Entrevista
Alcanzar la justicia en el Edomex feminicida: entrevista con la abogada feminista Gabriela Amores
Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (una por feminicidio, declarada en 2015, y otra por desaparición de mujeres y niñas, declarada en 2019); una sentencia en 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio, y una sentencia de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tortura sexual contra 11 mujeres, el gobierno del Estado de México está obligado a desplegar acciones urgentes para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.
Pese a ello, esta entidad acumula cada año el mayor número de víctimas del delito de feminicidio (145 en 2021) y de desaparición de mujeres y niñas (4 mil 701 hasta este 23 de febrero) de todo el país. La entidad mexiquense aún es sede de los casos más emblemáticos de impunidad a favor de feminicidas y violentadores de mujeres.
El juicio de Diana Velázquez, un castigo ejemplar contra feminicidas
En julio de 2017, dos hombres atacaron sexualmente y asesinaron a Diana Velázquez Florencio, una joven de 20 años de edad quien habitaba el municipio de Chimalhuacán. Aunque horas después de los hechos la madre de la joven, Lidia Florencio, alertó a las autoridades mexiquenses que algo había pasado con su hija, fue hasta cuatro años después que la Fiscalía General de Justicia del Edomex unió las evidencias del caso y aprehendió a uno de los responsables. Con estas pruebas, en enero de 2022, el Poder Judicial de la entidad emitió una sentencia en la que se castigó a uno de los dos implicados en su asesinato, Jesús Alejandro Mora, con 93 años y 2 meses de prisión, además de una reparación económica del daño.
En entrevista con La Crítica, la abogada feminista Gabriela Amores, quien defendió legalmente a Lidia durante el juicio, explicó que en este caso fue clave evidenciar que el asesinato de Diana fue consecuencia de la violencia extrema que viven las mujeres en México, muy específicamente en el municipio de Chimalhuacán.
Para la abogada, otra clave que ayudó a alcanzar la sentencia máxima fue demostrar que Diana luchó por su vida en medio de un contexto de asimetría de poder por parte de dos sujetos que la privaron de la vida, la sometieron y la violentaron. Para este caso también ayudó dimensionar que dejar en libertad al agresor de Diana ponía en riesgo a otras mujeres, especialmente a su expareja, quien lo denunció por violencia familiar.
De acuerdo con Amores, otro punto vital fue el hecho de que el juez, Martín Alvarado Arriaga, exigiera a la defensa legal de ambas partes que actuaran con diligencia y demostraran los hechos. Asimismo, fue ejemplar el acompañamiento de las colectivas feministas que protestaron afuera de los juzgados en cada audiencia, así como la inalcanzable exigencia de justicia por parte de Lidia, quien durante estos cuatro años encabezó innumerables marchas, mítines y plantones, incluyendo afuera de Palacio Nacional.
“Todos los gritos de justicia que realizó Lidia en estos cuatro años, pues valieron la pena, porque es una sentencia digna (…) aunque al juez no le gustaban las protestas afuera, estamos aquí porque Diana nos necesitó, Lidia nos necesitó, y la realidad es que necesitamos sentencias justas”, detalló la abogada.
No obstante, la investigación por medio de la cual se llegó a esta sentencia estuvo llena de irregularidades. Luego de que Diana desapareciera, su familia dio parte a las autoridades, quienes aseguraron localizarla, no obstante, la hermana de Diana la halló cinco días después en un Servicio Médico Forense (Semefo) de Nezahualcóyotl, un municipio contiguo, al que ya habían ido a buscarla. Las autoridades mexiquenses habrían encontrado a Diana el mismo día que desapareció, pero la autoridad municipal no informó oportunamente a su familia porque registró el cadáver como masculino.
Una vez identificado el cuerpo de Diana, la autoridad del Edomex tardó muchos meses para entregar a Lidia, la madre de Diana, una valoración de ADN para confirmar la violencia sexual a la que fue sometida su hija, también le impuso obstáculos por trámites burocráticos para hacer una exhumación oportuna del cuerpo para obtener más pruebas, y se perdió la ropa que llevaba la joven el día de su asesinato. Por estas omisiones, la madre de Diana batalló años para conseguir que su caso fuera investigado por la Fiscalía Especializada de Feminicidio.
Durante tres años no se integró ninguna línea de investigación al expediente de Diana; sin embargo, Lidia y su familia impulsaron sus propias investigaciones y dieron a conocer el caso en medios de comunicación a través de marchas, mítines y plantones. Por esta exigencia de justicia, en 2019 se consiguió que el gobierno de la entidad ofreciera una recompensa de 300 mil pesos a quien aportara información que permita dar con el paradero del feminicida de Diana.
Cansada de que su caso no avanzara en la Fiscalía Especializada del Edomex, el 6 de julio de 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, Lidia Florencio y otras víctimas de feminicidio iniciaron un plantón afuera de Palacio Nacional para exigir que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las recibiera.
Luego de 22 días consecutivos de sostener el plantón, Lidia fue recibida, pero no por el presidente, quien en sus tres años de gobierno nunca ha recibido a una familia víctima de feminicidio, sino por la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Después de la reunión con Sánchez Cordero, la historia dio un vuelco. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se puso en contacto con Lidia y le aseguró que la investigación sobre el feminicidio de su hija estaba en curso. Luego de un par de reuniones a puerta cerrada y en la que se daba a Lidia información limitada sobre el caso, el 7 de agosto de 2020 la Fiscalía informó a medios de comunicación que el presunto asesino de Diana Velázquez ya había sido aprehendido, que respondía al nombre de Jesús Alejandro N y que había sido detenido gracias a “investigación de campo y de gabinete”, y testimonios recabados por la Policía de Investigación.
Lidia dudó entonces de esa información, ya que hasta el 30 de abril de 2020, última vez que acudió al Ministerio Público de Chimalhuacán a revisar la carpeta de investigación, no había ninguna línea de investigación en el caso, además de que la FGJ Edomex informó sobre esta detención a los medios de comunicación antes que a la madre de Diana.
Autoridades mexiquenses ignoran protocolos para investigar con perspectiva de género
A decir de Amores –que actualmente acompaña otro caso de feminicidio ocurrido en Tecámac, pero el cual está siendo investigado como suicidio– estas fallas son comunes en el Estado de México. En concreto, lo que ha impedido que las familias de víctimas de feminicidio accedan a la justicia es que desde que se inicia la carpeta de investigación falta de conocimiento por parte de los ministeriales del protocolo de investigación del feminicidio, así como periciales y capacitación.
El problema es tan grave que, a decir de Amores, las autoridades no hacen el raspado de uñas correspondiente, no hacen necropsias adecuadamente, piensan que investigar con perspectiva de género es reconocer la igualdad entre mujeres y hombres. Aunque la antropología forense es clave al inicio de la investigación, las autoridades no la aplican correctamente y los Ministerios Públicos no lo subsanan.
De acuerdo con la abogada, persiste una carga de trabajo al interior de la Fiscalía, quien gasta en otros fines en lugar de destinar dinero para ampliar las investigaciones. A esto se suma, a decir de Amores, que quienes dirigen los Ministerios Públicos no están especializados ni profesionalizados para investigar estos casos, lo que, en conclusión, deja en indefensión a las víctimas.
Si bien en este caso se consiguió una pena máxima para uno de los involucrados, el otro de los feminicidas de Diana (que sería además quien la agredió sexualmente) aún continúa prófugo. La sentencia contra Jesús Alejandro aún puede ser impugnada por su defensa legal.
Gabriela Amores es impulsora de “Perspectiva Jurídica Feminista”, que propugna el desarrollo de estrategias feministas para alcanzar la justicia a través de usar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y otras internacionales en materia de derechos de las mujeres.
Otra estrategia de Amores ha sido la de dar talleres de lo que ella llama autodefensa legal feminista y de perspectiva legal feminista, estos son proyectos que tienen por objetivo enseñar a mujeres que no son litigantes cómo presentar una denuncia ante el MP; reconocer los delitos (las violencias) contra las mujeres; revisar los artículos en los que están tipificados estos delitos en el Código Penal de cada Estado; cómo describir los hechos vividos para que tras la denuncia se pueda abrir una carpeta de investigación; y qué pruebas necesitamos para denunciar dichos delitos.
Otra estrategia ha sido dar clases de Derecho en universidades del Estado de México, una entidad en la que -reconoció- la violencia institucional contra las mujeres se construye desde las aulas, donde profesionalmente se enseña a las y los abogados a culpabilizar a las víctimas.
El caso de Diana Velázquez ha sido emblemático para demostrar que la sentencia de la SCJN y las AVGM no han sido suficientes para que las autoridades del Estado de México atiendan con diligencia a las mujeres y eviten que ocurran nuevos casos de feminicidio.
Muchas felicidades abogada , que orgullo y satisfacción ser su alumna, se que voy por el camino correcto. Gracias a su gran esfuerzo y sus buenas convicciones, el profesionalismo y responsabilidad con la que lucha por la justicia. Dios le siga dando la sabiduría y salud para seguir adelante, compartiendo sus valiosos conocimientos, y algún día poder ser parte de esta gran historia.