[Opinión] Cuando desde niñas somos ciudadanas de segunda clase

Por Tatiana Duque

Medicina Legal registró más de 16.000 denuncias por abusos sexuales de menores de edad en todo el país en 2016, cifra que superó los 4.000 casos hasta abril de este año en Colombia. El 90% de las víctimas de abusos sexuales son niñas. Existe una apropiación sistemática de los varones sobre los cuerpos de las mujeres en todas las etapas de su vida y una estructura que los respalda.

El doloroso caso de Sarita Salazar, la niña de 3 años abusada y asesinada en Tolima (Colombia), es un claro ejemplo. Los niños y niñas de bajos recursos nunca han sido de interés social ni estatal. El sistema hegemónico se sostiene en estructuras de opresión que se dan en simultaneo: patriarcado, racismo y clasismo.

La muerte de Sarita Salazar pudo, tal vez, haberse evitado si las instituciones estatales y quienes tuvieron contacto ella en vida la hubieran protegido y cuidado. Hay dos antecedentes que marcan un hito en la cadena de abusos que vivió:

1. Ruth Salazar, madre de Sarita, acudió a la Comisaria del Familia de su pueblo para solicitar que le fuera entregada a sus padrinos (hoy presos como sospechosos) en condición de garantes, porque ella no podía seguir haciéndose cargo. Sarita se encontraba en estado de abandono y desnutrición. La entidad no hizo ningún seguimiento posterior ni se interesó por el estado de salud y psicológico de la niña.

2. Once meses antes al femicidio de Sarita, fue llevada al hospital del Líbano debido a una infección por la picadura de un animal. Además, le diagnosticaron anemia severa, desnutrición y signos de maltrato. Sin embargo, no se dejó ningún antecedente ante la Comisaria de Familia que depende de la Alcaldía del Líbano. El cuerpo médico no siguió el protocolo. Ni siquiera el hecho de que se tratara de una niña de 2 años importó.

Las mujeres de bajos recursos no reciben ningún tipo de atención estatal: para ellas no hay educación sexual, atención ginecológica ni planificación anticonceptiva. No hay oportunidades laborales que incentiven su independencia económica. Son, en muchos casos, madres de niños y niñas no deseados.

Hay un interés mediático en los niños, niñas y adolescentes cuando su muerte hace parte de la agenda, interés que desaparece con la espectacularidad de otra nueva noticia. El femicidio de Yuliana y ahora el de Sarita, no son casos aislados ni fenónemos sociales extraordinarios. Según un informe publicado por la ONG internacional Save the Children (publicado en noviembre del 2016) cada hora, dos niñas/os llegan a Medicina Legal por haber sido presuntamente víctimas de abuso sexual. Además, cada día tres menores de edad son abandonados/as y dos, asesinados/as.

Es lamentable tener que volver a las estadísticas cada vez que se conoce el abuso, maltrato y asesinato de una niña o niño sin que el Estado y la sociedad haya movilizado sus esfuerzos ni un ápice por cambiar la situación de “nuestrxs” niñxs. La indiferencia, el racismo, la opresión y el machismo, seguirán marcando la vida de seres humanos a los que les debemos todo el cuidado y protección hasta tanto no haya un cambio de raíz de un estado capitalista que trafica con vidas y una sociedad en la que las niñas y mujeres somos ciudadanos de segunda clase.