento pese a que en 2016 la violación equiparada se integró a la Norma Oficial Mexicana 046. Dicha norma garantiza que las mujeres víctimas puedan acceder a aborto seguro en todo el país bajo protesta de decir la verdad y sin necesidad de presentar una denuncia penal.
En México la edad para permitir el consentimiento sexual varía en cada estado y se comprende entre los 12 y 15 años. En Morelos, donde vive Ana, es de 12 años, 11 estados comparten la misma regulación. También existen entidades como Chiapas, Ciudad de México, Tabasco y Veracruz donde no se establece un límite de edad para el consentimiento sexual. En Jalisco, incluso, ni siquiera castigan la pederastia.
El hombre que intentó asesinar a Ana en 2017 fue condenado a 20 años de prisión, sin embargo, ha impugnado su condena con la intención de reducirla, alegando que no existen suficientes pruebas para comprobar que él fue el responsable a pesar de haber sido reconocido plenamente por la víctima. La defensa del agresor apela a que no existe suficiente evidencia para comprobar la agresión sexual.
El informe sobre embarazo de niñas y adolescentes también advirtió que 7 de cada 10 denuncias presentadas en México son por abuso sexual o violación y cuatro de cada 10 víctimas son menores de 15 años. 90 % de las denuncias no pasa de la averiguación previa.
Que al agresor de Ana se le dicte una sentencia le ha costado varios meses de desgaste físico y emocional a ella y su familia. Fue en este periodo de tiempo que Ana inició una relación con un hombre mayor que ella.
“No se trata de adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes, sino de niñas siendo obligadas por adultos a tener relaciones sexuales mediante el uso de la fuerza (física o moral) o el chantaje, manipulación y amenazas en un marco de normalización cultural de la violencia contra las mujeres y de muy poca efectividad en materia de procuración de justicia” se advierte en el informe.
Aunque Ana no piensa interrumpir su embarazo, confiesa que uno de los obstáculos es que tiene miedo a volver a ser víctima de violencia obstétrica, como la que sufrió con el perito que atendió su denuncia en 2017.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa para la despenalización del aborto a nivel nacional, pero desde noviembre de 2018, la política del país se mueve en sentido contrario. En entidades como Nuevo León, hace unos días se aprobó una ley que protege “la vida desde la concepción” . Y el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la despenalización del aborto no era una prioridad en la agenda ejecutiva, pues planean “serenar al país”.
Cada año, 11 mil 808 adolescentes entre 10 y 14 años en México son madres y una gran parte de ellas son obligadas mediante abuso o coerción sexual que ni siquiera son denunciadas o percibidas como violaciones ¿Para el ejecutivo nacional esto no es parte de la violencia que urge “serenar”?